La abogada del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito impulsó el proceso de remoción de burgomaestre.

Punto Noticias.- La Defensoría del Pueblo exhortó al alcalde de Quito, Jorge Yunda, y a las autoridades del Municipio a no ejercer acciones de intimidación, amenazas o coacción en contra de Jessica Jaramillo, abogada del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, que impulsó el proceso de remoción.

En la sesión del Concejo Metropolitano que se instaló el miércoles 2 de junio y terminó el jueves 3, Jaramillo fue la encargada de exponer los argumentos jurídicos para la remoción del alcalde.

Tras este episodio, Yunda se ha referido a ella como una exfuncionaria resentida, por lo que la Defensoría del Pueblo señaló que cuenta con información sobre ataques directos recibidos por la denunciante a través de medios de comunicación, redes sociales y cartas públicas.

El documento está firmado por la defensora subrogante, Zaida Rovira, y establece que los ataques contra Jaramillo están direccionados a su condición de mujer y exfuncionaria del Cabildo.

La Defensoría considera que los ataques contra Jaramillo tienen como objetivo restringir su accionar político ejercido en el marco del derecho de participación y control ciudadano.

Además, la entidad se refirió a la Convención Belem Do Pará y a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el fin de mencionar que la violencia simbólica ejercida en la esfera política afecta el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

El proceso impulsado por el Frente de Profesionales tuvo como resultado la remoción del burgomaestre con 14 de los 21 votos posibles por parte del Concejo Metropolitano.

Jaramillo argumentó que Yunda incurrió en dos causales de remoción establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) relacionadas con la participación ciudadana y el incumplimiento de resoluciones establecidas por el Concejo.

El caso actualmente está en manos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el alcalde presentó una consulta a la institución para que se revise si se siguió el debido proceso y los requisitos formales para su remoción. Del TCE dependerá si Yunda sigue o no en el cargo.

Fuente: Defensoría del Pueblo, El Comercio, redes sociales