Para Harold Burbano, de la Defensoría Pública, no hay la información adecuada para que el ciudadano pueda acceder a un refinanciamiento.

Punto Noticias. Apenas el 3 % de los deudores con el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess) refinanció los créditos hipotecarios con esta institución, debido a los problemas económicos causados por la pandemia, como estableció la Ley de Apoyo Humanitario.

Víctor Hugo Villacrés, expresidente del Consejo Directivo del IESS, señaló que hay más de 300 mil personas que perdieron el empleo adecuado, en el gobierno de Lenín Moreno, según datos del IESS.

Esta situación hace mucho más difícil que la gente que se quedó sin empleo pueda cancelar oportunamente sus deudas, por lo que, a su criterio, podría ser la razón por la que no se acercaron a refinanciar los créditos.

Destaca que el refinanciamiento o reestructura de la deuda es una posibilidad voluntaria que tiene el deudor, con lo que manifiesta su intención de pago, aunque en el corto plazo no pueda hacerlo, contando con períodos de gracia.

Villacrés sostuvo que, si la gente no recupera un empleo y sus ingresos, será muy difícil que se acerquen para un proceso de renegociación, en las diferentes instituciones financieras como el Biess.

A criterio del experto, a esta realidad se suma lo que considera una mala gestión de monitoreo del Biess, desde hace algunos años. Comentó que las instituciones financieras cumplen dos labores: ex ante; es decir, antes de entregar el crédito y una ex post, después. Con la primera trata de verificar la calidad del sujeto del crédito, si cumple los requisitos, si estuvo en los burós de crédito, cuál es la capacidad de pago, etc. Con la segunda, que es el monitoreo, se busca controlar, evaluar, comunicarse con los deudores para generar incentivos de pago.

Posiblemente, dice Villacrés, no se hizo un buen monitoreo, lo que en economía genera un riesgo moral. Significa que si alguien sabe que otro no paga su crédito hipotecario y no hay medidas para cobrarlo, ese alguien tampoco va a pagarlo. Probablemente es una mezcal de estos factores, considera.

Mientras tanto, Harold Burbano, funcionario de la Defensoría del Pueblo, señaló que preocupa mucho los efectos que ha tenido la pandemia en la calidad de vida de las personas.

Cree que el tema de los créditos, si bien es una situación privada entre la institución financiera y quien recibe el préstamo, se ha convertido en una situación general y sistemática que afecta derechos de las personas; no solamente al patrimonio sino a otro tipo de derechos, como la salud, alimentación, vivienda, por lo que la Defensoría ha tenido que intervenir.

Alerto que las atribuciones de la institución, en esta materia, son muy limitadas, por lo que se no puede ir más allá de un acompañamiento hacia la refinanciación. Lo que si ha hecho, dice, es apuntar hacia soluciones más estructurales, con acercamientos a la Junta Monetaria y Financiera, con cada institución financiera, con el Biess, Ministerio de Economía, Asamblea Nacional, Presidencia de la República, para el refinanciamiento adecuado de los créditos, al alcance de la ciudadanía.

Esta de acuerdo con que la reducción del ingreso familiar provoca que no se pueda cancelar el crédito, no solamente en el período de gracia por la pandemia, sino que genera una crisis a futuro, que no ha sido solucionada por las autoridades del Estado.

Burbano anotó que otro tema específico, en el cual no ha ingresado todavía la Defensoría, pero que es una línea de acción, es el hecho de que todos los procesos de refinanciación deben ser comunicados de manera adecuada.

Le parece que no existe un conocimiento claro por parte de la ciudadanía sobre la forma en la que puede acceder a la refinanciación de sus deudas y las posibilidades que tiene con las diferentes instituciones del sistema financiero.