Dos comisiones del Senado argentino comenzaron el martes a debatir la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI), proyecto de la presidenta Cristina Kirchner en reacción a las oscuras maniobras vinculadas con la muerte del fiscal que investigaba el atentado contra la mutual judía en 1994.
La iniciativa crea una nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sin el poder que tenía la SI en las escuchas telefónicas ni tampoco su influencia sobre los casos de perfiles políticos que se ventilan en los tribunales.
El secretario del SI, Oscar Parrilli, nombrado en diciembre pasado cuando Kirchner desplazó a la cúpula del organismo, defendió el proyecto y lamentó que la oposición se hubiera retirado del recinto para manifestar su desacuerdo.
Los principales bloques de oposición consideran que Kirchner intenta en este momento desviar el eje de la discusión sobre la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, el pasado 18 de enero, cuatro días después de denunciar a la presidenta de encubrimiento de sospechosos iraníes en la causa por el atentado contra el centro judío AMIA.
La AFI se enfocará en «delitos federales complejos como terrorismo, narcotráfico, trata de personas» pero insistió en que no hará tareas de inteligencia interior «salvo que esté en riesgo la seguridad del país».
Los senadores de la oposición anticiparon que no estarán presentes en el Senado -controlado por el oficialismo- cuando se debata el proyecto.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ONG dedicada a la defensa de derechos humanos, apoyó la reforma por quitarle poder a los espías, pero advirtió que «no se reformula la relación promiscua que existe con la justicia federal».
El CELS dijo que crear la AFI es quedarse «a mitad de camino en la incorporación de controles políticos, parlamentarios y judiciales a las tareas de inteligencia».
La razón de por qué ahora el kirchnerismo lanza la reforma tras 12 años en el poder es que sospecha una venganza de exfuncionarios de la SI echados el 17 de diciembre pasado.
Según el gobierno, agentes despedidos «armaron» una denuncia contra Kirchner por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el ataque a la mutual judeo-argentina AMIA en Buenos Aires, con saldo de 85 muertos y 300 heridos, fue llevada a Nisman por agentes de la SI, algunos de ellos caídos en la purga de fin de año.
El cadáver de Nisman fue hallado en su apartamento con un disparo en la cabeza el 18 de enero, en una causa caratulada «muerte dudosa».
Bajo el respaldo del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), el fiscal acusó en 2004 a exgobernantes iraníes, en un caso aún sin esclarecer.
Detención
Argentina logró que Interpol aprobara el pedido de captura de nueve acusados, entre ellos el expresidente iraní Ali Rafsanjani y la denuncia recibió el apoyo de Estados Unidos e Israel.
Agentes argentinos de inteligencia, con la colaboración de servicios secretos de Estados Unidos e Israel, proveyeron a Nisman de datos para acusar a los iraníes.
Pero en 2011, la presidenta y esposa del fallecido expresidente firmó un acuerdo con Irán para llevar al banquillo de los acusados a los exgobernantes.
El convenio fue rechazado por dirigentes de la colectividad judeo-argentina por considerar que Teherán no la cumpliría e incluso Nisman se opuso terminantemente.
La oposición venía reclamando en forma unánime una reforma en los desacreditados servicios de inteligencia, pero ahora se opone.
El senador opositor socialdemócrata Luis Juez dijo en rueda de prensa que «todos los gobiernos los utilizaron (a los agentes) para negocios inconfesables».
Una marcha de sectores de izquierda fue convocada para el miércoles para reclamar una comisión independiente que investigue todos los casos.
El gobierno confía en que la creación de la AFI sea aprobada en menos de un mes, con la mayoría que dispone en ambas cámaras. (I)
El director ejecutivo de producción occidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), José Luis Parada, fue detenido este lunes y será presentado ante un tribunal por presuntamente incurrir en irregularidades administrativas, informó la Fiscalía venezolana.
