Fernando Rosero, abogado defensor de Abdalá Bucaram, negó rotundamente que el expresidente de la República, cuya casa fue allanada esta semana, esté relacionado con los casos de corrupción por la venta con sobreprecio de insumos médicos al Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo.

Esto, pese a que en su vivienda fueron halladas cajas con miles de mascarillas y pruebas rápidas que, según la fiscal general, Diana Salazar, coincidirían con los productos investigados en el IESS.

El abogado señaló que tener mascarillas o pruebas de COVID-19 en casa no es un delito, dijo que el delito es el sobreprecio y cree que de eso la Fiscalía no tiene prueba alguna, pues aún no ha sido notificado de que su cliente sea vinculado a alguno de los dos delitos que se investigan: peculado o asociación ilícita.

Él aseguró que estos insumos eran supuestamente para regalar en zonas populares de Guayaquil y que los productos fueron exportados desde China por Eduardo Azar Azar, amigo cercano de Abdalá Bucaram y quien horas antes del allanamiento, el 3 de junio, habría llevado las cajas hasta la vivienda del expresidente, en la ciudadela Kennedy Norte.

Estos productos fueron decomisados como evidencia y trasladados en un camión hasta los patios de la Policía Judicial; sin embargo, el fiscal David Nelson en la audiencia de flagrancia solo pidió la prisión preventiva para Bucaram por un arma de fuego que se halló en el velador de su habitación junto a más de 200 cartuchos. Bucaram no presentó el respectivo permiso.

Mientras tanto, a las dos investigaciones abiertas por la Fiscalía, una por peculado y la otra por organización ilícita, sí se vinculó a seis funcionarios del hospital del IESS y a tres supuestos proveedores.

Siete de ellos recibieron prisión preventiva y fueron trasladados a la Penitenciaría, el resto obtuvo arresto domiciliario, al igual que Abdalá Bucaram por el arma de fuego.

Rosero consideró que la fiscal general actúa de forma parcial y que no estaría respetando el principio de inocencia de su defendido, pues ha hablado en varios medios sobre la supuesta relación entre Bucaram y los casos de corrupción.

Pese a estas declaraciones, el abogado Rosero asegura que no han sido notificados sobre ninguna vinculación.

El arma que lo mantuvo 20 horas aprehendido al expresidente, según él, fue un regalo de cumpleaños del general Paco Moncayo, cuando era el primer mandatario, en 1996.

Moncayo también exalcalde de Quito, dijo que no recordaba habérsela regalado, aunque tampoco lo descartó.

Sobre esa arma, por la que se le abrió una investigación que durará 30 días, Rosero aseguró que jamás habría sido usada.

Dijo que espera que los informes de Criminalística confirmen que jamás el arma ha sido percutida (disparada).

Rosero cree que el allanamiento y los comentarios en contra de su cliente y amigo responden a intereses políticos.

El defensor asegura que el Gobierno intenta crear una cortina de humo para lanzar nuevas medidas económicas y subir los combustibles.

Además cree que se realiza para dañar una futura candidatura de Bucaram en las próximas elecciones.

Otro sin vinculación

Pese a que la Fiscalía General del Estado publicó la mañana del miércoles en su cuenta de Twitter la aprehensión del exgerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Zunino, este nunca fue vinculado a ninguna de las dos investigaciones abiertas por los actos de corrupción.

Jairala Zunino es primo del exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala, y amigo de la familia Bucaram, según allegados.

La última audiencia a la que se sometió al exgerente del hospital fue en el año 2019, tras otras denuncias por supuestos actos de corrupción en la casa de salud que manejó durante un año, desde el 2018.

Los sobrecostos alcanzaban durante su gestión, según la Comisión Anticorrupción, hasta el 1088 % en cierto contrato, pero también eran del 315 % y del 98 % en otros porcentajes.

La Contraloría también mantiene abiertos procesos de investigación de su gestión. (I)