Desde hace doce años, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) registra la muerte de un periodista cada cuatro días a nivel mundial. En total, según el organismo, 1.010 trabajadores de la comunicación han sido asesinados en el mundo.

En ese tiempo, según los reportes de la Unesco, en Ecuador se han registrado las muertes de seis trabajadores de la comunicación en el ejercicio de su profesión, entre ellos Fausto Valdiviezo, asesinado en abril del 2013; y Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, en marzo de este año. Los otros, José León y Saúl Suárez, fueron victimados en el 2006.

En el 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Delitos contra Periodistas. Cifras de la Unesco revelan que desde 1992 se han reportado 1.293 casos de comunicadores asesinados en el mundo.

Aunque el año pasado, según la Unesco, hubo una reducción de la impunidad, el porcentaje de casos sin resolver sigue siendo alarmante. Las estadísticas señalan que nueve de cada diez crímenes de periodistas en el mundo aún siguen impunes; es decir, el 89 %.

“La impunidad conduce a más asesinatos y, a menudo, es un síntoma de empeoramiento del conflicto y el colapso de la ley y los sistemas judiciales”, señala un reporte de la Unesco.

En el 2016 y 2017, América Latina y el Caribe ha ocupado el segundo lugar en el mundo con el mayor número de periodistas asesinados, con 28 y 22 crímenes, en ese orden, solo superado por los Estados Árabes, en el primer año, y Asia y la Región del Pacífico, en el segundo.

César Ricaurte, director de Fundamedios en Ecuador, sostiene que las condiciones para el ejercicio del periodismo a nivel mundial se han agravado. “Los periodistas se han convertido en blanco de la acción de gobiernos autoritarios o corruptos como vimos hace poco con el asesinato del periodista (Jamal) Khashoggi en Turquía, pero a cargo del Gobierno de Arabia (Saudita)…”.

Ricaurte sostiene que las amenazas contra el ejercicio profesional también llegan del crimen organizado y lamenta no solo la indiferencia de los Estados, sino la complicidad.

Aunque la Unesco deplora cada crimen contra periodistas y resalta la necesidad de que los Estados miembros protejan a los comunicadores, en Ecuador recién este año se pretende incluir en la legislación un acápite sobre la protección de los trabajadores de la comunicación.

En el Proyecto de Reformas a la Ley de Comunicación se plantea incluir un artículo innumerado que establece la responsabilidad del Estado y los medios de comunicación de proteger la vida de los periodistas “y la de sus familias”.

El texto, que está en primer debate en la Asamblea, señala que se deberán elaborar políticas públicas y protocolos para cumplir el objetivo. No obstante, solo resalta como actividades de riesgo las coberturas periodísticas relacionadas con el narcotráfico, contrabando de mercaderías, trata de personas y corrupción.

La asambleísta Jeanine Cruz, miembro de la Comisión de Derechos Colectivos que trata la reforma, señala que no se puede limitar el riesgo a cuatro actividades, “porque uno no sabe lo que va a pasar; en el trabajo periodístico, los enemigos existen y existirán siempre, uno no sabe por qué tema pueden atentar contra tu vida…”.

Sostiene que los crímenes de Valdiviezo, Ortega, Rivas y Segarra son una deuda del Estado con el periodismo, y que una de las formas de honrarla es poner en evidencia a los verdaderos responsables. “El tema Fausto Valdiviezo es un secreto a voces de que lo mataron porque tenía información del Gobierno…”.

En lo que va del 2018, la Unesco ha reportado el asesinato de al menos 80 periodistas a nivel mundial.

Lamentablemente la falta de coherencia política no le permite tener la confianza al ciudadano; hay que devolverle la institucionalidad a la Fiscalía y a la Justicia…”.

Estamos proponiendo que se forme un comité intersectorial para la seguridad de periodistas; es algo que desde la sociedad civil venimos presionando desde hace meses…”

(I)