«El hombre fue aprehendido este lunes por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en la base aérea del estado Zulia, en atención a una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público», señaló la Fiscalía a través de un comunicado.
Parada será presentado en las próximas horas ante un tribunal de control del occidental estado Zulia «por presuntamente incurrir en irregularidades administrativas en la contratación de empresas para los despachos de combustible».
La gasolina venezolana, la más barata del mundo, es uno de los productos que más se comercializa en el mercado ilegal que funciona en la frontera, sobre todo con Colombia y, de acuerdo con datos ofrecidos por el Gobierno venezolano a fines del año pasado, unos 100.000 barriles de combustible salen del país diariamente de contrabando.
Mientras en Colombia un galón (3,8 litros) de combustible cuesta 4,3 dólares, en Venezuela vale 0,07 dólares.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el 22 de enero pasado que llegó el momento de ajustar el precio de la gasolina a los venezolanos y que su Gobierno presentará una propuesta para el aumentar el importe del combustible ante el Parlamento. (I)
El presidente venezolano señaló que pretendían “conspirar” en la compra y venta de alimentos básicos.
La muerte del fiscal Nisman ha puesto los focos sobre los opacos servicios de inteligencia, cuya reforma se debate el martes.
Fueron retirados del servicio policial de manera preventiva y serán investigados por posible negligencia.
La fiscalía infomró que el cuerpo de Alberto Nisman no será sometido a una segunda autopsia y se entregará a sus familiares.
Tras la reciente muerte del monarca Abdalá, EEUU busca estrechar lazos con su aliado en medio oriente.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, dio este jueves un vuelco al caso del fiscal Alberto Nisman al afirmar que «no fue suicidio» sino parte de una «operación contra el Gobierno» que incluía utilizar al fiscal para denunciar a la mandataria antes de su muerte.
Nisman acusó a la mandataria de encubrir a los autores de un atentado antisemita de hace dos décadas.
A través de sus cuentas en las redes sociales, la mandataria indicó que las acusaciones no tienen sustento y que el fiscal habría sido usado para golpear al Gobierno.
Alberto Nisman, que estaba a cargo de la fiscalía que investiga el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA, fue hallado el domingo en su departamento con un disparo en la sien.
La muerte conmocionó a los argentinos y aún no ha sido aclarada, pero los investigadores creen que pudo haber sido un suicidio.
«Los espías que no eran espías. Los interrogantes que se convierten en certeza. El suicidio (que estoy convencida) no fue suicidio», dijo Fernández en un texto publicado en su página de Facebook. «La acusación de Nisman no sólo se derrumba, sino que constituye un verdadero escándalo político y jurídico».
Algunos funcionarios sugirieron que podría tratarse de un suicidio instigado.
La investigación reveló que Nisman murió por un disparo de una pistola que le habría prestado un colaborador de su fiscalía, Diego Lagomarsino. Pero en los primeros peritajes no se halló pólvora en la mano de Nisman, por lo que hasta ahora no se pudo confirmar la hipótesis del suicidio.
Nisman debía presentar el lunes ante diputados los detalles de su denuncia y supuestas pruebas contra la presidenta y el canciller argentino, Héctor Timerman.
El fiscal, de 51 años, acusaba al Gobierno de haber acordado con Irán el encubrimiento de ciudadanos de ese país acusados por el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos en Buenos Aires.
«Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible», dijo Fernández en el texto, publicado también en su sitio web.
La presidenta instó a investigar «lo más rápidamente posible» la actuación de la decena de agentes de policía que estaban asignados como custodia personal de Nisman.
Por ahora, la fiscal a cargo del caso, Viviana Fein, ha dicho que no descarta ninguna hipótesis. Aún continúan los peritajes para esclarecer los pormenores de la muerte.
Acusan a agente de Inteligencia
El Gobierno cree que la denuncia de Nisman fue impulsada por agentes desplazados de servicios de inteligencia, que también podrían haber estado implicados en su muerte.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández dijo el miércoles que el ex agente Antonio Stiusso, despedido en una reciente reestructuración de la agencia de inteligencia y que trataba cotidianamente con Nisman, le dio información falsa al fiscal para que elaborara su acusación contra el Gobierno.
