El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, declaró este sábado tres días de luto nacional tras la matanza del pasado jueves en la Universidad de Garissa en la que murieron 148 personas y pidió a los ciudadanos que permanezcan unidos.
En un discurso televisado, el primero desde que finalizó la operación de asalto, el presidente keniano condenó el ataque, que calificó de «bárbaro», y prometió «hacer todo lo posible para defender nuestro estilo de vida».
Kenyatta aseguró que las fuerzas de seguridad están haciendo todo lo que está en su mano para capturar al cerebro del ataque, Mohamed Kuno, que el Gobierno keniano ha identificado como el líder de Al Shabab en la región somalí de Juba, fronteriza con las zonas más afectadas por los ataques del grupo islamista.
El ataque contra la Universidad de Garissa, el peor desde el atentado contra la embajada de Estados Unidos en Nairobi en 1998 que causó 213 muertos, ha vuelto a poner de manifiesto la división que existe en Kenia entre cristianos y musulmanes, pues estos últimos se consideran marginados por el Gobierno central.
A este respecto, Kenyatta pidió a la comunidad musulmana que colabore con las fuerzas de seguridad para combatir a los radicales que utilizan el islam para conseguir sus propios objetivos.
El presidente keniano también lamentó que las operaciones antiterroristas son muy complejas porque «los que planifican y financian esta brutalidad están muy arraigados en nuestras comunidades».
En los dos últimos años Al Shabab ha perpetrado numerosas masacres en territorio keniano, entre las que destacan las del centro comercial Westgate de Nairobi (2013), las de Mpeketoni, Gamba y Mandera (2014) y la más reciente en Garissa (2015), que han causado más de 350 muertos en total.
En 2011 el Ejército de Kenia invadió el sur de Somalia en respuesta a varios secuestros de turistas y extranjeros que el grupo islamista había llevado a cabo en el noreste del país, una acción que Al Shabab consideró como una declaración de guerra.(I)
«Estamos desesperados e indignados por la impotencia de no poder encontrarlos y por las mentiras del Gobierno».
Mark Brnovich, secretario de Justicia estatal, dijo que parecía improbable que el estado ganaría la apelación.
La AFL-CIO no baja la guardia y confía en que las cortes permitirán que la acciòn ejecutiva entre en vigor.
Un grupo armado atacó las instalaciones de una universidad en Kenia con un saldo de al menos 15 muertos.
La Cancillería de Ecuador felicitó hoy a Nigeria por la realización de las elecciones presidenciales del pasado domingo y expresó su reconocimiento por «este nuevo ejercicio de convivencia democrática», al tiempo que felicitó al presidente electo, Muhammadu Buhari.
El gobierno ecuatoriano auguró éxitos al nuevo Gobierno, «no solo frente a los múltiples desafíos que encara actualmente la hermana República, sino también en el papel fundamental que representa Nigeria en el concierto africano, y en el Sur Global», señaló en un comunicado.
Buhari, candidato del partido opositor Congreso de Todos los Progresistas (APC, en inglés), ganó las elecciones presidenciales en Nigeria al lograr un 54 % de los votos e imponerse a su principal rival, el actual presidente, Goodluck Jonathan, del Partido Democrático Popular (PDP).
Según los resultados divulgados ayer por la Comisión Electoral Independiente de Nigeria (INEC), Buhari obtuvo un total de 15.424.683 votos, mientras que Jonathan logró 12.853.162 votos, que representan el 45 % del total.
Así, Buhari, general musulmán retirado de 72 años, venció con una diferencia de más de 2,5 millones de votos respecto de su principal rival, Jonathan, de confesión cristiana, religión predominante el sur, pero minoritaria en el país. (I)
Es señalado de utilizar su oficina de manera inapropiada para beneficiar a un oculista del estado de Florida.
El Gobierno de Dilma Rousseff solo es aprobado por el 12 por ciento de los electores de Brasil, reveló un sondeo del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE, privado) divulgado hoy, exactamente tres meses después del inicio del segundo mandato de la presidenta.
Según la encuesta, realizada por encargo de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), el 64 por ciento de los encuestados tildó de «mala» o «pésima» la actual gestión, mientras que el 23 por ciento la calificó de «regular».
El IBOPE apuntó que los resultados de la investigación, que se basa en entrevistas hechas a 2.002 electores de 142 municipios entre el 21 y el 25 de marzo, representan un retroceso de 28 puntos porcentuales en la aprobación al gobierno frente a la encuesta anterior, realizada en diciembre de 2014.
La popularidad personal de Rousseff también registró una caída acentuada, al pasar del 52 por ciento, en diciembre, al 19 por ciento, actualmente.
