Son tan altas, que desde arriba y dentro de ellas se ve completo el parque Victoria, una gran parte de la avenida Quito, los cientos de autos que pasan por allí y las decenas de peatones que transitan a sus pies y que lucen como hormiguitas; pero su altura pasa desapercibida, igual que su peligro, pues es solo allí, arriba, donde uno puede notar que esas columnas esqueléticas y vetustas podrían causar víctimas si llegasen a caer.

En los archivos de la patrimonial iglesia Nuestra Señora del Carmen reposa el estudio de diagnóstico que se efectuó tras el sismo de 2016. Está en un cuaderno de cientos de páginas, pero a Guayaquil le deben importar sobre todo unas líneas de la hoja 96: “Los muros, columnas y losas de la torre se deben derrocar”.

La estructura está carcomida por el tiempo y el terremoto de hace tres años la terminó de sentenciar. Así lo advertía en abril pasado el párroco colombiano Gonzalo Zapata, quien está a cargo del templo, pero hoy ese aviso mutó a amenaza. “Podría caerse en cualquier momento y todavía no hay dinero para retirarlas”, lanza la voz de alerta, una vez más, el sacerdote.

En junio pasado, personal del Municipio y de los bomberos se acercó al templo a recordar que esa parte de la iglesia debe demolerse, pero al padre no le queda más que quedarse de brazos cruzados y esperar ayuda. “Para la Arquidiócesis ahora la prioridad es la Catedral (también afectada por el terremoto)”, comenta. El Municipio, por su parte, en otras ocasiones ha sido enfático al decir que no tiene la competencia de arreglar este tipo de daños, como acentuó en un enlace el exalcalde, refiriéndose a la Catedral.

También el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) confirma el estado de la estructura de Nuestra Señora de la Merced. “La iglesia presenta un deterioro avanzado en las torres, y los movimientos sísmicos podrían poner en riesgo su estabilidad”. Es decir, mientras más temblores, más riesgo.

La entidad, a la que le compete la asesoría y control técnico para la protección, conservación y salvaguarda del patrimonio cultural del Ecuador, solicitó la liberación de elementos arquitectónicos y decorativos que se encuentran en riesgo de colapso y que podrían “eventualmente causar daños a sus ocupantes o moradores del sector”.