Estudiantes marcharon para pedir liberación de manifestantes detenidos

Para apoyar la audiencia de habeas corpus que se realiza a 42 estudiantes en la Corte Provincial de Pichincha, unos 50 estudiantes secundarios de Quito y padres de familia marcharon de manera pacífica.

Además, en su caminata pidieron la liberación de 53 personas detenidas hace una semana, durante una manifestación contra el gobierno que dejó 34 policías heridos.

La caminata es una «expresión de solidaridad», dijo a la AFP el presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (Fese), Mauricio Chiluisa.

Agregó que la marcha, que partió desde el parque de El Arbolito hacia la corte de justicia de Quito, fue una «acción pacífica» en la que participaron estudiantes de seis colegios y familiares de los detenidos.

«Lo que pedimos es la libertad de nuestros hijos. No pueden estar detenidos como si fueran delincuentes», expresó Silvia Recalde, madre de uno de los arrestados.

Hace una semana, sindicatos y grupos opositores de indígenas y estudiantes reunieron a miles de personas en protesta contra políticas e iniciativas del gobierno, que respondió con una nutrida concentración oficialista frente a la sede presidencial, en el centro colonial.

Las marchas fueron convocadas en rechazo a una reforma laboral, todavía en discusión, y a una enmienda constitucional para incorporar la reelección indefinida, que permitiría al presidente socialista Rafael Correa continuar en el poder después de 2017.

Los estudiantes además se oponen a una eventual alza de los pasajes de transporte.

Durante la marcha, familiares de los detenidos portaban carteles con leyendas como «Libertad para los estudiantes» y «No somos terroristas, solo jóvenes idealistas».

Ante la corte de justicia, Gonzalo Realpe, uno de los abogados de los arrestados, presentó un pedido de habeas corpus argumentando que fueron detenidos «ilegalmente» y que además sufrieron maltratos.

El ministro del Interior, José Serrano, ha anunciado medidas legales en contra de los abogados si no demuestran que sus defendidos fueron «torturados» por la Policía.