Recurrir a los recursos de aclaración y ampliación, primero, para luego solicitar el recurso de casación es la ruta definida por las defensas de los 18 procesados dentro del caso Sobornos, a quienes el lunes último se les ratificó la sentencia por el delito de cohecho agravado, y también por la defensa de Alberto Hidalgo, empresario que recibió una reducción en su pena de ocho años a 32 meses de cárcel.

El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán, desechó los argumentos de nulidad, rechazó las apelaciones interpuestas y ratificó las sentencias y calidades impuestas a 18 de ellos, entre quienes están los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas.

Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Correa, aseguró que pedirá la aclaración y ampliación de lo que él califica como un “írrito fallo” antes de plantear la casación. Él cree que en la aclaración tendrán que explicar los jueces por qué no respetaron la inviolabilidad del derecho a la defensa y con base en qué pruebas se condenó al expresidente.

“El expresidente Rafael Correa ha sido y es muy escéptico en tener esperanzas con la justicia penal ecuatoriana. Hay un proceso de criminalización mediático y mediatizado. No hay pruebas que permitan condenarlo”, dijo Zambrano Pasquel.

El presidente del Tribunal, David Jacho, durante la lectura de la resolución unánime, dijo que Correa desde la presidencia de la República “instigó y aconsejó”, conjuntamente con Jorge Glas, a sus ministros, secretarios, gobernadores, asesores y más funcionarios para que, a través de Pamela Martínez, reciban valores económicos ilícitos en efectivo y vía cruce de facturas, ofrecidos por varios empresarios procesados.

Según el Tribunal, las ofertas y promesas aceptadas tenían como finalidad el otorgar beneficios a los empresarios involucrados.

Pese a que Hidalgo, superintendente de la empresa Hidalgo & Hidalgo, recibió una sentencia menor a la inicialmente dispuesta, su defensa cree que la interpretación del Tribunal de Apelación es errónea y llevará a casación la sentencia. Patricio Acosta, uno de los abogados de Hidalgo, asegura que él es inocente y eso debe ratificarse.

El procurador general Íñigo Salvador sobre la sentencia de Hidalgo dijo que esta responde a la línea de defensa por la que optaron sus abogados, es decir, los abogados del empresario habrían dicho que él era un empleado de Hidalgo & Hidalgo.

“Los jueces del Tribunal de la CNJ lo que han dicho es sí se ha demostrado que la compañía Hidalgo & Hidalgo ha estado envuelta en una trama de corrupción, pero Alberto Hidalgo, a título personal, lo que hizo fue cumplir disposiciones de funcionarios de más alta jerarquía dentro de la compañía”, indicó Salvador en entrevista a Teleamazonas.

A Oswaldo Trujillo, abogado de Víctor Fontana, exgerente general de la empresa Fopeca, le llama la atención la resolución porque dice que es evidente que el Tribunal no revisó el proceso, las pruebas y nada ha dicho respecto de los cargos de apelación que presentaron como defensa.

Afirma que se prepararán para la casación, aunque reconoce que es evidente que todo en este caso es un tema político que perjudica los intereses de las personas que inocentemente están involucradas. Adelantó que en el recurso de casación atacarán la vulneración y la violación de la ley en la sentencia de segunda instancia.

“No tenemos la esperanza de que la casación sea un éxito, porque es evidente que este es un caso político. Ya estamos preparando acciones internacionales en contra de los funcionarios de justicia que indebidamente han actuado dentro de esta causa. Vamos a demostrar con hechos y con pruebas la verdad”, aclaró Trujillo.

Jorge Luis Ortega, defensa de Walter Solís, se encuentra a la espera de que el Tribunal notifique su sentencia por escrito para presentar todos los recursos que la ley prevé. Para él, esta es una sentencia que no guarda los mínimos criterios de motivación y cambia absolutamente los hechos fácticos y la apreciación jurídica realizada por la Fiscalía.

La defensa de Édgar Salas, exrepresentante legal de la empresa Consermin, anunció que presentará el recurso de casación porque cree que existe la necesidad de un nuevo conjunto de jueces que pueda valorar objetivamente los argumentos que determinan que se han cometido múltiples errores que violentan la garantía de los derechos de Salas. (I)