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Bolivia exigió ayer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que Chile “cumpla con su obligación” y “respete sus repetidas promesas, su compromiso de negociar un acceso soberano al mar” perdido por La Paz tras una guerra a fines del siglo XIX.
“Chile ha afirmado una y otra vez, independientemente del tratado de 1904, que negociaría el acceso soberano de Bolivia”, declaró Eduardo Rodríguez Veltzé, embajador de Bolivia en Holanda y representante de su país ante la CIJ, la más alta instancia judicial de Naciones Unidas, con sede en La Haya.
La corte ha programado audiencias hasta mañana para determinar si tiene competencia para resolver el conflicto entre ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 1978.
“Desde el armisticio de 1884, Chile prometió permitir que Bolivia tuviera un acceso soberano al mar”, dijo, y destacó que este compromiso estaba recogido en “repetidos contratos legales” de 1920, 1926, 1950, 1961 y 1975.
“Nos convertimos en un pueblo sin salida al mar en el corazón del continente, con grandes consecuencias para nuestro crecimiento económico y social y para la integración internacional”, añadió.
Bolivia sostiene que perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa tras la guerra del Pacífico (1879-1883) contra Chile.
Bolivia quiere que la CIJ ordene a Chile “renegociar de buena fe y de manera efectiva con Bolivia para llegar a un acuerdo que le asegure un acceso plenamente soberano al océano Pacífico”.
En su audiencia del martes pasado, Chile acusó a Bolivia de querer “cuestionar la estabilidad de las fronteras” y de pretender renegociar el tratado de 1904 que, según Chile, fijó la cuestión fronteriza entre ambos países. (I)
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Bolivia exigió este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que Chile «cumpla con su obligación» y «respete sus repetidas promesas, su compromiso de negociar un acceso soberano al mar» perdido por La Paz tras una guerra a finales del siglo XIX.
«Chile ha afirmado una y otra vez, independientemente del tratado de 1904, que negociaría el acceso soberano de Bolivia», declaró Eduardo Rodríguez Veltzé, embajador de Bolivia en Holanda y representante de su país ante la CIJ, la más alta instancia judicial de Naciones Unidas, con sede en La Haya.
La corte ha programado audiencias hasta el viernes para determinar si tiene competencia para resolver el conflicto entre ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 1978.
«Desde el armisticio de 1884, Chile prometió permitir que Bolivia tuviera un acceso soberano al mar», dijo el representante, que destacó que este compromiso estaba recogido en «repetidos contratos legales» de 1920, 1926, 1950, 1961 y 1975.
«Nos convertimos en un pueblo sin salida al mar en el corazón del continente, con grandes consecuencias para nuestro crecimiento económico y social y para la integración internacional», añadió.
Bolivia sostiene que perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa tras la guerra del Pacífico (1879-1883) contra Chile.
Bolivia quiere que la CIJ ordene a Chile «renegociar de buena fe y de manera efectiva con Bolivia para llegar a un acuerdo que le asegure un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico».
En su audiencia del martes, Chile acusó a Bolivia de querer «cuestionar la estabilidad de las fronteras» y de pretender renegociar el tratado de 1904 que, según Chile, fijó la cuestión fronteriza entre ambos países.
Para Mathias Forteau, uno de los abogados de Bolivia, «no hay ninguna duda de que las objeciones preliminares planteadas por Chile deben ser rechazadas».
Según Forteau, el único interés de Bolivia es hacer que el Tribunal constate dos cuestiones.
Por un lado, que «paralelamente al tratado de 1904, Chile se comprometió, en una serie de acuerdos y promesas unilaterales, a negociar» una salida al mar para Bolivia; y por otro, que «Chile no ha respetado este compromiso de negociar».
Chile considera que en virtud de un tratado de 1948, el Tribunal no puede pronunciarse sobre los acuerdos firmados entre La Paz y Santiago antes de esta fecha.
Sin embargo, La Paz considera que el tratado de 1948 no se aplica en este caso, pues su petición es «independiente» al tratado de 1904. (I)
Bolivia está “preparada para todo” respecto de la resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su demanda marítima contra Chile, dijo ayer el presidente, Evo Morales, quien reiteró su confianza en los resultados del proceso.
“El Estado, el gobierno, gracias al pueblo boliviano, gracias a la estabilidad social y política, estamos preparados para todo”, afirmó el mandatario.
Morales respondió así a la pregunta de qué pasaría con el sueño boliviano de lograr un acceso soberano al mar si fracasa la gestión en el tribunal de Naciones Unidas.
Destacó que hay mucha jurisprudencia que respalda la argumentación de Bolivia cuando pide a la CIJ un fallo que obligue a Chile a negociar de buena fe y en firme su centenario reclamo de tener una reintegración de su acceso soberano al Pacífico.
Chile, sostuvo Morales, “trata de meter miedo al mundo entero” con su advertencia de que un fallo a favor de Bolivia puede servir de precedente para que se revisen los límites territoriales en otros casos.
Asimismo, agregó que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y su canciller, Heraldo Muñoz, deberían ser un ‘modelo’ de respeto a las instituciones de la ONU como la CIJ, ya que antes fueron altos funcionarios de esa entidad.
