El Gobierno español recurrió hoy ante el Tribunal Constitucional la ley de consultas y la convocatoria del referendo soberanista del 9 de noviembre en la región de Cataluña, anunció el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

«Siempre dijimos que la consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución» y «contra los derechos de todos los españoles», y es «abiertamente contraria» a la Carta Magna, dijo Rajoy en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa después del Consejo de Ministros extraordinario que aprobó los dos recursos.

El jefe del Gobierno calificó la consulta, convocada el pasado sábado por el presidente catalán, Artur Mas, de «profundamente antidemocrática», e insistió en que no se va a celebrar, algo que «(Mas) sabía desde el principio».

«No hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna que pueda romper el principio de soberanía única e indivisible sobre la que se basa nuestra convivencia», ni «privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país», agregó Rajoy.

El jefe del Gobierno ofreció «diálogo dentro de la ley» al presidente catalán, Artur Mas, a quien recordó: «Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo».

La consulta, reiteró, va «en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España y perjudica gravemente a su bienestar».

El presidente se mostró dispuesto a reformar la Constitución, pero señaló que lo «prioritario hoy es defenderla» y que «se atienda y se cumpla lo que diga el Tribunal Constitucional», que recibió hoy los dos recursos presentados por el Gobierno.

Ahora el pleno de ese Tribunal tiene que reunirse para decidir la admisión a trámite de los recursos, lo que supondrá la inmediata paralización de la Ley de consultas, aprobada el viernes por el Parlamento catalán como soporte legal al referendo, así como del decreto de convocatoria para el 9 de noviembre firmado el sábado por Artur Mas.

Rajoy destacó que mientras él sea presidente, la ley «se va a respetar en toda su integridad» y dijo que las leyes se pueden reformar pero «por cauces democráticos».