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Militares activos y retirados, incluso un general de la aviación, fueron condenados en su mayoría a ocho años de prisión acusados de conspiración para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
«La Patria hace justicia! Tribunales Militares sentencian 8 oficiales ‘Operacion Jericó’ por Instigación a Rebelión y Contra Decoro Militar», escribió el miércoles el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, en su cuenta en la red social de Twitter.
La sentencia sobre el grupo se produjo luego que el 12 de marzo pasado el presidente Maduro denunció que había sido desarticulado un plan para ejecutar un golpe de Estado y asesinarlo junto con otros dirigentes oficialistas. Y se informó de la detención del grupo.
El informe del ministro Padrino López es el primero en relación al juicio de los militares, quienes habrían sido sentenciados la noche del martes por el Tribunal militar de Control de Caracas, de acuerdo a versiones de prensa.
No quedó claro de inmediato la cifra total de sentenciados. Mientras Padrino López mencionó que fueron ocho los sentenciados, la prensa local, citando a abogados defensores, apuntan que fueron nueve.
Se intentó conocer los comentarios de los voceros del tribunal militar sin obtener respuesta el miércoles.
El general de Aviación Oswaldo Hernández fue condenado a ocho años y siete meses de prisión por los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar, reportó el diario El Universal.
Una sentencia semejante se pronunció en contra de los aviadores, mayores César Orta y Víctor Ascanio; los capitanes Neri Córdoba, Andrés Thomson Martínez y Laired Salazar, está última la única mujer sentenciada.
Un coronel del ejército retirado y un teniente coronel de la Aviación fueron condenados a más de siete años, en tanto, un capitán retirado de la Guardia Nacional fue sentenciado a casi cinco años y medio.
Maduro ha dicho que dirigentes opositores y funcionarios estadounidenses, que no mencionó, estaban involucrados en la intentona, y sin mostrar pruebas, acotó que la llamada «Operación Jericó» implicaba el uso de un avión Tucano para atacar el palacio presidencial, entre otros objetivos en Caracas.
Washington entonces calificó de «risible» que el gobierno venezolano le atribuyese responsabilidad por los problemas que acosan a la nación sudamericana. Maduro acusó después al vicepresidente Joe Biden de conspirar para derrocarlo.
El gobernante —a semejanza de su predecesor, el difunto presidente Hugo Chávez— ha denunciado durante sus más de dos años de gobierno unos seis planes de magnicidio y más de dos decenas de actos de sabotaje y complot.
La oposición ha desestimado esas denuncias y asegura que forman parte de una estrategia para distraer la atención de los venezolanos de los graves problemas que padece el país. Maduro asumió el mando en abril de 2013 tras la muerte de Chávez.
Venezuela está sumida en una aguda crisis económica, la cual incluye una inflación galopante que el año pasado cerró encima de 64%, severos problemas de desabastecimiento y una recesión que se prevé se agrave este año por la caída de los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos del país. (I)
La modelo no asistió a escuchar la sentencia del proceso judicial que le entabló su expareja Christian Domínguez por difamación.
La justicia dictaminará sobre la constitucionalidad de las inyecciones letales y la silla eléctrica en ese estado.
Un juez y un abogado se encuentran entre las víctimas. Sospechoso del ataque fue detenido por la policía.
El ministro del Interior de Italia, Angelino Alfano, anunció este jueves la captura del presunto autor del tiroteo en el Palacio de Justicia de Milán (norte de Italia), que causó la muerte a cuatro personas y varios heridos.
El detenido, identificado por medios italianos como Claudio Giardiello, provocó la muerte de cuatro personas, de ellas tres por arma de fuego y la otra por causas aún desconocidas.
El último en fallecer fue uno de los heridos que llegó al hospital Policlínico milanés en «gravísimas condiciones» y que perdió la vida durante una intervención quirúrgica, informaron a Efe fuentes del establecimiento sanitario.