«Stiusso fue el que le vendió (a Nisman), entre comillas, esta relación que no existió nunca», dijo el funcionario, negando que dos supuestos agentes involucrados en la denuncia tuvieran relación con la Secretaría de Inteligencia, como afirmó el fiscal para sostener el argumento que lleva a la presidenta.
La denuncia de Nisman fue publicada el martes por la justicia argentina a través del Centro de Información Judicial.
El caso sacudió a la sociedad argentina, que mayormente no cree que se haya tratado de un simple suicidio, y también a toda la dirigencia política, que se ha lanzado acusaciones cruzadas de cara a las elecciones presidenciales de octubre.
Siete de cada 10 argentinos cree que Nisman fue asesinado, de acuerdo con un sondeo de la consultora Ipsos.
«Me dijo que temía que lo mataran», dijo a un canal de televisión Marta Nercellas, abogada que representó a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) durante el único juicio que hubo por el atentado a la AMIA.
«Yo no puedo creer que él se haya suicidado», acotó. (I)
La presidenta de Argentina opina que la muerte del fiscal, que la acusó de encubrir terroristas, es una operación desestabilizadora contra su gobierno.
El Gobierno argentino calificó este miércoles de «endeble» la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, por negociar un supuesto «plan criminal de impunidad» para los presuntos autores del atentado contra la mutual judía AMIA.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, consideró que el fiscal fue engañado al creer en los datos que le suministraron para formular la denuncia contra la presidenta y algunos de sus colaboradores, entre ellos el canciller, Héctor Timerman.
«No hay absolutamente nada, es algo totalmente endeble, sin concepto», dijo el funcionario a la prensa tras la publicación de las 300 páginas de la denuncia presentada hace una semana por Nisman, quien fue hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires el domingo por la noche.
Fernández sostuvo que el fiscal creyó en una «doble SIDE (Secretaría de Inteligencia)», al reiterar que los espías citados en su presentación judicial no trabajan para el Gobierno.
Al ser consultado por un periodista si creía que Nisman actuó con ingenuidad, el funcionario respondió: «Usted lo dijo mejor que yo».
El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, coincidió con el secretario general de la Presidencia y subrayó que «son falsos» muchos de los datos que figuran en la denuncia de Nisman.
Ambos funcionarios pidieron prudencia «hasta que estén todas las pericias» antes de calificar la muerte del fiscal.
Nisman estaba a cargo de la investigación del mayor atentado contra intereses judíos ocurrido en Argentina, el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que causó 85 muertos en 1994.
La semana pasada, el fiscal denunció a Fernández y otros dirigentes oficialistas por considerar que el memorándum de entendimiento con Irán, aprobado en 2013 para investigar el atentado, incluía el supuesto encubrimiento de algunos de los acusados a cambio de relaciones comerciales e intercambio de petróleo por granos en el marco de la crisis energética argentina. (I)
Argentina seguía este miércoles llena de dudas. En medio de la tensión, investigadores descubrieron un tercer punto de acceso al piso del fiscal argentino.
Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, que acusó el miércoles pasado a la presidenta argentina de encubrir a Irán en la causa por el atentado antisemita de 1994, Cristina Fernández, jueces y ciudadanía reclaman aclarar un fallecimiento investigado como suicido o «instigación al suicidio».
El lunes, mientras el país digería la sorpresiva muerte del fiscal, por un disparo en la sien derecha con un arma prestada -según la investigación- y horas antes de explicar al Congreso su grave denuncia contra Kirchner y su canciller Héctor Timerman, la Presidenta guardó silencio que rompió en la noche con una carta.
Antes, la Presidencia anunció la desclasificación de información de Inteligencia relacionada con la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA de 1994, solicitada la semana pasada por Nisman.
