Los implicados en el caso de falsificación y distribución de medicamentos más grande en la historia del Ecuador fueron declarados, la tarde del viernes, culpables en segunda instancia.

A Marcelo V. y María T., gerente y presidenta de Mediveza, les ratificaron la sentencia de cinco años de prisión por ser los presuntos autores de este delito. En un operativo realizado en julio del 2017 se encontraron 18 toneladas de medicación adulterada en un laboratorio clandestino localizado en el sector de San Miguel de Putuzhi, al norte de la ciudad.

La reinstalación de la audiencia de apelación se cumplió en la Corte de Justicia del Azuay y estuvo a cargo del tribunal integrado por los jueces Julio Inga (ponente), Narcisa Ramos y Jenny Ochoa. Antes de dar su veredicto los magistrados expusieron sus consideraciones para determinar que sí existió materialidad del delito y participación de los procesados.

En primera instancia, el Tribunal de Garantías Penales del Azuay solo declaró culpable a Marcelo V. y absolvió a María T., por considerar que no conocía de las actividades, decisión que fue apelada por la Fiscalía y los abogados del Ministerio de Salud Pública (MSP) que actuaron como acusadores particulares.

Luego de un análisis los jueces por unanimidad consideraron que con Marcelo V. y María T. sí se cumplieron los verbos rectores incluidos en el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal donde se condena a quien “importe, produzca, fabrique, comercialice, distribuya o expenda medicamentos o dispositivos médicos falsificados (…)”.

Sobre lo primero que expuso el Tribunal fue la materialidad del delito. Inga leyó parte de las investigaciones y pericias realizadas desde el 2017 donde se determinó que en Mediveza se fabricaban medicamentos, a pesar que no tenían permiso para aquello.

También se mencionó que el día del allanamiento se encontraron fármacos con etiquetas adulteradas y otros almacenados en diferentes partes del laboratorio clandestino como en el baño; en este sitio, según la lectura del juez, se hallaron “cápsulas a granel”, los mismos que luego eran distribuidos y vendidos en diferentes farmacias de Azuay, Loja, El Oro, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. También se ratificó que en ese lugar se fabricaban medicinas y, como evidencia, hallaron insumos y siete máquinas.

Solo hubo sentencia contra María T.

En la primera audiencia se sentenció únicamente a Marcelo V., pero se absolvió su esposa María T., quien si bien era la presidenta se adujo que su cargo era “de papel” porque para crear legalmente una empresa se necesitan mínimo dos socios y que el resto del tiempo lo dedicaba a su hogar y la labor social.

Sin embargo, los jueces consideraron que ella actuó por omisión porque además de firmar documentos tenía la obligación legal -cada año- de rendir un informe anual de actividades por lo que conocía a la perfección lo que ahí se ejecutaba. Además de la prisión deberá pagar una multa equivalente a 12 salarios básicos unificado.

Los jueces determinaron también que los fármacos deberán ser destruidos.

En una parte de la audiencia se leyó como prueba de descargo una declaración anterior de Marcelo V. donde adujo que las 18 toneladas las tenía para destruirlas más adelante; sin embargo, Julio Inga aseguró que eso “no tenía lógica” por la gran cantidad que estaba almacenada desde hace semanas.

Eduardo León, abogado del MSP, considera que el caso es importante porque se demostró que Mediveza tenía en su poder 18 toneladas de medicamento caducado y fabricaba medicamentos sin estar autorizado para aquello.

El caso es susceptible de un recurso extraordinario de casación en la Corte Nacional de Justicia en Quito, pero la abogada defensora de Mediveza no dio declaraciones sobre si la tomará o no. (I)