La aprobación de la Ley de Integridad Pública, el pasado 24 de junio de 2025, ha marcado un giro crucial en el sistema de justicia penal juvenil del Ecuador.

Con esta nueva normativa, los menores de edad podrán enfrentar penas de hasta 15 años de prisión por delitos graves. Esta decisión, tomada en el contexto de un país golpeado por la violencia y el conflicto armado interno, declarado desde enero de 2024, exige una reflexión con instrumentos claros.

Organismos internacionales elevaron la voz. Unicef y Human Rights Watch calificaron a las reformas como regresivas y peligrosas, señalando que no protegen a los menores víctimas del reclutamiento forzado por grupos de delincuencia organizada.

“Las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional representan una grave amenaza para los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y no brindan protección a quienes son reclutados o utilizados por grupos de delincuencia organizada”, expresó Human Rights Watch.

La Constitución ecuatoriana y tratados internacionales consagran la protección especial y diferenciada de los menores. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ya había llamado a Ecuador a limitar al mínimo la privación de libertad de adolescentes y a mantener separadas sus condiciones de detención respecto de los adultos.

¿El incremento de penas y la posibilidad de que jóvenes sean juzgados como adultos resuelve la raíz del problema? ¿Qué pasa con los responsables del reclutamiento?

En Ecuador, el presidente Daniel Noboa decretó que la prevención y erradicación del reclutamiento es una prioridad nacional. A la par se creó un comité, que aún debe presentar las directrices para pasar a la práctica.

Datos oficiales revelan que el reclutamiento comienza, incluso, desde los 10 años en zonas como Guayas, Manabí y Esmeraldas. La solución, entonces, apunta a medidas estructurales, preventivas y basadas en derechos.

¿Criminalización de un fenómeno social? Las acciones efectivas podrán dar respuesta a un cuestionamiento que trascendió las fronteras del país. Entre las respuestas del Estado no deberían quedar fuera: ofrecer programas socioeducativos, acompañamiento familiar y atención en salud mental.

El denominado por expertos en Derecho como ‘populismo penal’, en medio de la inseguridad, puede parecer una respuesta rápida. ¿Pero, en la práctica, resta saber las repercusiones?

Desde el oficialismo se sostiene que se busca un Ecuador justo y seguro. Que es una normativa contra las mafias que utilizan a los menores de edad.