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20-Feb 09:12 pm Usan caracoles para tratamiento facial en Tailandia
20-Feb 08:12 pm La UCAB celebró su 7mo festival de cortos
20-Feb 06:54 pm Tutorial: Cómo hacer una rosa de papel
20-Feb 06:41 pm Tupamaro: Ledezma, Machado y Borges deben estar presos
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El actor que encarna a Khal Drogo en Game of Thrones se sumó a la esperada película basada en los cómics de DC.
El Departamento de Justicia presentará ante la Corte del Quinto Circuito un “stay” que se deberá resolver en días.
El gobierno peruano reanudó ayer el diálogo con las autoridades y dirigentes locales de Pichanaki, en la selva central, tras las protestas contra la compañía argentina de hidrocarburos Pluspetrol que hace una semana dejaron un muerto y más de veinte heridos de bala.
Los ministros del Ambiente y de Agricultura presiden la misión gubernamental que acudió a negociar sobre desarrollo e inversión pública en esa región peruana, luego de que la población suspendiera el 11 de febrero un paro pidiendo la salida de Pluspetrol de la zona.
“Debemos pasar de la protesta a la propuesta, para que en esa línea el gobierno pueda dar respuesta mediante el camino del diálogo”, aseguró a periodistas el ministro de Agricultura, Manuel Benites.
Las tratativas en esa zona cafetera y cocalera de Perú se concretan en un contexto marcado por el retiro de la petrolera Pluspetrol de Pichanaki –a pedido del gobierno–, y por la remoción del gabinete, el martes, de los ministros del Interior, Energía y Minas, y de Justicia vinculados a las protestas de hace una semana.
La protesta en Pichanaki se enmarcó en un paro, que duró cuatro días, contra las operaciones de Pluspetrol ante el temor de la población de que se contaminen ríos y suelos.
Pluspetrol anunció la semana pasada que retiraba sus equipos del poblado de Pichanaki.(I)
El Servicio de Alguaciles de EEUU celebrará el 5 de marzo la tercera subasta pública de 50,000 bitcoin.
Decenas de miles de argentinos marchan este miércoles bajo la lluvia de Buenos Aires para pedir justicia por la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nismna, que acusó a la presidenta Cristina Fernández de encubrir un atentado.
La multitudinaria manifestación -una de las mayores que haya enfrentado la mandataria en sus siete años de gestión- fue convocada por un grupo de fiscales y rápidamente recibió la adhesión de la oposición, en medio de la tormenta política que sacude al Gobierno desde la muerte de Nisman hace un mes.
Ocho de los principales precandidatos presidenciales opositores para las elecciones de octubre anunciaron acompañar a los fiscales, al igual que la dirigencia de la numerosa colectividad judía, la más importante de América Latina.
«El clima entre la gente es muy tranquilo. No se ven banderas partidarias; sí muchos carteles con diferentes inscripciones: ‘Todos somos Nisman’, ‘Asesina’ y ‘Cristina no te metas con la República'», reseñó El Clarín.
«Uno de los objetivos de la marcha será resaltar la pertenencia judicial. Por este motivo, los primeros 50 metros serán exclusivamente para fiscales y jueces. Detrás de ellos estarán quienes integren el gremio de judiciales garantizando la seguridad y cargando una bandera argentina de varios metros de largo. Y luego, más atrás, marchará la clase política», detalló a su vez Infobae.
El gobierno repudió el mitin por considerarlo «golpista» y sostuvo que la denuncia de Nisman contra Kirchner es un intento de involucrar al país en el conflicto de Medio Oriente.
«Les pido que abran bien los ojos. No estoy hablando de conspiraciones, es un mundo de intereses», dijo Kirchner en un acto en cadena nacional antes de la marcha.
«Es una marcha de silencio. Pero se suele decir que el silencio vale más que mil palabras. Habla de cómo se siente una gran parte del país que no comulga con las ideas del Gobierno», dijo Héctor Fiore, un jubilado de 68 años, a Reuters.
Bajo un diluvio, los manifestantes cubrían el ancho de la Avenida de Mayo -que une el Congreso con la Casa de Gobierno- con sus paraguas. Muchos llevaban como podían carteles en los que pedían «Verdad» y «Justicia».