Las mismas fuentes señalaron que esta cuarta víctima es Giorgio Herba, imputado junto al presunto autor de los disparos en un caso de supuesta bancarrota fraudulenta.
Además, otro herido llegó al hospital Niguarda de Milán en estado grave y con heridas de bala en el abdomen si bien lo hizo «lúcido».
El presunto autor de los disparos fue detenido por agentes del cuerpo de Carabineros en el municipio de Vimercate, próximo a la capital lombarda.
En la actualidad, según confirmó el ministro en su perfil de Twitter, el detenido se encuentra arrestado en comisaria.
El tiroteo se produjo en torno a las 11:00 locales (09:00 GMT) en el Tribunal milanés y en él, según las primeras informaciones, perdieron la vida el juez Fernando Ciampi, de la sección de quiebras empresariales, y el letrado Lorenzo Alberto Claris Appiani.
Pese a que las circunstancias del suceso aún no han sido esclarecidas, las primeras informaciones señalan que Giardiello está imputado en un caso de supuesta bancarrota fraudulenta.
Rápidamente las autoridades procedieron a desalojar el edificio ante la hipótesis de que el autor del crimen permanecía en el interior de la sede judicial.
Sin embargo, los investigadores señalaron posteriormente que pudo haber emprendido la huida en una moto.
Apenas hora y media después el presunto autor del crimen era detenido en la periferia milanesa. (I)
Un juez y un abogado se encuentran entre las víctimas. Sospechoso del ataque fue detenido por la policía.
Un tribunal de Nueva York desestimó ayer una apelación presentada por Argentina a la declaración de desacato dictada por el juez federal estadounidense Thomas Griesa, en el caso que la enfrenta a fondos especulativos por su deuda soberana impaga.
En una escueta declaración de cuatro líneas, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito (federal) desestimó la apelación presentada por Argentina por considerarla prematura, ya que “la orden final no ha sido emitida” por el tribunal donde se originó esa declaración. El juez Griesa, figura central de la batalla legal de Argentina con los “fondos buitre”, decretó en septiembre pasado que el país suramericano se encontraba en desacato.(I)
Las elecciones departamentales y municipales en Bolivia cerraron ayer con el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), derrotado en principales plazas como La Paz y El Alto, nichos electorales del presidente Evo Morales, según sondeos a boca de urna difundidos por la televisión local.
En El Alto, la opositora Soledad Chapetón, del partido del empresario Samuel Doria Medina (centroderecha) obtuvo el 55% de los votos válidos sobre el oficialista Édgar Patana (28%), que buscaba la reelección, de acuerdo a sondeos de la encuestadora Ipsos para la red de televisión ATB.
Chapetón, una joven educadora de 34 años, descendiente de campesinos aimaras, quebró la hegemonía del partido del presidente Morales en El Alto, aparentemente por la mala gestión de Patana.
El MAS también sufrió una dura derrota en la gobernación de La Paz donde el exministro de Educación, Félix Patzi, un indígena aimara disidente del partido de Morales, logró el 52 % de los sufragios frente al 29 % de la candidata oficialista Felipa Huanca quien estuvo durante el último mes en el ojo de la tormenta sospechosa de haberse beneficiado de recursos de un fondo indígena, investigación que continúa en curso.
En tanto, la alcaldía de La Paz permanece en manos del socialdemócrata Luis Revilla, aliado de Patzi.
Los resultados de otras regiones serán conocidos más adelante, pero mantienen una tendencia desfavorable para el oficialismo, según ATB.
Unos seis millones de bolivianos fueron convocados para elegir a nueve gobernadores y más de 4.000 autoridades regionales y municipales. Los resultados oficiales de la votación comenzarán a fluir desde hoy, según informe oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE). (I)
La madre de la británica Meredith Kercher dijo sentirse «sorprendida» y «conmocionada» por la decisión de absolver a Amanda Knox.
La estadounidense y su novio italiano fueron acusados por la muerte de una estudiante británica en 2007.
