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El uno había abandonado su guarida en la zona montañosa entre los estados de Michoacán y Guerrero para instalarse en una casa en Morelia. El otro había optado por ocultarse en una residencia en San Pedro Garza, uno de los municipios más ricos de México, donde intentaba pasar inadvertido con una seguridad personal reducida.

El primero era Servando Gómez, conocido como la Tuta y líder del cartel Los Caballeros Templarios. El segundo, Omar Treviño, el Z-42 de la organización criminal Los Zetas.

Por su alta peligrosidad eran intensamente buscados por las autoridades mexicanas hasta que el 27 de febrero fue apresado Gómez y cinco días después (4 de marzo), Treviño. Operativos que la policía federal y militares ejecutaron, según la versión oficial, al igual que las aprehensiones de Miguel Ángel Treviño (hermano del Z-42) en el 2013 y Joaquín el Chapo Guzmán en el 2014, “sin disparar un solo tiro”.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) destaca que meses de trabajo de inteligencia permitieron realizar estos operativos exitosos sin hacer un solo disparo. Una acción que genera dudas como lo señala Ricardo Ravelo, autor del libro Los Zetas: la franquicia criminal, en una nota publicada en la revista Variopinto, pues “no se sabe si fueron capturados o en realidad ellos se entregaron”.

El analista Manuel Narváez Narváez, en el editorial ‘¿Será tan bueno como parece?’, publicado en el diario mexicano El Informante, menciona que resulta inevitable que las dos detenciones exitosas y las cercanías entre ambas generen suspicacias y dudas.

“Sencillamente, sus capturas tan limpias no corresponden a la siniestra actividad que realizan los capos mexicanos y la terrible fama que les precede”, manifiesta.

La Tuta, según diarios mexicanos con base en información de la Fiscalía, es considerado un hombre violento capaz de asesinar “solo porque quien le leía las cartas de Tarot le revelaba que “alguien lo traicionaría”.

El Z-42 nunca pudo ejercer el control absoluto de Los Zetas, tras el arresto de su hermano Miguel Ángel, debido a “su perfil extremadamente violento”.

Las felicitaciones de la agencia antidrogas estadounidense DEA por la aprehensión de la Tuta favorecen políticamente al mandatario Enrique Peña Nieto, quien enfrenta desde hace cinco meses una crisis por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural del magisterio de Ayotzinapa ejecutada por el cartel local Guerrero Unidos y policías corruptos.

Peña Nieto, antes de culminar su visita oficial en Reino Unido, aprovechó para elogiar a las fuerzas de seguridad mexicanas por la captura del Z-42. La detención “reafirma el compromiso del gobierno de la República para seguir trabajando en favor del México de paz y seguridad que queremos todos”, dijo el mandatario, quien enfrenta el 60% de desaprobación de su gestión (según encuestas de diciembre pasado).

En los dos años de gobierno de Peña Nieto, diez grandes capos de las organizaciones más poderosas o más violentas fueron apresados o encontraron la muerte en operativos.

Sin embargo, para el especialista Edgardo Buscaglia, las aprehensiones son solo golpes de efecto. Los gobiernos mexicanos detienen a “más y más capos y las mafias crecen más y más” porque no se confisca el dinero de las mafias que alimentan la corrupción política, cuestionó en Twitter.

José Reveles, experto en temas de narcotráfico, agrega que si el Gobierno no ataca el tema monetario, “quitarles los millones, la complicidad de los municipios y las armas”, no se logrará avanzar contra este mal social.

Según Javier Oliva, académico y especialista en temas de seguridad, los grupos criminales han cambiado en los últimos años su forma de operar, ya “que en vez de controlar rutas”, ahora dominan “plazas o localidades”, lo que ha fragmentado su capacidad de operación y también hace más difícil para la autoridad combatirlos.

Dice que los carteles se están dividiendo en grupos más pequeños y diversificando los negocios como Los Zetas, que surgieron del brazo armado del cartel del Golfo y fueron los precursores de carteles que no solo se dedican al narcotráfico, sino a otras actividades, como la extorsión. La semana pasada, Amnistía Internacional (AI) cifró en 22.000 las personas que permanecen secuestradas o desaparecidas en el país.(I)

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México es «un cruel ejemplo de como la violencia criminal puede amenazar ganancias democráticas», advierte.

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Expertos de CIDH se reúnen con padres de los 43 desaparecidos en México

Un grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue recibido hoy en México en la escuela rural del magisterio de Ayotzinapa por los padres de 43 estudiantes desaparecidos, al inicio de una misión de seis meses para evaluar las acciones del Estado mexicano en este caso.

«Vamos a tratar de llegar a la verdad de los hechos», dijo a periodistas el médico y psicólogo español Carlos Beristain, uno de los cinco integrantes de la comisión. «Se dará un informe preliminar a los tres meses para conocer el avance del caso y estudiar bien el expediente», afirmó.

Los especialistas llegaron el lunes por la tarde a la comunidad de Tixtla del sureño estado de Guerrero donde se encuentra la escuela para reunirse primero con los padres y después con un grupo de estudiantes.

«Tengo esperanza de que con esta presencia de los investigadores internacionales se pueda llegar a la verdad», dijo a dpa una madre que pidió no ser identificada. «Siempre hemos insistido en que haya un acercamiento con nosotros, que somos las víctimas».

Antes de viajar a Guerrero, los expertos se reunieron hoy en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México con la subsecretaria de derechos humanos, Lía Limón, con la encargada de la subprocuraduría de derechos humanos, Eliana García, y con el director general de derechos humanos de la cancillería, Alejandor Alday, que les dieron la bienvenida, según un comunicado oficial.

Visión de fiscalía

La fiscalía general mexicana concluyó a finales de enero que los estudiantes fueron detenidos, asesinados e incinerados en un basurero para hacer desaparecer sus restos, resultados que fueron rechazados por las familias.

Los padres y abogados de los jóvenes consideran que no existen suficientes evidencias científicas en ese sentido, ya que sólo los restos calcinados de uno de los jóvenes se han podido identificar con pruebas de ADN.

La misión de expertos fue creada en base a un acuerdo de asistencia técnica firmado en noviembre entre la CIDH, el Estado de México y las organizaciones no gubernamentales que representan a los 43 estudiantes y sus familias.

Además de Beristain, integran la comisión la exfiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz, la abogada y socióloga colombiana Ángela Buitrago, el abogado chileno Francisco Cox Vial y el abogado colombiano experto en derechos humanos Alejandro Valencia Villa.

Los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre después de ser entregados por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos, que supuestamente los confundió con miembros de un grupo rival y los mató.

La creación de esta comisión «es una situación inédita en términos de derechos humanos, es algo extraordinario», dijo el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, al indicar que sólo en pocas ocasiones anteriores la CIDH ha brindado asistencia técnica de este tipo. (I)

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