Gremios y movimientos sociales anunciaron movilizaciones para el 11 de julio de 2025 en rechazo a la reciente Ley Orgánica de Integridad Pública.

La nueva normativa introduce cambios significativos en la administración pública. Aunque el debate se ha centrado en las nuevas reglas para acceder a la compensación por jubilación y en las evaluaciones de desempeño, existen otras reformas menos discutidas que podrían poner en riesgo la estabilidad laboral de miles de funcionarios en Ecuador.

El sumario administrativo ahora se tramita internamente

Uno de los cambios clave es que el sumario administrativo, mecanismo mediante el cual se destituye a un servidor público, ya no estará a cargo del Ministerio de Trabajo.

Ahora, cada institución estatal será responsable de tramitar y resolver estos procesos, señaló Fernando González, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Cuenca.

Antes, el Ministerio actuaba como un ente externo que garantizaba cierta objetividad. Con la nueva norma, el jefe de talento humano de cada institución podrá iniciar y decidir la destitución de un funcionario.

González advierte que este cambio aumenta el riesgo de decisiones influenciadas por intereses personales o políticos.

Un funcionario que tenga diferencias con el administrador de turno podría quedar expuesto a sanciones inmediatas y, aunque siempre existe la opción de acudir a un juez, estos procesos suelen demorar entre cuatro y cinco años.

Pruebas de confianza obligatorias

Otro punto polémico es la incorporación de las pruebas de confianza para los servidores públicos. La nueva ley establece que todos los funcionarios deberán someterse de manera obligatoria a estas evaluaciones.

En el numeral seis, literal j, de las reformas al Servicio Público incluidas en la Ley Orgánica de Integridad Pública, se dispone: “Someterse a las pruebas de confianza y evaluaciones periódicas, durante el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la normativa emitida por la entidad rectora en integridad pública, en coordinación con el ente rector del trabajo”.

González explicó que las pruebas de confianza se presentan junto a la evaluación periódica, pero aclaró que no son lo mismo. Mientras la evaluación revisa el desempeño general y es objetiva. Las pruebas de confianza apuntan a verificar la honestidad y transparencia del servidor público y pueden ser subjetivas.

¿Qué son las pruebas de confianza a las que se debe someter el sector público?

Las pruebas de confianza son evaluaciones integrales que buscan medir la honestidad, integridad y responsabilidad de empleados o aspirantes a un cargo, a fin de garantizar que actúen de forma ética y alineada con los valores de la organización., según portales especializados en Recursos Humanos.

Estas pruebas incluyen desde evaluaciones psicométricas y análisis de antecedentes hasta exámenes toxicológicos, entrevistas profundas y, en algunos casos, pruebas con polígrafo, con el objetivo de identificar posibles riesgos y fomentar un ambiente laboral seguro y productivo.

Si un trabajador se niega a realizar la prueba, esta negativa se considerará causal de destitución, señala González. Además, las instituciones podrán gestionar de manera interna estos procesos gracias al nuevo modelo del sumario administrativo.

“Aunque la intención sea mejorar la transparencia en el sector público, el riesgo de uso político es alto”, dijo.

Un reglamento pendiente

El presidente Daniel Noboa tiene 45 días, desde el 26 de junio de 2025, que entró en vigencia la norma, para emitir un reglamento que detalle cómo se implementarán las pruebas de confianza. Y los mecanismos de control para evitar posibles abusos.

Mientras tanto, gremios como el de los médicos, profesores y otros ya han manifestado su preocupación por la posible vulneración de la estabilidad laboral. Muchos funcionarios temen que las pruebas se usen como herramientas de presión o retaliación política.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunció este 4 de julio de 2025, que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública porque considera que vulnera derechos.

Por su parte, la Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó la primera demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública, el lunes 30 de junio de 2025.

Las agrupaciones sindicales anunciaron marchas para el 11 de julio de 2025.