Más de 300 personas han sido detenidas por haber copiado o ayudado a copiar masivamente en un examen en India.
Un funcionario del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia fue despedido por mala ortografía, informó hoy su vicepresidente Wilfredo Ovando.
El despedido había escrito «¿Sabes dónde botaras?» en las cuentas del tribunal electoral en Twitter y Facebook.
Ovando confirmó al diario «El Deber» que el funcionario fue despedido y será investigado, porque consideró que existen indicios de que quiso desprestigiar al tribunal.
«No creemos que haya sido un error porque es algo muy elemental.
Nosotros pensamos que ha sido intencionado y que nos querían dañar», dijo. (I)
Un tribunal de justicia de Birmania (Myanmar) condenó este lunes a morir a 15 birmanos por el asesinato de una persona en Rangún en 2011, pese a que no se ahorca a nadie en el país desde 1988, informan hoy los medios locales.
La defensa dispone de un mes para recurrir la sentencia en el Tribunal Superior de la Región de Rangún y posteriormente puede acudir al Supremo o solicitar la clemencia del presidente de Birmania, Thein Sein, indicó el diario Myanmar Times.
Según la sentencia, los 15 condenados están implicados en el asesinato de U Kyaw Min, quien murió acuchillado el 17 de noviembre de 2011 en una licorería del distrito de Okkalapa, al norte de Rangún, con 32 años.
La Policía detuvo y acusó de homicidio premeditado a 23 personas, pero en agosto de 2012 se retiraron los cargos a ocho de ellas.
Los allegados de los acusados consiguieron retrasar el juicio en varias ocasiones, según el citado rotativo.
La pena de muerte se aplica en Birmania en los casos de asesinato, tráfico de drogas, traición y otros delitos graves, aunque no se ejecuta a ningún reo en la horca desde 1988.
El presidente del país anunció el 2 de enero de 2014 que iba a conmutar la pena de muerte por la cadena perpetua a todos los presos que se encontraban en el corredor de la muerte.
La Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Red Alternativa de la ASEAN en Myanmar (ALTSEAN-Burma, sigla en inglés) instaron poco después al mandatario birmano a abolir la pena de muerte. (I)
Los departamentos bolivianos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y Potosí someterán a referéndum sus estatutos autonómicos el próximo 28 de junio, informó este domingo el ministro boliviano de Autonomías, Hugo Siles.
Cada una de estas regiones acordó, por separado, el documento que reglamentará las decisiones políticas y de desarrollo en coordinación con el «Gobierno central», explicó la autoridad.
La Constitución de Bolivia, aprobada en 2009 tras un proceso constituyente, establece un régimen autonómico de nueve regiones, aunque cuatro de ellas -Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija- ya habían iniciado el proceso autonomista en medio de tensiones políticas.
De hecho, cada una de estas regiones ya tiene un estatuto validado por una consulta. El presidente Evo Morales explicó a la estatal radio Patria Nueva que su gobierno nunca se opuso a la autonomía, pero que de ninguna manera permitirá «la división de Bolivia».
Una vez que los cinco departamentos validen su autonomía, éste régimen entrará en vigor de manera inmediata en cada territorio porque cuentan con la certificación del Tribunal Constitucional, añadió el Ministro de Autonomías. (I)
En una fría y húmeda celda de dos metros de largo por dos metros ancho, cerrada con una portentosa puerta de acero, que sólo permite visualizar el exterior a través de una pequeña rendija a la altura de los ojos, el dirigente opositor Leopoldo López cumple este miércoles el primer año de reclusión en la cárcel militar de Ramo Verde.
La detención del líder opositor ha desatado numerosas reacciones de organismos internacionales, grupos humanitarios y de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia que han abogado por su liberación por considerarlo un preso político, mientras el presidente Nicolás Maduro ha dicho que el arresto de López, al que llama el «monstruo de Ramo Verde», como una acción apegada a la justicia por considerarlo responsable de la muerte de 43 personas y las lesiones de 878 ocurridas en las protestas del año pasado.