Grupos de oposición convocaron a miles de personas en varias ciudades del país, especialmente en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, que con el lema «Yo soy Nisman», pidieron justicia y «fin a la impunidad K» (K, en referencia al gobierno Kirchner).
Cacerolazos y bocinazos de autos se escucharon en otros barrios de la capital, casi a la misma hora en que Kirchner divulgó una larga carta en Facebook y Twitter, las redes donde corrieron cadenas y hashtag durante la jornada llamándola #CFKasesina, entre otros insultos.
«AMIA. Otra vez: tragedia, confusión, mentira e interrogantes», tituló Kirchner en una carta crítica al fiscal Nisman.
«No se debe permitir que una vez más se intente hacer con el juicio de encubrimiento lo que ya se hizo con la causa principal», dijo en referencia a la causa por el ataque a la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos y lleva 20 años sin esclarecerse.
Desclasificación de información
La Presidenta argentina se preguntó quién «ordenó» a Nisman interrumpir sus vacaciones en España y presentar una denuncia de 350 hojas -«¿su escrito?»-, que tal vez «debía tener preparadas con anterioridad» o «tal vez alguien se las dio cuando volvió».
Así como el gobierno ordenó desclasificar material que pedía el fiscal difunto, el juez Ariel Lijo, que recibió la denuncia de Nisman, también dispuso medidas urgentes para preservar las escuchas telefónicas en las que se basa el pedido de indagatoria de Kirchner.
La semana pasada, cuando la denuncia de Nisman sorprendió a los medios y enojó al gobierno, se indicó que Lijo estaba de vacaciones hasta febrero y su reemplazante, la jueza María Servini de Cubría, consideró no tomaría el caso.
Lijo dispuso «medidas urgentes» para incautar más de 300 discos compactos con las grabaciones telefónicas obtenidas con la intervención de líneas telefónicas de un ciudadano iraní y hombres cercanos al gobierno.
Las organizaciones judías AMIA y la DAIA convocaron a un acto para el miércoles en Buenos Aires al que invitan a todas la ciudadanía bajo el lema «verdad y justicia».
El gobierno insistió en que se trató de un suicidio, aunque dirigentes oficialistas y de oposición también hablaron de un «suicidio inducido».
El diputado oficialista Andrés Larroque, que está imputado en la causa, dijo que hay que investigar «quien empujó al fiscal a esta decisión».
La fiscal que lleva la investigación de la muerte de Nisman, Viviana Fein, dijo que «se podría hablar de un suicidio».
«El cuerpo no fue golpeado ni sometido a maltrato, no descarto una instigación. No decimos que esté resuelta la causa» y aclaró que resta el examen toxicológico del cuerpo.
«La causa está caratulada como muerte dudosa», afirmó la fiscal, que también informó que «el arma que se encontró con él no era propiedad del fiscal Nisman, era de un colaborador, lo estamos corroborando».
La firma en enero de 2013 de un memorándum de entendimiento con Irán -denunciado como «inconstitucional» por la AMIA y otras organizaciones judías- tensó las relaciones entre el gobierno kirchnerista y esta comunidad, la mayor de América Latina.
El gobierno ha defendido el acuerdo bilateral con Irán para investigar a los acusados de planificar el ataque. Cinco exfuncionarios iraníes, entre ellos un expresidente, actuales ministros y dirigentes religiosos locales, tienen pedido de captura internacional de Interpol a solicitud de la justicia argentina.
Desde marzo de 2012, espera fecha un juicio contra el expresidente Carlos Menem (1989-1999) acusado de «encubrimiento agravado» de la llamada «conexión local», que dio la logística para perpetrar el atentado. (I)
Los argentinos han vuelto hoy a las calles para exigir que se aclare la muerte del fiscal Alberto Nisman, último capítulo de una tragedia que comenzó hace 20 años con uno de los atentados más sangrientos de la historia del país.
