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Militares van a prisión acusados de conspiración para derrocar a Nicolás Maduro

Militares activos y retirados, incluso un general de la aviación, fueron condenados en su mayoría a ocho años de prisión acusados de conspiración para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

«La Patria hace justicia! Tribunales Militares sentencian 8 oficiales ‘Operacion Jericó’ por Instigación a Rebelión y Contra Decoro Militar», escribió el miércoles el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, en su cuenta en la red social de Twitter.

La sentencia sobre el grupo se produjo luego que el 12 de marzo pasado el presidente Maduro denunció que había sido desarticulado un plan para ejecutar un golpe de Estado y asesinarlo junto con otros dirigentes oficialistas. Y se informó de la detención del grupo.

El informe del ministro Padrino López es el primero en relación al juicio de los militares, quienes habrían sido sentenciados la noche del martes por el Tribunal militar de Control de Caracas, de acuerdo a versiones de prensa.

No quedó claro de inmediato la cifra total de sentenciados. Mientras Padrino López mencionó que fueron ocho los sentenciados, la prensa local, citando a abogados defensores, apuntan que fueron nueve.

Se intentó conocer los comentarios de los voceros del tribunal militar sin obtener respuesta el miércoles.

El general de Aviación Oswaldo Hernández fue condenado a ocho años y siete meses de prisión por los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar, reportó el diario El Universal.

Una sentencia semejante se pronunció en contra de los aviadores, mayores César Orta y Víctor Ascanio; los capitanes Neri Córdoba, Andrés Thomson Martínez y Laired Salazar, está última la única mujer sentenciada.

Un coronel del ejército retirado y un teniente coronel de la Aviación fueron condenados a más de siete años, en tanto, un capitán retirado de la Guardia Nacional fue sentenciado a casi cinco años y medio.

Maduro ha dicho que dirigentes opositores y funcionarios estadounidenses, que no mencionó, estaban involucrados en la intentona, y sin mostrar pruebas, acotó que la llamada «Operación Jericó» implicaba el uso de un avión Tucano para atacar el palacio presidencial, entre otros objetivos en Caracas.

Washington entonces calificó de «risible» que el gobierno venezolano le atribuyese responsabilidad por los problemas que acosan a la nación sudamericana. Maduro acusó después al vicepresidente Joe Biden de conspirar para derrocarlo.

El gobernante —a semejanza de su predecesor, el difunto presidente Hugo Chávez— ha denunciado durante sus más de dos años de gobierno unos seis planes de magnicidio y más de dos decenas de actos de sabotaje y complot.

La oposición ha desestimado esas denuncias y asegura que forman parte de una estrategia para distraer la atención de los venezolanos de los graves problemas que padece el país. Maduro asumió el mando en abril de 2013 tras la muerte de Chávez.

Venezuela está sumida en una aguda crisis económica, la cual incluye una inflación galopante que el año pasado cerró encima de 64%, severos problemas de desabastecimiento y una recesión que se prevé se agrave este año por la caída de los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos del país. (I)

El Supremo sueco revisará la apelación de Assange contra la orden de arresto

El Tribunal Supremo de Suecia anunció este martes que ha aceptado el recurso de apelación del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, del fallo judicial contrario a retirar la orden de prisión preventiva contra él dictada en 2010 por cuatro presuntos delitos sexuales.

Los abogados de Assange iniciaron el pasado verano una ofensiva en los tribunales suecos para pedir que levantasen la orden, pero tanto un juzgado de primera instancia como luego el Tribunal de Apelación de Svea rechazaron la demanda.

En ambos casos, se apeló a la gravedad de los hechos y al riesgo de que Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde hace dos años, pudiese querer esquivar el proceso legal y una hipotética pena.

El tribunal de Svea criticó en su fallo, de noviembre pasado, la actuación de la fiscal superior, Marianne Ny, por la paralización del proceso y por no ofrecer soluciones alternativas.

La Fiscalía comunicó hace un mes que, contrariamente a lo que había afirmado anteriormente, estaba dispuesta a enviar un representante a Londres para interrogar a Assange y practicarle una prueba de ADN.

Assange es buscado por cuatro supuestos delitos contra dos mujeres -que él niega- cuando estaba de visita en Suecia en agosto de 2010, pero no ha sido acusado formalmente.

