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Bolivia exigió este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que Chile «cumpla con su obligación» y «respete sus repetidas promesas, su compromiso de negociar un acceso soberano al mar» perdido por La Paz tras una guerra a finales del siglo XIX.
«Chile ha afirmado una y otra vez, independientemente del tratado de 1904, que negociaría el acceso soberano de Bolivia», declaró Eduardo Rodríguez Veltzé, embajador de Bolivia en Holanda y representante de su país ante la CIJ, la más alta instancia judicial de Naciones Unidas, con sede en La Haya.
La corte ha programado audiencias hasta el viernes para determinar si tiene competencia para resolver el conflicto entre ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 1978.
«Desde el armisticio de 1884, Chile prometió permitir que Bolivia tuviera un acceso soberano al mar», dijo el representante, que destacó que este compromiso estaba recogido en «repetidos contratos legales» de 1920, 1926, 1950, 1961 y 1975.
«Nos convertimos en un pueblo sin salida al mar en el corazón del continente, con grandes consecuencias para nuestro crecimiento económico y social y para la integración internacional», añadió.
Bolivia sostiene que perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa tras la guerra del Pacífico (1879-1883) contra Chile.
Bolivia quiere que la CIJ ordene a Chile «renegociar de buena fe y de manera efectiva con Bolivia para llegar a un acuerdo que le asegure un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico».
En su audiencia del martes, Chile acusó a Bolivia de querer «cuestionar la estabilidad de las fronteras» y de pretender renegociar el tratado de 1904 que, según Chile, fijó la cuestión fronteriza entre ambos países.
Para Mathias Forteau, uno de los abogados de Bolivia, «no hay ninguna duda de que las objeciones preliminares planteadas por Chile deben ser rechazadas».
Según Forteau, el único interés de Bolivia es hacer que el Tribunal constate dos cuestiones.
Por un lado, que «paralelamente al tratado de 1904, Chile se comprometió, en una serie de acuerdos y promesas unilaterales, a negociar» una salida al mar para Bolivia; y por otro, que «Chile no ha respetado este compromiso de negociar».
Chile considera que en virtud de un tratado de 1948, el Tribunal no puede pronunciarse sobre los acuerdos firmados entre La Paz y Santiago antes de esta fecha.
Sin embargo, La Paz considera que el tratado de 1948 no se aplica en este caso, pues su petición es «independiente» al tratado de 1904. (I)
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Chile impugnó el lunes la competencia de la corte internacional de La Haya en una demanda de Bolivia por la salida al mar, un pleito que el gobierno chileno asegura fue zanjado hace más de un siglo con un tratado limítrofe.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) comenzó pasadas las 1300 GMT la revisión de los alegatos de ambos países en la demanda presentada en el 2013 por Bolivia, que desde hace décadas lucha por recuperar su acceso al Océano Pacífico perdido tras una guerra contra Chile en el siglo XIX.
Pero Chile argumenta que en 1904 los países firmaron un tratado limítrofe, que rige mucho antes del acuerdo que otorga jurisdicción a La Haya para este tipo de pleitos. Por eso el gobierno de Santiago desestima la competencia de esta corte.
«Creemos que los alegatos de Chile han sido nítidos y contundentes. Hemos desmontado la pretensión boliviana. No queda la menor sombra de duda en cuanto a que la corte no tiene jurisdicción para conocer la demanda», dijo el canciller chileno Heraldo Muñoz a la salida de la sede del tribunal internacional.
Desde Santiago, la presidenta chilena Michelle Bachelet sigue el proceso en La Haya junto a sus ministros.
Durante esta semana, el tribunal deberá revisar la objeción preliminar de Chile a la jurisdicción en una ronda de alegatos de ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas desde 1978.
Salida al mar
El Gobierno de La Paz insiste en que no quiere modificar las fronteras sino que busca obligar a Santiago a negociar una salida soberana al mar, perdida en una guerra entre 1879 y 1883 cuando tuvo que ceder 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.
«Bolivia no busca una negociación, busca territorio soberano chileno. La supuesta obligación de negociar no es más que una obligación de ceder territorio. Chile no acepta ceder parte de su territorio», dijo el canciller Muñoz.
En un acto simbólico el lunes, el presidente boliviano Evo Morales izó la bandera de su país frente al Palacio de Gobierno.
«En este día histórico que inicia el alegato en La Haya, decirles que tenemos la razón, queremos justicia, queremos soluciones pacíficas», dijo Morales.
«Nuestra obligación es demostrar con solidez, con muchos argumentos históricos, argumentos jurídicos ante la comunidad internacional que Bolivia tiene que volver al Pacífico con soberanía», agregó.
Decisiones
Una vez que se cumpla la ronda de alegatos, el tribunal tiene tres alternativas: aceptar la impugnación de Chile a su competencia, rechazar sus alegatos o postergar esa decisión y decidir revisar el fondo de la discusión planteada por Bolivia, lo que en La Paz sería probablemente visto como un triunfo.
La primera ronda de alegatos concluirá el miércoles con la presentación de Bolivia. La segunda ronda se realizará el 7 y 8 de mayo. (I)
La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó este jueves a 14 años de prisión a María del Pilar Hurtado, que fue jefa de los servicios de inteligencia durante la Presidencia de lvaro Uribe (2002-2010), por espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos y magistrados del país.
La sentencia rebaja la pena pedida por la Fiscalía, que solicitó 20 años de cárcel para Hurtado por el escándalo de las escuchas ilegales, ocurrido entre agosto de 2007 y octubre de 2008.
Junto a Hurtado, la Corte sentenció a ocho años de reclusión a Bernardo Moreno, quien fue secretario general de la Presidencia durante parte del Gobierno Uribe, también involucrado en la misma trama. (I)
La exdirectora del DAS y el exsecretario de la Presidencia de Álvaro Uribe fueron hallados culpables de espiar a opositores, periodistas y magistrados
A un año de una ejecución fallida, la Corte Suprema analizará la forma en que éstas se están llevando a cabo.