Un grupo de taxistas exige afuera de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que el gobierno de la Ciudad de México prohíba el uso de las plataformas Uber y Cabify.

Bajo el grito ¡Fuera Uber!, miembros del frente Taxistas Organizados de la Ciudad de México argumentan que sus competidores lo hacen de manera desleal al no tener que pagar el emplacado, la revista vehicular, el taxímetro verificado y demás permisos que ellos se ven obligados a tener.

Por ello, los ruleteros llaman “delincuentes con placas particulares” a los choferes de Uber. Hoy piden que se elimine el servicio de Uber, Cabify y los taxis piratas por una presunta violación a la Ley de Movilidad.

Uber permite conectar choferes con usuarios a través de una aplicación de celular, a través de éste puedes observar quién es el chofer, el mapa de ruta vía GPS y hasta el costo estimado del viaje dependiendo la distancia y el tráfico de la ciudad. A diferencia del gremio taxista, que una vez abordada la unidad, no tienes la seguridad de encontrar al chofer en caso de cualquier incidente.

El gobierno de la Ciudad de México tendría que hacer dos cosas: por un lado, garantizar que el servicio público de transporte sea eficiente no existe un registro de unidades piratas, pero sí se les permite circular, lo cual representa un riesgo para la seguridad de los usuarios.

Por otro lado, tendría que impedir la burocratización de un servicio particular que funciona y que perfectamente ha podido coexistir con el transporte público en otras partes del mundo. No se trata de quitar a uno porque funciona, sino de buscar alternativas para hacer más confiable y eficiente al servicio de transporte público.

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