Los controles migratorios anunciados por el Gobierno nacional ya se registran desde hace varios días en Quito.

Para aquellos extranjeros que no tienen su situación regularizada en el Ecuador, se aplicarán sanciones administrativas, indicó la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Estas sanciones comprenden multas de $400 y notificaciones de “salida voluntaria”. A pesar de ello, Romo explicó que la legislación ecuatoriana prohíbe la deportación de extranjeros.

“El Código Penal ecuatoriano permite la deportación de un ciudadano extranjero que ha cometido un delito cuando este ciudadano ha sido procesado, sentenciado y ha terminado de pagar su pena en el país. En ese momento puede ser deportado”, indicó Romo este viernes, en un acto de entrega de motos a policías en Guayaquil.

La funcionaria agregó que con la reforma de la Ley de Movilidad Humana que promueve el Gobierno, se pretende que un ciudadano que haya cometido un delito en el país y sea sentenciado cumpla su condena en su nación de origen.

Refirió que se está realizando un censo a los venezolanos que se encuentran en el país.

“El Estado ecuatoriano no tiene relaciones oficiales con el régimen de (Nicolás) Maduro y eso significa que no podemos cruzar información y no podemos constatar la veracidad de los datos o incluso la autenticidad de los documentos (de ciudadanos venezolanos)”, dijo.

La ministra anunció que en los próximos días se iniciarán los controles migratorios en Guayaquil, con la participación de la Policía Nacional y agentes municipales.

Dijo que estos controles no se centrarán únicamente en la revisión de documentación, sino en el uso del espacio público.

La noche del pasado jueves, el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador manifestó su preocupación “ante las expresiones de xenofobia y discriminación en el país”.

Ante esto, Romo refirió este viernes en Ecuavisa: “La violencia y el delito afecta a todas las nacionalidades, y no se asigna a una en particular”. (I)