La llamada «Marcha del Silencio» comenzó cerca de las 18:00 locales (16:00 de Ecuador) en el Congreso argentino, en el centro de Buenos Aires, y se prevé que concluya una hora después.
A la par comenzaron protestas en otras ciudades de Argentina e incluso en otros países, como el vecino Chile, luego de que la convocatoria fuera difundida por diversos sitios de internet.
PARÍS.- Una concentración se realizó en la capital francesa (EFE)
La televisión argentina mostró a multitudes que protestaban en las principales ciudades de la nación.
Nisman apareció con un disparo en la cabeza en su lujoso departamento de Buenos Aires, un día antes de presentar ante diputados la grave acusación que había hecho contra la presidenta Fernández y su canciller, Héctor Timerman, de encubrir un ataque antisemita de 1994 en el que murieron 85 personas.
Aunque la hipótesis más fuerte es que pudo haber sido un suicidio, no se ha descartado que sea producto de instigación o que se tratara de un homicidio, en medio de una turbia trama que involucra a los servicios de inteligencia, a los que el Gobierno culpó de la muerte de Nisman. (I)
La Casa Blanca decidió este martes plantar batalla legal a la decisión de un juez en Texas de bloquear las acciones ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que permitirían regularizar temporalmente a cinco millones de inmigrantes indocumentados.
El juez federal del distrito sur de Texas Andrew Hanen emitió este lunes por la noche una suspensión temporal de la acciones ejecutivas de Obama por la demanda presentada por 26 estados contra la constitucionalidad de las medidas presidenciales en materia migratoria.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró este martes que el Departamento de Justicia apelará contra la decisión de Hanen, ya que las medidas son «coherentes» con leyes aprobadas por el Congreso y con decisiones de la Corte Suprema, que «han dejado claro que el Gobierno federal puede establecer prioridades en la aplicación de nuestras leyes de inmigración».
La decisión de Hanen ha estado perfectamente coreografiada, ya que se conoció anoche, poco antes de que este miércoles comience el proceso de inscripción para obtener un alivio en los procesos de deportación.
Además, ha contado con una dosis de suerte y coincidencia, ya que debido a la nieve en Washington el Gobierno federal, incluido el Departamento de Justicia, se encuentra cerrado, al igual que el tribunal al que el Gobierno de Obama debería enviar su apelación, que se encuentra en Nueva Orleans, donde hoy se celebra el carnaval del Mardi Gras.
El equipo de Obama requiere premura, porque el miércoles comenzaba a entrar en vigor la primera parte de las acciones ejecutivas del presidente, la que permitía pedir una suspensión de los procesos de deportación a 230.000 jóvenes inmigrantes que han crecido y se han educado en EE.UU. durante tres años, la iniciativa de alivio migratorio conocida como Acción Diferida (DACA).
Segunda fase
La sentencia del juez Hanen también afectaría al comienzo en mayo de una segunda fase que beneficiaría a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente, bautizada como Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA).
El secretario de Seguridad Nacional (DHS), Jeh Johson, mostró hoy su total desacuerdo con la decisión del juez Hanen, pero aseguró que la respetarán y el DHS no aceptará las peticiones de la DACA que iban a comenzar a procesarse mañana.
Los apoyos y las críticas al bloqueo del juez Hanen no se han hecho esperar y se han dividido entre las opiniones favorables de los republicanos, y las esperanzas de revocar el fallo de los demócratas y las organizaciones hispanas.
La organización American Center for Law & Justice (ACLJ), que representa a 68 congresistas, entre ellos a los senadores republicanos por Texas Ted Cruz y John Cornyn, clamó «victoria» hoy tras conocerse el fallo.
«Esta decisión representa una importante victoria contra los excesos anticonstitucionales del presidente Obama», aseguró el ACLJ.
En un comunicado por separado, el senador Cruz aseguró que la decisión judicial es un «punto de inflexión en la batalla para detener la amnistía fuera de la ley de Obama».
