El Gobierno argentino difundió este miércoles un mensaje oficial en el que sostiene que el fallecido fiscal Alberto Nisman buscaba «generar un efecto político desestabilizador» con la denuncia por encubrimiento a terroristas que, cuatro días antes de morir, presentó contra la presidenta, Cristina Fernández.

«Desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivos perseguía el fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico. Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar generar un efecto político desestabilizador?», cuestiona el Ejecutivo, en un texto difundido en los principales diarios locales.

El Gobierno reafirmó así su compromiso con el esclarecimiento del atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994, apoyándose en las razones apuntadas por el juez Daniel Rafecas para desestimar la denuncia de Nisman en un dictamen emitido el pasado 26 de febrero.

Nisman, fiscal especial de la causa AMIA, murió el pasado 18 de enero, de un disparo en la sien en circunstancias aún no aclaradas, cuatro días después de haber denunciado a Fernández y a varios colaboradores por presuntamente haber negociado con Irán el encubrimiento de sospechosos a cambio de intensificar relaciones comerciales.

En su demanda, señala el memorándum de entendimiento acordado con Irán para investigar el atentado (aunque la República Islámica nunca llegó a ratificarlo) y aprobado por el Congreso argentino en 2013, como instrumento para garantizar la exculpación de los terroristas.

El Ejecutivo se hace eco de que, analizadas las evidencias presentadas por Nisman, el juez Rafecas no encontró elementos que sostengan las acusaciones y hace hincapié en que los investigadores encontraron dos documentos redactados por el fiscal semanas antes de morir, en los que «resaltaba los esfuerzos de la presidenta para llevar a los acusados a juicio», según reza el texto.

«Por qué el fiscal trabajaba en paralelo con dos objetivos opuestos?», se pregunta el mensaje, que lleva la firma «Gobierno de la República Argentina».

«En este contexto, solo es posible ratificar el camino trazado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional a través del memorándum de entendimiento, una herramienta que permitiría interrogar a los ciudadanos iraníes acusados, y a parir de allí, llevar el caso hacia un juicio oral y público», continúa.

La vigencia del memorándum en Argentina está en suspenso hasta que la Justicia deje en firme el fallo que declaraba constitucional el tratado. (I)