El proceso ha estado rodeado de polémica sobre la solidez de las denuncias y los motivos de las demandantes, filtraciones a los medios, sustituciones de fiscales y una reapertura del caso que había sido reducido inicialmente a un delito menor.

Assange fue detenido en Londres en diciembre de 2010 y entonces comenzó un largo proceso judicial en el Reino Unido, que culminó cuando el Supremo británico rechazó su último recurso en junio de 2012.

Ecuador concedió entonces asilo político al «exhacker» para evitar que fuera enviado a EE.UU., donde podría afrontar un juicio militar por la información confidencial difundida en WikiLeaks.

Tribunal ordena reponer proceso a esposa de ex alcalde de Iguala

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Tribunal ordena reponer proceso a esposa de ex alcalde de Iguala

Martes 28.abr.15

A casi seis meses de su detención, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito con sede en Toluca, Estado de México, ordenó reponer el proceso de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales la relacionaban con el grupo criminal de Guerreros Unidos.

Según señala Proceso, lo anterior representaba la acusación más grave en contra de la esposa de José Luis Barca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, lugar en el que el pasado 26 de septiembre se dio la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta orden del tribunal federal representa la revocación del auto de formal prisión que sobre Pineda Villa existía.

La orden se dio ya que el tribunal encontró que la formal prisión dictada contra la esposa de Abarca tuvo deficiencias de motivación y fundamentación jurídica, esto quiere decir, que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Federales en el Estado de México violó el debido proceso contra Pineda al no permitirle presentar pruebas en su defensa.

El amparo del que se tuvo información ayer (fue dictado desde el 24 de abril) instruye al Quinto Tribunal Unitario Penal de Toluca a revisar nuevamente el expediente y determinar si Pineda Villa debe o no estar sujeta bajo juicio. Sin embargo, la PGR señala que el fallo no implica que Pineda Villa pueda obtener su libertad, pues en su contra todavía existe otro proceso por delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud, acusación que se considera como grave.

María de los Ángeles Pineda fue detenida el 4 de noviembre del año pasado, junto con su esposo José Luis Abarca. Por falta de pruebas en su contra, la PGR ordenó en dos ocasiones arraigarla, cuando estaba por vencer la ampliación del arraigo, se pidió al Juzgado Tercero de Distrito de Proceso Penales Federales  en el Estado de México la orden de aprehensión, la cual se concedió sin permitir que la defensa presentara pruebas a favor de Pineda.

Con la revocación de la formal prisión, se desmiente a la PGR: en realidad no cuentan con un caso sólido contra la esposa del ex alcalde de Iguala. Evidencia Proceso que según el expediente de la causa penal 105/2014 (por el que Pineda fue remitida al penal de Tepic, Nayarit), las acusaciones de la PGR se basan en declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, cuyas falsas declaraciones ya han exhibido la ineficiencia y abusos de la PGR, colocando como ejemplo el caso contra del ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare.

La cosa no pinta para bien, ya que incluso se señala que ya presa Pineda Villa, la Procuraduría intentó que el Juzgado Tercero de Procedimientos Penales Federales en Tamaulipas dictara otro auto de formal prisión en su contra, sin embargo, se negó la petición… por falta de pruebas.

@plumasatomicas

*Vía Proceso, Reforma

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Tribunal de China sentencia a prisión a periodista de 71 años

Un tribunal de Beijing sentenció el viernes a siete años de prisión a una veterana periodista china bajo cargos de filtrar un documento que detalla la decisión de los líderes del Partido Comunista de abordar la sociedad civil y la libertad de prensa como una amenaza a su monopolio del poder.

La sentencia contra Gao Yu, de 71 años, se dicta en medio de una campaña amplia contra la libertad de expresión que destaca la brecha entre la visión china de la ley y el orden y las nociones occidentales de las libertades civiles y la justeza judicial.

El veredicto parece confirmar la autenticidad del documento filtrado, considerado un secreto de Estado, que se había reportado desde 2013, pero que la cúpula china nunca discutió abiertamente.

