Ampliación de vía Alóag – Santo Domingo vuelve a Consorcio Tsáchila, por orden de juez

Santo Domingo –

La contratación de la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag- Santo Domingo, en la jurisdicción de Santo Domingo de los Tsáchilas, continúa con litigios jurídicos.

Un juez de Santo Domingo resolvió anular la terminación del contrato con el Consorcio Tsáchila. La empresa deberá retomar los trabajos a pesar de que no hay dinero para la obra.

Dos litigios al mismo tiempo se han generado por la ampliación a la vía Alóag – Santo Domingo, las empresas Hidalgo e Hidalgo y el Consorcio Tsáchila presentaron acciones de protección por las terminaciones del contrato que se firmaron con ambas empresas para ejecutar la obra.

En agosto del 2018, el exprefecto, Geovanny Benítez, firmó un contrato por la ampliación a cuatro carriles de la vía con el Consorcio Tsáchila por el monto de $26.387.453.

El entonces prefecto realizó trámites para un crédito con el Banco de Desarrollo del Ecuador, BDE, por $30.000.000 que permita financiar la obra.

Al asumir la candidatura para la alcaldía de Santo Domingo, Benítez renunció y asumió el cargo Andrea Maldonado, quien era viceprefecta, y suspendió la contratación que firmó el exprefecto argumentando que no se cumplió con lo que establece el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Maldonado retomó la contratación y adjudicó por contratación directa a la empresa Hidalgo e Hidalgo. El BDE retiró el préstamo debido a que se entregó la obra por contratación directa y esa figura es una de las prohibiciones que tiene el crédito.

Ambas empresas presentaron acciones de protección. El Consorcio Tsáchila interpuso el proceso en Esmeraldas y fue negado, posteriormente lo hizo en Santo Domingo y se aceptó.

El juez de Garantías Penales, Ángel Pulluquitín, resolvió dar paso al pedido del Consorcio y la empresa deberá retomar la obra. Adujo que se vulneró “el derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso y derecho a la defensa”.

En el caso de la empresa Hidalgo e Hidalgo también presentó una acción de protección, debido a que la actual prefecta, Johana Núñez, dio por terminado el contrato que firmó Maldonado.

La nueva autoridad adujo que ya no se contaba con los recursos porque los retiró el BDE.

El pedido judicial fue negado y se sustentará en el ámbito administrativo. La empresa pide una indemnización de $4.800.000 por los gastos que efectuó en los primeros trabajos de ampliación.

Núñez indicó que estos litigios judiciales son una “herencia” de las anteriores administraciones, añadió que apelará lo resuelto en favor al Consorcio Tsáchila debido a que no cuenta con los $26.387.453 para la ampliación. (I)

wor...