Esta semana, los magistrados de la CIJ escuchan los alegatos orales de ambos países sobre una petición chilena de incompetencia para tratar el fondo de la demanda de Bolivia.
Bolivia demandó a Chile ante la CIJ en el 2013 en busca de un fallo que obligue al país austral a negociar en firme y de buena fe la centenaria reclamación boliviana de una restitución del acceso soberano al Pacífico perdido en una guerra en 1879.
Chile objetó la jurisdicción de la Corte y rechazó el reclamo boliviano con el argumento de que los límites quedaron zanjados en un tratado firmado en 1904, veinticinco años después de la guerra. (I)
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Holanda) inicia este lunes una semana de alegatos orales en el litigio que enfrenta a Chile y Bolivia por el acceso de este segundo país al Pacífico, que se centrará en si este tribunal tiene competencia para pronunciarse sobre el caso.
Bolivia, después de años de negociaciones con Chile sin lograr una salida al Pacífico a través de una cesión territorial soberana, decidió en abril de 2013 llevar el caso a la CIJ, a la que pidió que declare que Santiago tiene «la obligación de negociar» un acceso soberano completo al océano.
Chile presentó en julio de 2014 una objeción preliminar sobre la jurisdicción de la CIJ, es decir, una invitación a que este tribunal se declare incompetente para pronunciarse sobre el asunto, que será la cuestión sobre la que se centren las audiencias de esta semana.
En Bolivia, la Presidencia y todas las instituciones estatales lucen desde el lunes las banderas azules «de la reivindicación marítima», que han sido izadas para acompañar a la misión en la Corte de La Haya.
Las banderas serán la expresión de la «unidad del pueblo boliviano y del profundo sentimiento de que Bolivia» debe tener una reparación por «la invasión» sufrida en 1879 que le quitó el territorio costero en el Pacífico, dijo el domingo el presidente de Bolivia, Evo Morales.
Por su parte, el agente chileno en el caso de la demanda marítima boliviana ante la CIJ, Felipe Bulnes, anticipó en una entrevista publicada por el diario «El Mercurio», que los alegatos de su país serán «precisos, contundentes y firmes».
«Esta es una carrera que estamos convencidos que vamos a ganar en los primeros 100 metros, en la objeción preliminar, ojalá sea así», declaró Bulnes.
La CIJ escuchará el lunes en el primer turno de intervención a Chile, que intentará probar su argumento de que este alto tribunal no tiene competencia para decidir sobre este caso.
La delegación chilena defenderá que las relaciones entre ambos países ya quedaron establecidas por el tratado de paz de 1904, que puso fin a la guerra del Pacífico.
Chile asegura que ese pacto estableció que Bolivia «no tiene puerto soberano», aunque reconoce que no lo dice expresamente sino que se dejó la fórmula abierta porque Santiago aún tenía que negociar su frontera norte con Perú entre las ciudades de Tacna y Arica.
Cuando Chile y Perú cerraron su acuerdo fronterizo en 1929 estipularon que ninguno de los dos podría ceder a un tercero una porción del territorio limítrofe sin el consentimiento del otro, lo que en la práctica implica que si Santiago negocia con Bolivia una salida al mar por Arica, Lima tiene que consentir.
El miércoles será Bolivia la que tenga la oportunidad de exponer sus argumentos.
Según este país, la CIJ es plenamente competente para resolver el caso en virtud del llamado «Pacto de Bogotá», que creó esta corte en abril de 1948, y que ambos países reconocen.
Bolivia sostiene además que su petición al tribunal internacional es independiente del tratado de 1904, y alega que Chile se comprometió posteriormente a lo largo de los años y de distintos acuerdos, practicas diplomáticas y declaraciones públicas a negociar «un acceso soberano al mar», según los documentos remitidos a la Corte de La Haya.
El país andino afirma que la pérdida de su litoral fue producto de una invasión de tropas de Chile, que declaró la guerra mucho tiempo después de haber ocupado la costa boliviana.
En esa contienda, Bolivia perdió frente a Chile 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros de territorio. (I)
Perú presentará una protesta «al más alto nivel» por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de admitir 59 casos de personas condenadas por terrorismo que pretenden ser liberadas e indemnizadas por el Estado.
«Estamos generando una durísima protesta al nivel más alto por la decisión de la CIDH de admitir y acumular 59 casos de terroristas debidamente procesados y encarcelados y que ahora pretenden ser liberados e indemnizados por el Estado», dijo el ministro de Justicia Gustavo Adrianzén, citado por la agencia oficial Andina.
El ministerio de Justicia está estudiando uno por uno estos 59 casos, «que involucran a 63 subversivos sentenciados, para que la protesta, que se presentará a la mayor brevedad,esté debidamente documentada», precisó.
«No nos queremos precipitar ni que lo nuestro se vea como un voluntarismo o una pataleta. Eso va a ser perfectamente documentado y en esos extremos vamos a presentar nuestra protesta», señaló el ministro.
Adrianzén aseguró que con las pruebas documentadas de los sentenciados los casos no podrían ser elevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Sería inconcebible que esto ocurra, ya sería el colmo de los colmos que también pretendan llevarlo a la Corte», dijo el ministro, citado por Andina.
Según informó, la CIDH admitió los casos de los 59 peruanos semanas atrás, debido a una presunta afectación y violación de sus derechos humanos. (I)