Se señalaron pros y contras para aplicar esta propuesta.

Punto Noticias. Uno de los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) plantea que las unidades educativas militares vuelvan a ser regentadas por las Fuerzas Armadas, en condición de fiscomisionales.

Este fue el asunto que la Comisión de Educación, del Parlamento Nacional, analizó en un seminario virtual, con la participación de representantes de los ministerios de Educación, Finanzas, Defensa, y padres de familia.

Dallyana Passailaigue, legisladora socialcristiana, quien impulsa dicha reforma, recordó que la LOEI, publicada en marzo de 2011, dispuso que las instituciones educativas que se encontraban administradas por Fuerzas Armadas, Policía, Comisión de Tránsito del Guayas y Aviación Civil pasaran a la rectoría de la autoridad nacional de Educación y solo seis emblemáticas se quedaron en manos del Ministerio de Defensa.

A su criterio, la experiencia ha mostrado serias falencias, especialmente en lo referente a la baja de la calidad educativa y la limitación de impartir materias complementarias, dentro del proceso de formación integral, fundamentalmente principios y valores, que tanto requieren hoy los niños y jóvenes.

Sostuvo que los padres de familia están dispuestos a pagar las correspondientes pensiones, lo que garantizaría el debido financiamiento y sostenibilidad de estos centros.

Sebastián Salazar, Leonardo Moncayo y Doris Guamán, del Ministerio de Educación, apoyan la reforma. Sin embargo, plantearon que la rectoría la maneje la autoridad educativa, como manda la Constitución; además, que las unidades militares se sujeten a un currículo nacional, más allá de que pueden establecer otras materias.

Robert Tandazo, del Ministerio de Defensa, respondió que no pretenden, de ninguna manera, salir de la rectoría del Ministerio de Educación y de la malla curricular nacional. Según dijo, el pedido es que se permita dictar normas de participación estudiantil, instrucción formal básica, liderazgo, comunicación, primeros auxilios, orientación y gestión de riesgos, entre otras materias, a fin de que los alumnos tenga otra visión del territorio.

Diego Gallegos y Lenín Ochoa, autoridades del Ministerio de Finanzas, expresaron la preocupación por el impacto presupuestario que puede generar esta transición y la posible asignación de recursos adicionales para el funcionamiento de los colegios militares, que retornarían a la administración de Fuerzas Armadas, tomando en cuenta que el país sufre una grave crisis sanitaria y económica.

Johanna Zambrano, quien dijo representar a los padres de familia, manifestó que los colegios militares se mantuvieron por años con recursos de los militares y las pensiones. Consideró que la decisión de pasarlos al régimen fiscal vulneró derechos de los estudiantes y que el mayor problema ha sido la baja de la calidad educativa.

Los parlamentarios Silvia Salgado, Amapola Naranjo y Jimmy Candell se pronunciaron por garantizar la gratuidad de la enseñanza y que los ministerios de Educación, Finanzas y Defensa coordinen esfuerzos para definir un planteamiento unificado. Incluso, Noralma Zambrano planteó hacer una consulta a la Corte Constitucional para determinar si procede o no este asunto.

Fuente: Asamblea Nacional.