Los informes preliminares de la autopsia, que han confirmado que Nisman se disparó un tiro en la sien con una pistola calibre 22 que se encontró bajo su cuerpo, en su domicilio de Buenos Aires, no han sido suficientes para despejar las dudas que rodean a su muerte.
La fiscal del caso, Viviana Fein, ya adelantó que se investigará si la muerte del fiscal, que trabajó durante ocho años para esclarecer la trama del atentado contra la mutual judía AMIA y terminó denunciando a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de terroristas, se debió a un «suicidio inducido».
(EFE)
Precisamente Fernández rompió a última hora su silencio con una extensa carta colgada en una red social en la que denunció la existencia de una historia «muy sórdida» y de «interrogantes» tras la muerte de Alberto Nisman y defendió los intentos de su Gobierno por esclarecer el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.
«En el caso del suicidio del fiscal a cargo de la causa AMIA, Alberto Nisman, no solo hay estupor e interrogantes, sino que además una historia demasiado larga, demasiado pesada, demasiado dura, y por sobre todas las cosas, muy sórdida. La tragedia del atentado terrorista más grande que se produjo en la Argentina», señaló la mandataria.
Fernández alertó también contra intentos de «desviar, mentir, tapar y confundir» sobre el atentado contra la AMIA y cargó contra agentes de Inteligencia y medios opositores.
Horas antes, el Gobierno autorizó la desclasificación del material de inteligencia que utilizó el fiscal de la causa AMIA.
Mientras, la oposición reclamó una investigación exhaustiva y advirtió de la gravedad de los acontecimientos.
«Estoy consternada. Me parece algo absolutamente grave, de una gravedad institucional muy fuerte», denunció la diputada Patricia Bullrich, quien había convocado a Nisman a exponer hoy ante una comisión de la Cámara de Diputados.
Para la diputada opositora Elisa Carrió, el caso es fruto de una «guerra de los sótanos del poder», «de una guerra judicial loca».
Tras ocho años de investigaciones, Alberto Nisman denunció el miércoles a Fernández por considerar que el memorándum de entendimiento aprobado en enero de 2013 con Irán incluía un presunto encubrimiento de los sospechosos del atentado contra la AMIA a cambio de las relaciones comerciales y el intercambio de petróleo por granos en un contexto de crisis energética en Argentina.
La oposición reclamó este lunes que se mantenga su línea de investigación y le rindió un homenaje en el Congreso, aunque el mayor reconocimiento a la figura del fiscal se ha registrado en las calles de las principales ciudades del país, donde miles de personas, convocadas a través de las redes sociales, se han movilizado en reclamo de verdad y justicia y han vuelto a hacer sonar su cacerolas contra el Gobierno de Fernández.
En la capital, miles de personas se concentraron en la emblemática Plaza de Mayo, con pancartas y carteles con consignas como «Yo soy Nisman», «Justicia por Nisman» o «Todos somos Nisman», y frente a la residencia presidencial de Olivos, en las afueras de la ciudad.
En la Plaza de Mayo se escucharon eslóganes como «que se vayan todos, que no quede ni uno solo», «se va a acabar, se va a acabar la dictadura de los K» y hasta gritos de «asesina» dirigidos a la mandataria argentina.
(EFE)
La concentración de Buenos Aires alcanzó puntos de máxima tensión cuando varios manifestantes intentaron saltar las vallas que acordonan la Casa Rosada, que preside la Plaza De Mayo, y se registraron cuatro heridos por inhalación de gas pimienta.
Nisman, de 51 años y que estaba al frente de la Unidad Fiscal Especial de Investigación del Atentado a la AMIA desde 2004, había asegurado esta vez que tenía pruebas que demostraban que, tal como apuntaba la investigación y la comunidad judía, Irán y la organización Hizbulá estuvieron detrás de la planificación y ejecución de ese ataque.
Un fiscal federal denunció a la presidenta argentina por la supuesta negociación de un «acuerdo de impunidad» con Irán.