Su detención, hace un año, fue tal vez el momento más cinematográfico de la oposición: el líder fue filmado y fotografiado mientras le daba un beso de despedida a su mujer antes de ser arrestado en medio de una multitud de seguidores. En abril del año pasado, la Fiscalía General de los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir.
Las protestas decayeron meses después de que López fuera llevado a la cárcel pero la ironía, para muchos, es que las cosas en Venezuela han empeorado desde entonces por severos problemas de desabastecimiento y una recesión que amenaza con agudizarse por la caída de los precios del petróleo; principal fuente de ingresos del país suramericano.
La emoción y energía de los opositores se han ido desvaneciendo mientras la gente se centra en preocupaciones más apremiantes como encontrar alimentos y productos básicos, y blindar sus ahorros ante la amenaza de una desbordada inflación del 68%.
Nuevo castigo
El dirigente opositor, de 43 años, pasó casi doce meses recluido en una celda con unas dimensiones de más del doble de la que tiene actualmente. La madrugada del 13 de febrero fue trasladado en castigo a otro calabozo más pequeño del segundo piso del anexo B del penal tras una requisa que hicieron en su celda más de dos docenas de hombres armados, con los rostros cubiertos con pasamontañas, pertenecientes al servicio de contrainteligencia militar, indicó el abogado del opositor, Juan Carlos Gutiérrez, tras visitarlo el pasado fin de semana en el penal.
A López le incautaron un ipod y un teléfono celular, prohibido en las prisiones, y se presume que esa es la razón del castigo. Ramo Verde, no obstante, es la excepción de un sistema carcelario de más de una veintena de penales donde existen problemas de corrupción, tráfico de drogas y armas, y graves dificultades derivadas por un desbordado hacinamiento, lo que hace de esta cárcel militar una de las más privilegiadas del país por su limitada población.
La situación del líder opositor tras la requisa y el traslado a otra celda más pequeña fue constatada el pasado viernes por la consultora jurídica de la Defensoría del Pueblo, según confirmó a la AP un vocero de prensa de esa dependencia.
En la antigua celda de López quedaron decenas de papeles, fotografías familiares, dibujos infantiles e imágenes religiosas regadas en el piso de baldosas color beige claro, 80 libros, y unos afiches quemados y destruidos del expresidente surafricano Nelson Mandela, los estadounidenses Martin Luther King, el exboxeador Muhammad Ali, el líder indio Mahatma Gandhi, el papa Francisco y el político venezolano Rómulo Betancourt, que decoraban la parte interior de la puerta de acero, que fue abierta con un soplete durante la requisa, según el abogado Gutiérrez.
Juicio a López
El proceso judicial contra López será retomado esta semana. En los casi siete meses de juicio, el Ministerio Público ha presentado los testimonios de 38 testigos pero faltan otros 52 por declarar, además de otras centenares de pruebas que incluyen fotografías, teléfonos móviles que fueron incautados a varios detenidos y un estudio de discursos del opositor.
La jueza que lleva el caso, Susana Barreiros, le ha negado a la defensa de López la presentación de pruebas.
De ser declarado culpable López podría enfrentar una condena de 13 años y nueve meses de prisión.
Liberados
«Yo nunca había tenido la oportunidad de conocer el infierno, y lo conocí», dijo Salvatore Lucchese, un exjefe policial de 48 años, al resumir los diez meses y medio que pasó en una celda vecina a la López en el piso dos del anexo B de la vieja cárcel de Ramo Verde, penal que está enclavado en medio de una húmeda y remota zona montañosa, a unos 30 kilómetros al suroeste de Caracas.
Lucchese salió el pasado 4 de febrero de la cárcel militar junto con el exalcalde opositor Enzo Scarano, después de cumplir la totalidad de la condena que les impuso el Tribunal Supremo de Justicia por desacato a una medida judicial que ordenó el levantamiento de unas barricadas en el municipio central de San Diego, próximo a la ciudad de Valencia. (I)