Los diagnósticos de COVID-19 rebasaron el doble en 16 parroquias de Quito
El comercio informal cunde en Solanda, un barrio popular del sur de Quito. Durante la cuarentena desapareció, pero desde inicios de mayo las ventas resurgieron y ahora todo es casi como antes. Las veredas están llenas de comerciantes y clientes, tantos que es difícil transitar por ahí sobre todo en las noches.
En junio pasado, los moradores diagnosticados con COVID-19 aumentaron más del triple en ese vecindario. Hasta el 3 de aquel mes, cuando la ciudad pasó a semáforo amarillo, 64 habitantes de esa parroquia habían sido diagnosticados con esa enfermedad. Ese era el saldo de dos meses y medio de pandemia.
El viernes 3 del mes en curso, tras un mes de semáforo amarillo, la cifra llegó a 207, según el reporte del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
Marlon Villamarín, un morador de Solanda, lamentó que sus vecinos ya no tomen precauciones. “Ayer salí y vi a unos jóvenes tomando bielas en el parque, aunque los policías estaban por ahí mismo vigilando”, se quejó.
Lo mismo pasó en Puengasí, otra parroquia popular del sur de la capital, donde los casos confirmados pasaron de 45 a 146 en el último mes, más del tripe. Las cifras oficiales muestran que en 16 parroquias los pacientes diagnosticados se duplicaron o superaron el doble el mes anterior. (Ver tabla).
El día en que Quito adoptó el semáforo amarillo había 3842 habitantes diagnosticados con COVID-29 en la ciudad. Un mes después, el número se elevó a 7816, un poco más del doble.
La parroquia que tiene más casos por número de moradores es La Magdalena, también en el sur de Quito. Once de cada 1000 habitantes han sido diagnosticados con el virus. Le siguen Chillogallo, Cotocollao y centro histórico, con nueve casos por cada 1000 habitantes.
Estas cifras recogen solo a los pacientes que dan positivo con un examen validado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), pero hay muchos que se recuperan o fallecen sin haber accedido a esa prueba.
Otro limitante es que el MSP demora en procesar las muestras tomadas. El jueves pasado había 5656 exámenes represados en Pichincha, según el COE provincial. Esa era casi la cuarta parte de todas las muestras tomadas. Es decir, una de cada cuatro personas que se habían hecho la prueba aún no conocía el resultado.
Ese represamiento provoca que, cuando el MSP reporta sobre la confirmación de casos de COVID-19, no se trate de pacientes que se contagiaron recientemente, sino semanas atrás.
Para el epidemiólogo Daniel Ruiz, docente investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar, los datos que presenta el MSP sobre la pandemia son inadecuados. “Sabemos que están usando pruebas de anticuerpos para descartar casos; la información no es confiable”, señaló.
El especialista advierte que con los datos disponibles no es posible determinar en qué lugar de la ciudad se está propagando el virus.
El lunes 29 de junio, tras una reunión entre altas autoridades del Gobierno y el alcalde Jorge Yunda, se definió que el foco de contagio está en cuatro zonas: Centro Histórico, Panecillo, Chilibulo y La Ecuatoriana.
Fue el presidente Lenín Moreno quien anunció, en cadena nacional, que se harán más controles a la circulación en esos sectores.
Las autoridades no mencionaron cuál fue el criterio para escoger esas zonas. Los datos del COE muestran que hay otras parroquias con más casos por número de habitantes y algunas que han experimentado un mayor crecimiento de pacientes diagnosticados en las últimas semanas.
“Si tienen la certeza de que en esos sitios existe mayor circulación (del virus), deberían publicar cuál ha sido el método a través del cual ellos han podido llegar a esta conclusión”, señaló Ruiz.
El secretario de Seguridad del Municipio de Quito, César Díaz, explicó que el MSP suministra los datos con los cuales se diseñan mapas de calor que muestran dónde se está acelerando más el virus. Así se determinaron las cuatro zonas con mayor riesgo en la capital.
El MSP ni el COE nacional atendieron una entrevista solicitada por este Diario.
Los operativos en esos cuatro sectores se incrementaron de inmediato tras el anuncio de Moreno. Díaz manifestó que uno de los mayores problemas es que en esos barrios existen personas que toman licor en lugares públicos. Los agentes tienen que lidiar con ellas para que se retiren.
“Por eso era el exhorto de la ley seca”, manifestó Díaz. Esa norma, que fue descartada por el gobierno central, argumenta el funcionario, hubiera ayudado a controlar la propagación del virus. (I)