Además, el 74 por ciento de los entrevistados afirmó que no confía en la mandataria, y el 76 por ciento afirma que el segundo mandato de Rousseff, conquistado en las urnas de octubre pasado, es peor que el primero. (I)
La ausencia de transporte público que vivió este martes Buenos Aires y otras ciudades de Argentina provocaron que decenas de ciudadanos usen la bicicleta para ir a sus trabajos o lugares de estudio.
En redes sociales circularon fotos en las que se ve a los argentinos pedaleando solos o en grupo a pocos metros de las filas de autos.
La vía de metrobus 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires, por motivo del Paro nacional de transporte quedó totalmente…
Posted by LibreActividad on Martes, 31 de marzo de 2015
La huelga de 24 horas incluyó al transporte público de pasajeros, transporte de cargas, vuelos, bancos, gasolineras y puertos, cuyos trabajadores reclaman una respuesta del Gobierno ante la presión impositiva y la caída del poder adquisitivo que según dicen sufren por la alta inflación.
Además exigen una rebaja en el impuesto que grava al salario, en medio de la delicada situación económica que vive el país siete meses antes de los comicios presidenciales. (I)
Los principales sindicatos de Argentina iniciaron este martes una huelga general de 24 horas para exigir una rebaja en el impuesto que grava al salario, en medio de la delicada situación económica que vive el país siete meses antes de los comicios presidenciales.
La medida de fuerza afecta principalmente al transporte público de pasajeros, transporte de cargas, vuelos, bancos, gasolineras y puertos, cuyos trabajadores reclaman una respuesta del Gobierno ante la presión impositiva y la caída del poder adquisitivo que según dicen sufren por la alta inflación.
«El paro es la respuesta a no escuchar los reclamos de lo injusto de que nos sigan descontando dinero de los salarios (…) Es un éxito total», dijo a una radio local el secretario adjunto del poderoso Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano.
Un grupo de hombres participa en una manifestación a la entrada de un banco cerrado por la huelga en Buenos Aires. (EFE)
La huelga, que tiene lugar cuando están comenzando las negociaciones salariales entre sindicatos y empresas, fue convocada inicialmente por los gremios de trabajadores del transporte, y luego adhirieron a ella las poderosas centrales sindicales opositoras, partidos de izquierda y algunos gremios oficialistas.
Los líderes sindicales aseguran que la escala del impuesto a las ganancias que se aplica a los salarios quedó desactualizada por la alta inflación y cada vez más trabajadores se ven obligados a pagar una elevada tasa del gravamen.
En Buenos Aires los recolectores de basura están en paro. (Foto AFP)
Una parte de los aumentos salariales otorgados por las empresas y el Estado para compensar la alta inflación se perderían por el impuesto, según los sindicalistas.
«Es necesario que el Gobierno escuche el reclamo de los trabajadores, no es posible que el salario pague impuestos. No solo esto nos afecta, también la inflación carcome el poder adquisitivo», dijo a Reuters la trabajadora bancaria Claudia Ferretti, de 35 años.
Los autos particulares invadieron las calles de Buenos Aires, ya que no había autobuses, trenes ni servicio de metro.
Agrupaciones de izquierda realizaron piquetes en los accesos a la ciudad para disuadir a los trabajadores de ir a sus empleos.
Los mercados financieros operaban con una actividad muy reducida, mientras que los puertos de granos del área de Rosario y la plaza ganadera de Liniers, en Buenos Aires, estaban prácticamente paralizados.
El ingreso de camiones para descargar mercadería en la zona portuaria de Rosario cayó un 55,3 por ciento con respecto al lunes, a 2.543 vehículos.
Críticas del gobierno
A siete meses de las elecciones presidenciales, el Gobierno de Cristina Fernández -quien no podrá presentarse a una nueva reelección- consideró que la huelga tenía carácter estrictamente político, y adujo que el Impuesto a las Ganancias -que grava los sueldos- afecta sólo a los trabajadores de salarios altos.
«¿Por qué están parando? Están parando por defender los sueldos altos de otros gremios (los sindicatos del transporte). Parece que se mofan de quien tiene vocación de trabajar, algo inconcebible», señaló el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a periodistas.
Fernández agregó que la tasa grava sólo al 7 u 8 % de los trabajadores del transporte automotor en huelga.
La paralización es impulsada por la principal central obrera opositora al Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) -que controla sindicatos clave como el de choferes de camiones-, y la más pequeña Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), con influencia sobre los gremios de empleados estatales.
