La última vez que los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron vistos fue el domingo 8 de diciembre de 2024. Estaban en la avenida 25 de Julio, cerca del Mall del Sur, en la ciudad portuaria de Guayaquil. Caminaban a una cancha para jugar fútbol. Según testigos, a las 8:30 de la noche fueron embarcados en el balde de una camioneta por hombres vestidos como militares.  Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.

Desaparición de cuatro niños en Guayaquil

Trece días después no se sabe dónde están los cuatro niños y adolescentes, que viven con sus familias en Las Malvinas, un sector popular de la segunda ciudad más poblada del Ecuador.

Luis Arroyo, padre de Josué e Ismael, le dijo al canal Ecuavisa que esa noche recibió una llamada en la que le dijeron que los cuatro niños estaban cerca de Taura, una zona agrícola en las afueras de Guayaquil, donde también hay una base aérea.

El hombre al otro lado del teléfono le dijo a Luis Arroyo que había encontrado a sus hijos y que fuera a recogerlos. Arroyo contó a Ecuavisa que pidió hablar con uno de ellos. Ismael, el mayor, le dijo que habían sido golpeados por militares, que los habían dejado botados, desnudos, que por favor los fueran a rescatar. El hombre que contactó a Luis Arroyo, le envió una ubicación de GPS.

Desesperada por la conversación, la familia Arroyo Bustos llamó a la Policía. Al rato, según contó Luis Arroyo, el mismo hombre lo volvió a llamar y le dijo que casi lo llevaban preso y le reclamó por haber avisado a la Policía. Le dijo, también, que la mafia se habría llevado a los cuatro jóvenes.

En otro video del 19 de diciembre de 2024, Luis Arroyo contó que la Policía fue al punto que arrojaban las coordenadas del GPS que él había recibido, pero sus hijos no estaban ahí.

“Entonces yo, desesperado, acudí a la Fiscalía a poner la denuncia por el secuestro. Me dijeron que espere, que me iban a asignar un agente de la Unase el mismo día. El agente no llegó. Recién apareció el lunes a las doce del día, le entregué las pruebas contundentes que tenía: el número de teléfono, la ubicación en tiempo real, y le indiqué que había hablado con mi hijo”.

En el mismo video, Arroyo dice que el agente de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía Nacional (Unase) que le asignaron le dijo que en cámaras del ECU 9-1-1 había constatado que los militares se habían llevado a los cuatro niños.

Arroyo también dijo que tuvo que rogarle a la fiscal del caso para que le mostrase los videos que tenía y ahí vio cómo los golpeaban y maltrataban.

“Mis hijos son estudiantes, deportistas, no tienen tatuajes, son unos chicos sanos del barrio, salieron a jugar pelota…estamos impotentes al saber que no tenemos respuestas”, dijo Luis Arroyo entre un llanto desesperado en ese video.

En otro video publicado el 20 de diciembre de 2024 aparece la madre de Josué e Ismael. Vestida con una camiseta morada y sollozando, la señora dice: “Yo no tengo más palabras para decir, estoy cansada de que la gente me pregunte qué pasó, ya no sé ni qué decir. No sé nada de ellos, no tengo comunicación con ellos. No quiero que me estén preguntando de los hijos”, dice, desconsolada.

La desaparición de cuatro niños en Guayaquil se dio en medio de un estado de excepción focalizado en siete provincias, incluida Guayas. Implica suspender algunos derechos, como la libertad de reunión, y dispone la movilización de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Desde la semana del 16 de diciembre de 2024, ciudadanos y organizaciones defensoras de Derechos Humanos compartieron las fotografías de los cuatro jóvenes denunciando desaparición forzada con el hashtag que se viralizó los siguientes días: #LosCuatroDeGuayaquilEcuador

Entre enero y noviembre de 2024, la Fiscalía recibió 9 denuncias por desaparición forzada y 15 por ejecuciones extrajudiciales, y más de 80 de tortura.

Las reacciones por la desaparición de cuatro niños en Guayaquil

El 20 de diciembre, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, dijo que junto con las familias de los niños desaparecidos presentaron una demanda de hábeas corpus.

También pidieron apoyo del grupo de trabajo de desaparición forzada de las Naciones Unidas.

“Exigimos que urgentemente se investigue este hecho como una desaparición forzada y no como un presunto secuestro. Existen evidencias suficientes para determinar una presunta participación de Fuerzas Armadas conforme lo señala el artículo 46 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”, escribió la organización en un comunicado.

elyex se contactó con el encargado de Comunicación de la Fuerzas Aéreas Ecuatorianas para tener más información sobre los militares investigados en este caso. “Como todo está en investigación, Fiscalía se encargará de determinar lo que haya que determinar”, respondió.

