Bella Rica, Azuay

El obrero de la mina El Cisne llega al filo de un precipicio con un carrito que se desplaza por unos rieles. Con esfuerzo lo vira hacia un costado para arrojar pedazos de roca. El hombre, que lleva una linterna en su casco, ni siquiera termina el baldeo cuando siete mujeres, de entre 20 y 40 años, ya escarban en el material.

Solo una de ellas, que llevan chaleco fosforescente, calza guantes; las otras tienen sus manos callosas, rojas y casi sangrantes. Toman los pedazos de roca y los golpean entre sí o con un combo, para despedazarlos aún más. Admiten que es intenso el dolor en las manos, pero mucho más fuerte es el dolor de enfrentar la pobreza, la falta de empleo y las necesidades del hogar.

Ellas se presentan como janchadoras. O sea, son recicladoras de material mineralizado, de aquel que ya ha sido procesado en las minas de Bella Rica, población minera de unas 7.000 personas asentada en la parte alta del cerro del mismo nombre, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la faja costera de la provincia del Azuay. Esta es una de las tres grandes zonas del país donde se desarrolla la minería metálica.

Las siete mujeres que laboran en el botadero de material de la mina El Cisne se identifican como María, como para no dar su verdadera identidad. Qué importa aquello, si lo que les preocupa es conseguir unas cuantas piedras con mineral para completar un bulto.

Pero reunir un bulto o saco puede tomar una semana. Laboran meses y hasta más de un año para reunir decenas de sacos y llevar a una planta de beneficio en Portovelo (El Oro) para procesar y sacar unos gramos de oro. “De un saco puede salir, con suerte, un gramo y medio, y ahora dice que pagan a $ 25 el gramo”, dice la María de 33 años, que es madre soltera de tres menores.

Ella afirma que para subsistir hasta reunir una cantidad suficiente de sacos deben también emplearse como lavanderas de ropa ajena. Otra María, la de 40 años, estima que por lo menos 2.000 mujeres trabajan como janchadoras en Bella Rica.

En ese diálogo de sacrificios y necesidades surge el tema de la consulta popular planteada por el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, para que los pobladores decidan si en esa provincia se prohíbe toda actividad minera, para proteger las fuentes de agua.

“Nosotras de esto comimos, no tenemos otro trabajo y solo logramos algo, con suerte. El prefecto piensa que solo se puede sobrevivir sembrando el campo. Lo invitamos a que venga a las minas, todas las mujeres tenemos dos o tres hijos que mantener”, señala una de las Marías, la de 20 años. Y las demás dicen lo mismo.

El tema de la consulta inquieta no solo a las janchadoras. La rechaza Gerardo Guanuche, uno de los socios de la mina El Cisne, que paga un jornal de $20 y la comida a sus obreros. Igual, Manuel Maldonado, presidente de Bella Rica. El alcalde cantonal, Baldor Bermeo, al tiempo de rechazar la consulta provincial planteó una exclusiva para el cantón. Y aquella está en marcha.

Esto porque Camilo Ponce Enríquez tiene a la minería metálica como su principal actividad económica. Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014–2030, el 77,62% de su territorio está concesionado para esta actividad, esto significa 25.801 hectáreas.

Bermeo señala que el 90% de los habitantes depende directa o indirectamente de esta actividad, por lo que esperan tener un triunfo rotundo en urnas.

Por ello, el Concejo Cantonal aprobó por unanimidad, el 24 de julio pasado, la convocatoria a consulta. Ahora esperan que la Corte Constitucional apruebe su pregunta para avanzar con el trámite ante el Consejo Nacional Electoral.

Mientras, el prefecto espera que su pregunta se apruebe en el mismo organismo, pero debe reunir 65.000 firmas de apoyo. En la votación en el interior del Consejo, esa propuesta obtuvo 15 de 24 votos posibles, cuando lo que necesitaba eran 18.

María, la janchadora de 40 años, reitera que ‘la Ponce’ es la que debe decidir. (I)