La inflación fue superior al 30 por ciento el año pasado, según muchos economistas particulares, mientras que se espera que se ubique por encima del 20 por ciento en el 2015, en medio de un estancamiento de la actividad económica por la falta de divisas para financiar la producción y una caída en el consumo. (I)
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La XLV Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se celebrará los próximos 15 y 16 de junio en la sede del organismo en Washington, con un presupuesto «austero», decidió este lunes la organización hemisférica.
El Consejo Permanente de la OEA fijó hoy la fecha y el lugar para la cita anual de cancilleres del continente, un mes después de que Haití, que debía ser el país anfitrión de la Asamblea General, renunciara a encargarse de la reunión por «motivos económicos y logísticos», entre ellos la campaña electoral en esa nación.
Dado que ningún Estado miembro se ha ofrecido a acoger la cita con la antelación necesaria, y según las reglas de la OEA, «la XLV Asamblea General será celebrada en la sede de la secretaría general» del organismo, en Washington, dijo la presidenta de turno del Consejo Permanente, la embajadora surinamesa Niermala Badrising.
Durante la sesión Ordinaria del Consejo Permanente de la OEA para decidir la fecha y lugar de la reunión, el representante permanente de Haití ante la OEA, Bocchit Edmond, expresó «el más sincero pesar» del Gobierno de Haití por no poder acoger la reunión del organismo, debido al proceso electoral en que está inmerso el país.
Edmond expresó «la voluntad firme» del Gobierno haitiano de mantener un buen ambiente electoral y explicó que, por ello, no considera «pertinente» acoger la reunión de la OEA, que supondría el gasto «de muchos recursos y mucha atención» en plena campaña.
El voto para decidir la fecha se hizo por aclamación, es decir sin votación formal y por unanimidad.
Agenda
Además, durante la reunión, las delegaciones de los países formularon diferentes propuestas sobre el tema de la Asamblea General, aunque la decisión no se tomará hasta la próxima reunión del Consejo Permanente.
Catorce países, a propuesta de Uruguay, pidieron que el tema sea «el presente y futuro» de la OEA, aprovechando que será la primera Asamblea General del excanciller uruguayo Luis Almagro, elegido este mes secretario general del ente regional y que sustituirá el próximo 26 de mayo al chileno José Miguel Insulza.
«Estamos viendo que se realice en Washington, con un presupuesto austero, sujeto a lo que está aprobado en el presupuesto para estos eventos, y que consideremos la participación del nuevo secretario general para que nos aboquemos a trabajar, pensar y discutir sobre el futuro de la organización», dijo el representante permanente de Chile ante la OEA, Juan Pablo Lira Bianchi, que apoyó la propuesta de Uruguay.
La propuesta recibió también el apoyo de Estados Unidos y Haití, cuyo representante permanente propuso la creación de un documento en el que los cancilleres de los países miembros plasmen su apoyo al nuevo secretario general para conformar una «hoja de ruta» sobre el futuro y la visión estratégica de la organización.
Sin embargo, Nicaragua, Bolivia y Venezuela pidieron que la decisión sobre el tema se retrase hasta después de la Cumbre de las Américas, que se celebrará el 10 y 11 de abril próximos en Panamá.
A tenor de estas discrepancias, el embajador permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Emilio Rabasa Gamboa, propuso que la decisión sobre el tema se incluya como punto del día de la próxima reunión del Consejo Permanente el 15 de abril, cuando faltarían dos meses para la Asamblea General.
Sobre el formato de la reunión, el representante permanente de Ecuador, Marco Vinicio Albuja Martínez, propuso un «formato minimalista» que favorezca un «diálogo familiar» entre los cancilleres y el nuevo secretario general tanto sobre el futuro de la organización, como sobre temas internos de financiación.
En febrero pasado, el canciller haitiano, Duly Brutus, comunicó la renuncia del país a acoger la Asamblea General en una carta enviada al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, debido a «limitaciones de tipo económico y logístico» en Haití.
La concesión de la sede de la XLV Asamblea General Ordinaria a Haití se había decidido por aclamación durante la XLIV Asamblea General, celebrada el año pasado en Asunción (Paraguay).
La Asamblea General es el foro político más importante de la organización, y en ella participan 34 países, todos los del continente con la excepción de Cuba. (I)
La Central de Trabajadores de Cuba (CTC, única) llamó este lunes a realizar actos y desfiles masivos frente a la «estrategia» de Estados Unidos hacia la isla comunista, y en solidaridad con la «hermana» Venezuela, según una convocatoria publicada en el diario oficial Granma.