Republicanos
Mostrando la sintonía de los republicanos en el Congreso en este asunto, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que el revés para la Casa Blanca demuestra que Obama «no tiene la autoridad para realizar este tipo de acciones».
McConnell pidió a los senadores demócratas que dejen de obstaculizar la propuesta republicana de incluir enmiendas para acabar con las acciones diferidas de Obama, un desacuerdo que podría llevar este mes a un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por falta de fondos.
La congresista demócrata por California Linda Sánchez, presidenta del caucus hispano del Congreso, aseguró que hay precedentes en el uso del poder ejecutivo en asuntos migratorios, tal y como hizo en su momento el presidente republicano Ronald Reagan
Brent Wilkes, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), aseguró que la postura adoptada por los republicanos ignora que la necesidad de que Obama recurriera a una acción ejecutiva se dio por la oposición de congresistas conservadores a la reforma migratoria consensuada entre senadores de ambos partidos.
«Confiamos en que las acciones del presidente serán encontradas constitucionales por un tribunal y se dará luz verde a su implementación. Mientras tanto, LULAC asistirá a las familias que se preparan para el proceso de solicitud», explicó Wilkes.
Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), confió en que un tribunal revoque finalmente la decisión del juez tejano y «reafirme la legitimidad de ese alivio administrativo, poniéndose de lado de los incontables juristas que indicaron que el presiente estaba actuando dentro de autoridad».
La orden del juez Hanen limita al presidente Obama de implementar la acción ejecutiva del 20 de noviembre.
Maribel Hastings, asesora ejecutiva de America’s Voice, explica detalles del fallo del juez Andrew Hanen.
La Casa Blanca reitera que las acciones del Presidente Obama están dentro de sus facultades legales.
Entre las propiedades aseguradas se encuentran hoteles, complejos turísticos de playa, centros de espectáculos, etc.
La presidenta de Argentina dijo que está dispuesta a ‘aguantar’ lo que sea necesario, luego de ser imputada por presunto encubrimiento a terroristas.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, designó este jueves a cuatro fiscales federales para reemplazar al fallecido Alberto Nisman en la Unidad Fiscal especial por el atentado a la mutual judía AMIA en Buenos Aires en 1994.
Gils Carbó designó para esos cargos a Sabrina Namer, Roberto Salum y a Patricio Ciavadini, en tanto Juan Murray se desempeñará como coordinador.
«Logramos formar un equipo que nos parece muy equilibrado por su integridad y valentía», señaló la titular del Ministerio Público Fiscal, al anunciar los reemplazantes de Nisman, cuya extraña muerte es investigada por la Justicia.
El 14 de enero Nisman denunció por supuesto encubrimiento a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, su canciller, Héctor Timerman, y otros dirigentes kirchneristas. Los acusó de encubrir a los sospechosos iraníes de volar la AMIA a cambio de supuestos beneficios comerciales para el país.
A los cuatro días, el fiscal apareció muerto en el baño de su departamento con un disparo en la cabeza. Esto ocurrió el día previo a que el funcionario se presentara en el Parlamento para detallar su denuncia y supuestamente presentar pruebas.
La Justicia investiga las circunstancias de la extraña muerte. A la espera de que la Justicia determine cómo falleció Nisman, la Procuradora General de la Nación afirmó este jueves que la muerte del fiscal «es un hecho de gran impacto político y social».
Se trata del funcionario que «estaba investigando el atentado terrorista más grave que ha sufrido este país», señaló en relación con el atentado a la AMIA Alejandra Gils Carbó en la conferencia de prensa en la que reveló los nombres de quienes continuarán con la investigación en lugar del fallecido Nisman.
«Es un momento de duelo que nos agobia porque la muerte de Nisman nos golpea en lo afectivo y en lo laboral a todo el Ministerio Público Fiscal», añadió.
A su vez, la Procuradora General de la Nación, cuestionada desde la oposición porque supuestamente responde a los intereses del gobierno, aseguró que «nunca se pensó en remover de su cargo» al fallecido Nisman, rechazando los trascendidos que indicaban que ella planeaba desplazar al fallecido fiscal antes de su muerte. (I)
Cristina Kirchner no es la única presidenta que ha tenido problemas con la Justicia. Hoy fue imputada por encubrir un atentado. Aquí, otros casos.
