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Vías legales para denunciar mala práctica médica en Ecuador y posibles sanciones a responsables.

La muerte de Luis Alarcón el pasado 2 de abril de 2026, tras un procedimiento odontológico en Quito, volvió a poner en debate las herramientas legales disponibles cuando se presume una mala práctica médica. El caso ha abierto interrogantes sobre qué pueden hacer los familiares de una víctima y qué responsabilidades podrían derivarse para los profesionales y centros de salud involucrados.

En Ecuador, el ordenamiento jurídico contempla varias rutas que pueden activarse de forma paralela, dependiendo de la estrategia legal que adopten los afectados.

El abogado penalista, Lenin Guerra, explica que la vía penal es la más utilizada cuando se busca determinar responsabilidad directa del profesional de salud.

Esta se inicia con una denuncia ante la Fiscalía, que puede presentarse de forma oral o escrita y no requiere obligatoriamente un abogado, aunque recomienda contar con uno desde el inicio para garantizar el seguimiento del caso.

Según el jurista, los hechos pueden encuadrarse en figuras como homicidio culposo por mala práctica profesional o lesiones causadas por mala práctica, tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal.

En esta línea, el abogado penalista José Cárdenas detalla que, en casos de fallecimiento, el artículo 146 del COIP establece penas de uno a cinco años de privación de libertad, además de la inhabilitación profesional para el médico responsable.

El rol de la acusación particular en el proceso

Guerra señala que, si la Fiscalía encuentra elementos suficientes y formula cargos, los familiares pueden presentar una acusación particular. Esto les permite intervenir activamente en etapas clave del proceso, como la audiencia preparatoria de juicio y el juicio.

Aclara que, si no se presenta esta acusación, no se pierde el derecho a una reparación integral. Sin embargo, la participación de la familia en el proceso se reduce y el impulso de la causa queda principalmente en manos de la Fiscalía.

La vía civil: reparación económica por daños

Otra alternativa es la vía civil. Cárdenas indica que esta permite demandar directamente una indemnización por daños y perjuicios, sin necesidad de esperar una sentencia penal.

En este ámbito, se pueden reclamar conceptos como daño material, lucro cesante y daño moral. Además, la responsabilidad no recae únicamente en el médico, sino también en el establecimiento de salud que lo contrató, que puede responder de forma solidaria.

La vía administrativa: sanciones al ejercicio profesional

El marco legal también contempla una vía administrativa. Esta se activa mediante denuncias ante el Ministerio de Salud Pública o entidades como el Senescyt.

Cárdenas explica que este proceso puede derivar en sanciones disciplinarias, que van desde suspensiones hasta la revocatoria del título habilitante del profesional.
Responsabilidad del Estado en instituciones públicas

Cuando los hechos ocurren en hospitales públicos o entidades como el IESS, existe una vía adicional. Los familiares pueden acudir a la justicia contencioso-administrativa para exigir responsabilidad del Estado por deficiencias en la prestación del servicio.

Estrategias paralelas en casos de fallecimiento

Ambos especialistas coinciden en que, en casos como el de Luis Alarcón, los familiares pueden activar simultáneamente las vías penal, civil y administrativa. Esta decisión depende de la estrategia jurídica y de los objetivos que se persigan, ya sea sanción penal, reparación económica o sanciones profesionales.

El caso evidencia que el sistema legal ecuatoriano ofrece múltiples mecanismos para canalizar denuncias por mala práctica médica, aunque su efectividad depende del impulso procesal y de la evidencia que se logre recabar durante la investigación.