Nueve llamados a juicio por entrega de crédito de Cofiec

Mientras a los integrantes del directorio del Banco Cofiec los liberó de culpa, el juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Paúl Íñiguez, convocó a juicio por supuesto peculado a 9 de los 20 acusados por la entrega irregular de un crédito al ciudadano argentino Gastón Duzac.

Germánico M., Roberto S., Omar I., María M. e Iván G., que eran miembros del directorio de la entidad bancaria al momento de la concesión del préstamo, fueron absueltos.

Estos funcionarios, según el juez, supuestamente no incurrieron en ningún delito aunque actuaron con negligencia lo cual habría sido aprovechado por quienes los engañaron para cometer peculado.

Íñiguez tomó esa decisión durante la audiencia preparatoria de juicio que concluyó ayer y en la que además se abrió la etapa de enjuiciamiento contra nueve personas, seis de ellos fueron señalados como presuntos autores del delito y tres como supuestos cómplices.

Como autores constan Pedro Delgado, expresidente del Banco Central del Ecuador y representante legal de la Ugedep; su cuñado y funcionario del banco, Francisco E. (único detenido); Antonio B., expresidente ejecutivo de Cofiec; Marcelo O., exgerente de Finanzas; Pedro Z., exgerente de Seguros Rocafuerte; y Duzac.

Como cómplices están las exoficiales de crédito Patricia S., Jacqueline J. y Zoila M.

Ellos, según el juez, actuaron con voluntad y conciencia en el proceso que terminó con la entrega del crédito vinculado, con lo cual transgredieron normas del manual de Cofiec.

Con esta resolución, a decir del fiscal general, Galo Chiriboga, se abre la posibilidad de formalizar el pedido de extradición en contra de Delgado desde los Estados Unidos, y de Duzac, que está en Argentina.

En el caso del expresidente del Central sería el segundo pedido ya que antes se solicitó su extradición dentro del proceso penal que enfrenta por la presunta falsificación de documento público. El resto de procesados fueron absueltos.

El fiscal indicó, además, que solicitará a la Policía que ubique a Antonio B., quien estaría a buen recaudo pero dentro del territorio nacional.

Tampoco descarta la posibilidad de impugnar las absoluciones, pero para ello esperará la notificación escrita del juez.

Ayer, Patricia S., acusada de cómplice, defendió su inocencia y recordó que fue ella quien denunció la falta de requisitos en la entrega del crédito.

800

mil dólares fue el monto del crédito que se le dio al argentino.

Nos sorprendió la actuación (del juez Paúl Íñiguez) sobre el directorio. Vamos a esperar la comunicación del juez y si la Fiscalía tiene posibilidades de apelar, lo hará”.

Galo Chiriboga, fiscal general