El 21 de diciembre, la Fiscalía dijo que el caso se trasladó de Guayaquil a Quito y estará a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza. Esta unidad fue creada en para investigar, específicamente, infracciones que se presume fueron cometidas por agentes estatales e involucren hechos como desaparición forzada, que puedan ser tipificados inicialmente de manera distinta.

Una funcionaria de la Fiscalía explicó en el chat de prensa de esta institución que, “en este contexto, cuando un caso inicia como secuestro, pero durante el desarrollo de la investigación emergen indicios claros que señalan la posible participación de agentes del Estado, el caso debe ser retipificado y trasladado al conocimiento de esta unidad especializada nacional”.

Una de las principales críticas ciudadanas y de organizaciones de defensa de Derechos Humanos fue la demora en la reacción del gobierno.

Recién la noche del 21 de diciembre de 2024, el Ministerio de Defensa publicó un video en el que se ve, en una mesa rectangular, al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, al ministro de Gobierno, José de la Gasca, al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, a la ministra del Interior, Mónica Palencia, y al Comandante General de la Policía, Víctor Hugo Zárate.

Juntos, conforman el bloque de seguridad del gobierno.

El video, de tres minutos, empieza con Loffredo quien se solidarizó con las familias e inmediatamente atribuyó la desaparición a “grupos delincuenciales”. Luego le da paso a Vela quien también deslindó a los militares de la desaparición: “Seamos enfáticos. Debido a la información que se vierte en medios y redes sociales, en donde uno de los padres afirma haber conversado con uno de sus hijos luego de intervención militar, se descarta cualquier participación de la fuerza pública en hechos posteriores a la referida intervención, y que sería causa de la desaparición”.

Ambas declaraciones parecerían ignorar no sólo la declaración de Luis Arroyo sino las evidencias que ya se han confirmado como los videos de los militares llevándose a los menores de edad en un vehículo.

Sobre los presuntos abusos de los militares a los niños en Guayaquil, Vela dijo, en respuesta a uno de los padres que le pidió ayuda para esclarecer el caso, “tenga la plena seguridad de que las Fuerzas Armadas no van a interferir en las investigaciones ni va a encubrir hecho alguno”.

Luego, Zárate intervino y dijo que han colocado todas sus “capacidades investigativas para resolver el presente caso”. Finalmente, Loffredo cerró criticando que el caso sea utilizado con intereses políticos pero, a su vez, hizo un comentario con ese tinte. Dijo que se está manejando una narrativa que pretende vincular a las Fuerzas Armadas con grupos delincuenciales para debilitar su trabajo. “Calificar desde lo político este lamentable hecho como una desaparición forzada es hacerle el juego al crimen organizado y a las mafias”, concluyó el ministro de Defensa.

La desaparición de cuatro niños en Guayaquil se da en medio de un contexto de violencia sin precedentes en el Ecuador, que cerró el con la tasa de homicidios más alta de América Latina, y donde el gobierno actual ha identificado a al menos 21 grupos de delincuencia organizada.

Estas organizaciones criminales reclutan a menores de edad, por lo general de barrios pobres, y les pagan para que sean, entre otras cosas, gatilleros.

Decenas de ciudadanos, como la activista afrodescendiente, Juana Francis Bone, han señalado que es un caso que refleja discriminación racial. “La criminalización de las infancias negras por parte del Estado ecuatoriano sigue vigente. A través de acciones sistemáticas, las vidas de niños y niñas afroecuatorianos son marcadas por la violencia, la discriminación y el abandono institucional. Este patrón refuerza el racismo”, escribió Francis Bone.

El caso ya ha sido alertado por organizaciones internacionales como Human Rights Watch. Juanita Goebertus, la directora de la división de las Américas, escribió en su cuenta de X: “Estamos sumamente preocupados por la desaparición de 4 niños en Guayaquil. Urgimos a las autoridades a esclarecer estos hechos, determinar si miembros de las fuerzas de seguridad participaron y dar a conocer el paradero de los niños”.

Este caso recuerda el de los hermanos Andrés y Santiago Restrepo, de 14 y 17 años, desaparecidos por la Policía Nacional en 1988. En enero de 2025 se cumplen 37 años de su desaparición forzada. Sus cuerpos nunca fueron encontrados.

Su padre, Pedro Restrepo, exigió justicia y respuestas al Estado todos estos años. En 2024, su hija, María Fernanda Restrepo, dijo que su padre estaba muy enfermo en el hospital y exigió al Estado que provea las condiciones necesarias para que pudiera ser trasladado a casa y ahí recibir cuidados paliativos.

El lunes 23 de diciembre a las 9:00 está convocado un plantón en las afueras de la Fiscalía de la Merced, en el centro de Guayaquil, para exigir al Estado la búsqueda de Saúl, Steven, Ismael y Josué.