La Justicia argentina imputó este viernes a la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a raíz de la denuncia por presunto encubrimiento en el atentado a la mutual judía AMIA que presentó el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de su extraña muerte.
La mandataria fue imputada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien dio curso a que se investigue la denuncia que presentó Nisman el 14 de enero.
Cuatro días antes de ser hallado sin vida en su departamento y con un disparo en la cabeza, Nisman había acusado a la presidenta de encubrir a los sospechosos iraníes de haber volado la AMIA en 1994 en Buenos Aires, el peor atentado en la historia argentina con 85 muertos y cientos de heridos.
El fallecido Nisman también había involucrado en su denuncia al canciller, Héctor Timerman, al dirigente kirchnerista Luis D’Elía y al disputado oficialista Andrés Larroque. También ellos fueron imputados en el dictamen que presentó el fiscal Pollicita en el juzgado de DanielRafecas, que investigará el caso.
Las alternativas eran desestimar la denuncia de Nisman, como especulaba el gobierno al considerarla «sin sustento», o darle lugar a la investigación y pedir medidas de pruebas, que es lo que decidió el fiscal Pollicita. (I)
Una sola intención tienen los técnicos del Deportivo Quito y Deportivo Cuenca, Tabaré Silva y Paúl Vélez, en ese orden: alcanzar el primer triunfo en el torneo, luego de que en las dos primeras fechas los resultados les fueron adversos. Estos dos equipos se enfrentarán hoy en el estadio Atahualpa, en el inicio de la tercera fecha.
“Debemos pensar en no perder más”, apuntó el ecuatoriano Vélez, en la previa del juego. Los morlacos cayeron (2-1) con Mushuc Runa y luego (1-2) con la U. Católica. “Lo más importante no es cómo se inicia, sino cómo se termina”, reflexionó.
La Secretaría uruguaya de Derechos Humanos desmintió este miércoles haber negado información de interés para el juicio que se abre mañana, 12 de febrero del 2015, en Italia con el fin de esclarecer los asesinatos de una veintena de italianos en Latinoamérica en las décadas de los años 70 y 80, en el marco de la Operación Cóndor.
En un comunicado, la secretaría niega «terminantemente» las informaciones de prensa en las que, según dice, se le ha acusado de negar la información solicitada por testigos citados por la justicia italiana al proceso.
Además puntualiza que el Estado uruguayo es parte civil en la causa por el también llamado Plan Cóndor, que fue armado por las dictaduras militares del Cono Sur para reprimir conjuntamente a sus respectivos opositores.
«Tales versiones no contribuyen a la búsqueda de la verdad, sembrando incertidumbre y desconfianza en las personas involucradas y directamente afectadas por los hechos que se investigan», señala la secretaría.
En la causa por la Operación Cóndor, de la que mañana se celebrará la primera audiencia en Roma, los imputados son 32 antiguos miembros de las Juntas Militares de Bolivia (1), Chile (11), Perú (4) y Uruguay (16).
Entre los uruguayos se encuentra Jorge Néstor Troccoli, acusado de participar en el asesinato de seis personas, quien tiene también la nacionalidad de Italia, país en el que se radicó para huir de la justicia de Uruguay.
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El comunicado destaca que la secretaría, en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos y Derechos Humanitario de Cancillería, «ha estado comprometida con la selección de unidades documentales existentes en los archivos bajo su custodia y en expedientes judiciales en Uruguay».
Concreta que esta documentación se tradujo al italiano, «legalizando y remitiendo» dichos documentos al abogado contratado por el Estado uruguayo.
«En el mes de enero de 2015, ante solicitudes de documentación por parte de testigos para ser presentada en la Megacausa «Plan Cóndor», los distintos equipos de la secretaría vienen trabajando para reunir dicha documentación, la cual se brinda desde el servicio en el archivo, tarea habitual de esta Secretaría», explica el texto.
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Por último, el comunicado reafirma el «compromiso, como Secretaría de Derechos Humanos abocada al pasado reciente, de seguir aportando al conocimiento de «la Verdad y a la Justicia». (I)