Juez Merino se retracta y retira orden de detención a Jaime Nebot y otros 98 testigos

(Actualizado a las 12:10)

 

Luego de 24 horas de que anunciara una orden de detención para 99 testigos del caso denominado Las Dolores, por no acudir a la Corte Nacional de Justicia a rendir testimonio, el juez nacional Wilson Merino se retractó y dijo que en el caso del alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, se le tomará testimonio vía videoconferencia.

La nueva decisión la tomó la mañana de este martes al convocar para el próximo 20 de octubre,  a las 08:30, a un segundo llamado a audiencia de juzgamiento del caso y ordenó a la Corte del Guayas notifique como testigo al alcalde guayaquileño para que su testimonio lo rinda el próximo lunes.

Ayer, el alcalde Nebot señaló que la actitud del juez Merino de ordenar su detención  es «injurídica e ilícitamente constituye un acto de persecución política. Estoy listo, y no duden que el pueblo de Guayaquil también, a dar la batalla correspondiente».

Reacción de Nebot

Esta mañana, en su cuenta de Twitter, Nebot volvió a tratar el tema. «Si me quieren detener, que me detengan. Pero eso sí, que se responsabilicen no solo de lo que puede pasarme en la cárcel», escribió.

«Porque ya lo voy diciendo desde ahora, que se responsabilicen de la reacción del pueblo de Guayaquil», agregó.

Ante la rectificación del juez: !No se si funciono la ley o el culillo! En próximos minutos mi declaración sobre el tema.

— Jaime Nebot (@jaimenebotsaadi) octubre 14, 2014

«Ante la rectificación del juez: !No se si funcionó la ley o el culillo!», expuso.

En la providencia de Merino, se advierte a los defensores de los 11 procesados con la obligación de comparecer a la nueva audiencia con la intervención de la Fuerza Pública. Además se advierte a los 103 testigos que de no comparecer a la hora señalada se ordenará su detención.

El caso Las Dolores  ocurrió el 29 de noviembre del 2003 en un operativo policial en la farmacia Fybeca (Guayaquil), donde murieron 8 personas y tres ciudadanos continúan desaparecidos. Los procesados enfrentan cargos por el delito de asesinato, que se habría configurado por la violación a los derechos humanos y la presunta ejecución extrajudicial.