A solo horas de que Jorge Luis Ortega, abogado de la exgerente de la Empresa Pública de Centros de Alto Rendimiento, Mónica Castillo, dijera que su cliente tenía «información valiosa» respecto a «pedidos de dinero para la campaña en el denominado caso Arroz Moreno», la fiscal a cargo, Mayra Soria, llamó para hoy a la exfuncionaria pública a rendir versión.

La mañana del martes último, Castillo fue citada por Fiscalía a testificar, pero no asistió. Su nombre aparece dentro de la información entregada como parte de una denuncia que se refiere a que hubo aportaciones de instituciones públicas para la campaña del Sí en la consulta popular de 2018.

Ortega aclaró que su cliente no tiene ningún tipo de participación en los hechos que se investigan, pero aún así aseguraba que Castillo tiene información importante sobre los aportes que habría hecho la empresa pública a la campaña política de 2018. Por ello buscaba que la Fiscalía le brinde las garantías necesarias para colaborar en el caso.

La versión de Castillo está dispuesta para las 15:00 de hoy en la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía General, a la que pertenece Soria. Ella tiene que acercarse en persona junto a su abogado y debe llevar la documentación que justifique las aseveraciones que sostendrá en su versión, señala el impulso de la noche del martes último.

Otra de las personas que son nombradas en la denuncia hecha por el medio digital La Posta y que ha sido llamada a versionar hoy a las 16:00 es Eduardo Mangas, exsecretario de la Presidencia de Lenín Moreno. Los documentos de la denuncia periodística señalarían que Mangas participó de la trama al recibir dinero en efectivo.

Además, el impulso fiscal refiere que de acuerdo con la denuncia presentada por el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Ronny Aleaga, los actos señalados podrían derivar en delitos como el peculado y la participación de servidores públicos, y se notificó a la Procuraduría General para que tenga conocimiento de la la investigación previa.

El legislador de la RC pidió a la Fiscalía, el 11 de octubre pasado, que se investigue un peculado u otros delitos cometidos en la campaña para la consulta 2018, que tuvo como principal impulsor del Sí al Gobierno de Moreno, y que supuestamente fue financiada por empresas públicas. Aleaga ya rindió versión en este caso el domingo último.

Sobre la denuncia investigada por Fiscalía, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, refirió que les parece de «baja veracidad» muchas de las afirmaciones que se hacen en el caso, por ejemplo, el que se diga que desde ciertas empresas públicas se habría entregado dinero en efectivo.

«Para cualquier personas que conozca como funciona el sector público esto es imposible e improbable. De todas maneras nosotros somos los más interesados en que no quepa ninguna duda y menos aún tratar de crear similitudes con gravísimos casos de corrupción hoy ya sentenciados en el país», dijo.

Para tomar en cuenta

• Allanamientos a una docena de empresas públicas y que se impida que salgan del país una docena de funcionarios y exfuncionarios públicos es lo que solicitó dentro de este caso, el lunes último, a Fiscalía el asambleísta Fabricio Villamar (Ahora).
• El asambleísta Ronny Aleaga (RC) afirma que entre las empresas que habrían financiada la campaña política de 2018 están Flopec, Casa para Todos, Ecuador Estratégico, Astinave, Petroecuador, Empresa Pública de Hidrocarburos, Celec y Petroamazonas. El perjuicio que se habría ocasionado al Estado ascendería a $ 5 483 750. (I)