«Son muchos los desafíos del presente en un contexto político internacional caracterizado por un nuevo enfoque de la estrategia del Gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, que aun cuando reconoce el fracaso de su política de acoso, agresión y guerra mediática, mantiene medidas que continuaremos denunciando y condenando ante el mundo», señala la proclama sindical.
Entre esas medidas, la Central sindical mencionó «el genocida bloqueo (embargo)», que Washington aplica contra la isla desde 1962, «la injusta inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo y la ocupación del territorio donde se asienta la base naval (estadounidense) en Guantánamo».
Asimismo, la CTC convocó a los trabajadores cubanos a «participar activamente en la celebración de la jornada del 1ro de mayo y a desfilar masivamente» para expresar «el compromiso irrestricto con la hermana República Bolivariana de Venezuela».
El 17 de diciembre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro hicieron el histórico anuncio de que ambos países restablecerían relaciones diplomáticas tras medio siglo, pero Washington ha dejado claro que no hay cambio en el objetivo de buscar la democratización de la isla comunista, sino de métodos, pues la política del embargo ha sido ineficaz.
El 9 de marzo, el gobierno estadounidense impuso sanciones a siete funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro amparado en un decreto presidencial, en el que califica la situación de Venezuela como una «amenaza extraordinaria e inusual» a la seguridad estadounidense.
La Habana dio ese mismo día «su incondicional apoyo» a su aliado venezolano y calificó las sanciones a Caracas de medida «arbitraria y agresiva».
Venezuela es el principal aliado político y socio económico de Cuba, a la que suministra petrólero con facilidades de pago y compra los servicios de miles de médicos y otros profesionales.
Un Tribunal de Caracas ordenó este jueves que sea puesto en libertad el exalcalde de San Cristóbal del estado Táchira (oeste), el opositor Daniel Ceballos, condenado por desacato que, sin embargo, sigue en prisión a la espera del juicio adicional que afronta por rebelión civil y asociación para delinquir.
La jueza Shirley Páez, del Juzgado Undécimo capitalino, dijo en su sentencia de hoy que Ceballos «fue sancionado» por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 25 de marzo de 2014 a doce meses de prisión, y que una vez cumplida la pena debe recuperar su libertad.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez, defensor del también dirigente opositor Leopoldo López, sostuvo en la red social Twitter que otro tribunal caraqueño debe aún decidir sobre el delito adicional de rebelión civil y agavillamiento (asociación delictiva) que también pesa sobre Ceballos.
Ceballos fue condenado hace un año a 12 meses de prisión por desacato a una medida cautelar del TSJ que obligaba a las autoridades municipales a impedir la colocación de barricadas durante las protestas que sacudieron el país durante el año pasado de febrero a mayo.
Ceballos fue destituido por el TSJ, y acto seguido el Consejo Nacional Electoral venezolano convocó a elecciones que, dos meses después, ganó su esposa
El ahora exalcalde fue detenido el 20 de marzo de 2014 y trasladado al penal militar de Ramo Verde próximo a Caracas, donde también esperan sentencia el líder opositor Leopoldo López, exalcalde del municipio caraqueño Chacao, y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
Sobre el proceso contra López, en prisión desde el 18 de febrero de 2014 acusado de promover violencia durante una marcha que dio comienzo a una oleada nacional de protestas antigubernamentales, la fiscal general, Luisa Ortega, aseguró el pasado día 6 que de 20 audiencias de juicio convocadas el político ha faltado a ocho.
Los hechos violentos registrados durante las protestas antigubernamentales entre el 12 de febrero y el 30 de junio de 2014 ocasionaron la muerte a 43 personas y lesiones a 878, además de cientos de detenidos.
López está acusado por la Fiscalía de instigación pública, agavillamiento (asociación para delinquir), daños a la propiedad e incendio de oficinas y vehículos públicos relacionados con los hechos de violencia registrados el 12 de febrero.
Ese día, al término de una manifestación a la que convocó en el centro de Caracas, se registraron, además de daños materiales, tres muertos, lo que dio paso a la ola de protestas y marchas contra el Gobierno.
Ortega ha recordado que hasta inicios de marzo quedaban en prisión 41 personas vinculadas a estos hechos, «de las cuales 14 son funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y dos estudiantes».
La Mesa de la Unidad (MUD), la plataforma de partidos opositores al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, dispuso recientemente que Ledezma, López y Ceballos sean candidatos en las elecciones parlamentarias que a finales de año renovarán la Asamblea Nacional (AN, Parla mento).
Ledezma está preso desde el pasado 20 de febrero imputado por presuntamente incurrir en los delitos de «conspiración y asociación» por su supuesta vinculación en «planes conspirativos» denunciados este año por el Gobierno de Maduro. (I)