Los hechos confirman conjeturas sobre la desconfianza del líder chino Xi Jinping de cualquier organización social fuera del control del partido, que se manifestó recientemente en la detención durante más de un mes de cinco activistas de los derechos que planeaban lanzar una campaña de concientización pública sobre el acoso sexual.

Gao negó los cargos, que le podían haber significado una condena de cadena perpetua.

Mo Shaoping, abogado de Gao, dijo que la periodista fue declarada culpable de filtrar secretos de Estado al entregar las directrices estratégicas, conocidas como Documento No. 9, a un grupo de medios extranjeros. El documento defendía un control estricto de la propagación de la democracia occidental, valores universales, la sociedad civil y la libertad de prensa, que el partido considera una amenaza a su poder.

Shang Baojun, otro de los abogados de Gao, dijo que la periodista no habló durante el veredicto y la sentencia, pero le dijo a su hermano, Gao Wei, que no aceptaba el resultado. «No cabe duda que apelaremos», dijo Shang.

Gao Wei dijo a The Associated Press que su hermana parecía más delgada y débil que antes de su detención hace un año.

El tribunal pareció no prestar atención a la defensa y limitarse a escuchar a la fiscalía, dijo Gao Wei, una queja común en casos en que el resultado por lo general está determinado incluso antes que el tribunal se reúna.

«Estoy furioso y preocupado por mi hermana», dijo.

La policía patrulló el perímetro del Tribunal Intermedio No. 3 de Beijing, donde se dictó la sentencia. Numerosos periodistas y diplomáticos extranjeros se reunieron en el tribunal pero les impidieron asistir a la vista.

«Obviamente estamos decepcionados con el veredicto», dijo Dan Biers, primer secretario de la embajada de Estados Unidos.

Gao, quien escribía sobre política, economía y temas sociales para medios en Hong Kong y otros países, ya había cumplido prisión por otros cargos relacionados con secretos estatales hace más de dos décadas.

Hong Lei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, dijo el viernes que a todos los ciudadanos chinos «se les respetan sus derechos humanos básicos, como estipula la Constitución» y que el caso de Gao se manejó con apego a la ley.

«Ningún país tiene el derecho a interferir en eso. Esperamos que otros países respeten la soberanía judicial de China», dijo Hong.  (I)

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Cuatro muertos deja un tiroteo en un tribunal de Milán

El ministro del Interior de Italia, Angelino Alfano, anunció este jueves la captura del presunto autor del tiroteo en el Palacio de Justicia de Milán (norte de Italia), que causó la muerte a cuatro personas y varios heridos.

El detenido, identificado por medios italianos como Claudio Giardiello, provocó la muerte de cuatro personas, de ellas tres por arma de fuego y la otra por causas aún desconocidas.

El último en fallecer fue uno de los heridos que llegó al hospital Policlínico milanés en «gravísimas condiciones» y que perdió la vida durante una intervención quirúrgica, informaron a Efe fuentes del establecimiento sanitario.

Las mismas fuentes señalaron que esta cuarta víctima es Giorgio Herba, imputado junto al presunto autor de los disparos en un caso de supuesta bancarrota fraudulenta.

Además, otro herido llegó al hospital Niguarda de Milán en estado grave y con heridas de bala en el abdomen si bien lo hizo «lúcido».

El presunto autor de los disparos fue detenido por agentes del cuerpo de Carabineros en el municipio de Vimercate, próximo a la capital lombarda.

En la actualidad, según confirmó el ministro en su perfil de Twitter, el detenido se encuentra arrestado en comisaria.

El tiroteo se produjo en torno a las 11:00 locales (09:00 GMT) en el Tribunal milanés y en él, según las primeras informaciones, perdieron la vida el juez Fernando Ciampi, de la sección de quiebras empresariales, y el letrado Lorenzo Alberto Claris Appiani.

Pese a que las circunstancias del suceso aún no han sido esclarecidas, las primeras informaciones señalan que Giardiello está imputado en un caso de supuesta bancarrota fraudulenta.

Rápidamente las autoridades procedieron a desalojar el edificio ante la hipótesis de que el autor del crimen permanecía en el interior de la sede judicial.

Sin embargo, los investigadores señalaron posteriormente que pudo haber emprendido la huida en una moto.

Apenas hora y media después el presunto autor del crimen era detenido en la periferia milanesa. (I)

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