La Asamblea Nacional resolvió encargar a la Comisión de Salud la investigación sobre la entrega irregular de carnés de discapacidad a legisladores y a sus cónyuges a partir del 2013, cuando el Ministerio de Salud asumió la competencia para el otorgamiento.

La resolución aprobada con 129 votos, incluye la convocatoria de seis funcionarios ante la comisión como al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos; del Servicio de Rentas Internas (SRI); del Servicio Nacional de Aduanas; representante del Conadis; del Registro Civil; y, del presidente del directorio del Seguro Social.

La resolución se ajustó a lo que la Comisión de Salud tenía previsto iniciar este 15 de julio con un proceso de fiscalización al otorgamiento de carnés de discapacidad, para lo cual recibirá a la directora del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), María Alejandra Muñoz, respecto a los parámetros para otorgar permisos de importación de vehículos de alta gama para personas que tienen carné de discapacidad.

La diferencia a lo aprobado por el pleno, en la noche del 14 de julio, es que la Comisión investigará a las demás autoridades del Estado, según la convocatoria.

La comisión presidida por el asambleísta, William Garzón (AP), también convocó al ministro Juan Carlos Zevallos, para que informe acerca de los motivos del otorgamiento del carné de discapacidad «a varios asambleístas, familiares de asambleístas, jueces y otros personajes». La sesión está convocada para las 08:00.

El debate en el pleno sobre los carnés de discapacidad surgió tras el escándalo de entrega de carnés a funcionarios públicos, legisladores y familiares de asambleístas. La moción para que se convoque a Zevallos al pleno, la planteó la legisladora Elizabeth Cabezas (AP), quien también fue nombrada como beneficiaria de los carnés a través de su esposo.

Los legisladores Fernando Flores (CREO) y Ángel Gende (BIN), plantearon que se integre una comisión ocasional multipartidista para que se investigue a todos los funcionarios públicos que habrían obtenido el carné de discapacidad con irregularidades para beneficiarse con la importación de vehículos de lujo sin aranceles. Esta propuesta recibió el apoyo de la legisladora, María José Carrión (antes AP); Jaime Olivo (PK); Sebastián Palacios (SUMA); y, Eddy Peñafiel (BIN), entre otros. Al término del debate se encargó esta tarea a la Comisión de Salud.

.@AsambleaEcuador encarga a la Comisión de Salud investigar entrega irregular de carnés para personas con discapacidad que involucraría a funcionarios públicos, políticos, jueces y familiares. Se convocará a 6 autoridades de sector público Vía @vicenteopipic.twitter.com/uj1xayzaCw

— El Universo (@eluniversocom) July 15, 2020

Resolución

En la resolución de diez puntos, la Asamblea Nacional expresa su solidaridad y respeto a las personas con discapacidad cuyos derechos han sido usurpados por quienes sin tener derecho legítimo y legal han usado los beneficios que otorga la Ley Orgánica de Discapacidad.

Además, exige que se apliquen las sanciones máximas a los personas responsables de la red de corrupción instaurada en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública que a la fecha se encuentran en procesos de investigación penal, servidores públicos quienes han usufructuado del otorgamiento de carnés de discapacidad sin el cumplimiento de los requisitos que la ley determina.

La resolución aprobada por unanimidad plantea la comparecencia ante la Comisión del Derecho a la Salud del Ministro de Salud para que informe sobre la obtención de los certificados o documentos que acreditan la calificación de la discapacidad y la certificación de condición discapacitante emitidos desde el año 2013 hasta la presente fecha, de manera especial los emitidos a partir del 1 de enero de 2020.

Con ello, el pleno solicitó a la Comisión del Derecho a la Salud iniciar un proceso de investigación de obtención del otorgamiento de carnés entregados a los asambleístas y sus cónyuges a partir del año 2013, fecha en el que el Ministerio de Salud asumió la competencia según la Ley Orgánica de Discapacidades.

Ante la Comisión también deberá comparecer la máxima autoridad nacional en materia tributaria, para que en el marco de sus competencias haga conocer sobre control y fiscalización de los beneficios establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades y su respectivo Reglamento, además del control de empresas importadoras de autos y patios de venta de autos desde el año 2017.

Igualmente tendrá que acudir la máxima autoridad aduanera, para que en el marco de sus competencias nos dé a conocer sobre la autorización de la importación de vehículos ortopédicos y/o adaptados; así como de los bienes, para uso exclusivo de las personas con discapacidad.

El Presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades también será llamado a la Comisión de Salud para que informe sobre el registro nacional de personas con discapacidad, con deficiencia y condición discapacitante, enviado por la autoridad sanitaria nacional; así como sobre el seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la igualdad en discapacidades.

El Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, tendrá que acudir para dar a conocer sobre el registro nacional de personas con discapacidad, con deficiencia y condición discapacitante, enviado por la autoridad sanitaria nacional, para que se incluya en la cédula de identidad la condición de discapacidad y porcentaje.

Finalmente, será llamado a la Comisión de Salud, Jorge Wated Reshuan, presidente del Consejo Directivo del IESS, para que en el marco de sus competencias nos dé a conocer sobre sus declaraciones, en las que señala que, entre los años 2018 y 2019 se detectó un incremento de solicitudes para jubilaciones adelantadas en 1.200%, con el presunto uso fraudulento de carnets de discapacidad.

Reformas constitucionales

La Asamblea Nacional en la sesión 674 bloqueó el trámite de siete reformas constitucionales que proponían desde la autosostenibilidad de las personas privadas de la libertad; la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs); el voto facultativo; reducir el número de asambleístas; hasta establecer soluciones arbitrales de controversiales en materia comercial.

Las reformas fueron planteadas por el asambleísta, Fabricio Villamar (antes CREO), y despertaron en reclamos porque algunos consideraron que es extemporánea debido a que dos temas planteados ya están siendo tramitados en la Comisión ocasional de Enmiendas como es la eliminación del Cpccs y la reducción del número de asambleístas.

Concluido el debate, se sometió la moción para que las reformas planteadas pase a consulta a la Corte Constitucional, pero solo obtuvo 51 votos de los 70 que se necesitaban; por lo tanto, se archivó la propuesta. (I)