La Fiscalía indaga dos procesos por presunta filtración de exámenes de ingreso a la Universidad de Cuenca

Cuenca –

Este viernes se conocerá el fallo judicial sobre la audiencia de acción de protección interpuesta por tres bachilleres en contra de la Universidad de Cuenca por la filtración de los exámenes de admisión del Área 7 que corresponde a las carreras de Ciencias de la Salud. A la par, la Fiscalía del Azuay mantiene un proceso por el presunto delito de interceptación ilegal de datos.

Sobre el caso esta semana se han realizado dos audiencias en el Complejo Judicial del Azuay. En la realizada el lunes se calificaron las presuntas pruebas y en la segunda se tomó el testimonio de una docente de la Universidad que conformó la Comisión que investigó el hecho y se escucharon los alegatos de las partes.

En un interrogatorio que duró cerca de 30 minutos, María de Lourdes Jerves respondió bajo juramento las preguntas del abogado defensor de los jóvenes, Andrés Flores.

Cuando se le consultó: “Se pudo determinar en qué fecha fue creado este documento (el supuesto examen que circulaba en Whatsapp)”, respondió “justamente uno de los miembros de la Comisión es especialista en sistemas utilizó una aplicación donde logró determinar que este documento digital había sido creado el 29 de mayo, pasadas las 11:00”, esto es dos días antes que se lo tome a los cerca de 8.000 postulantes.

Con este y otros elementos insistió a la jueza de la Unidad Judicial de Cuenca, Ximena Tapia, que se anule el examen y se pida disculpas públicas por considerar que se vulneró el derecho a la educación.

Sin embargo la respuesta jurídica de los abogados de la Universidad fue que el caso planteado es improcedente porque no se ha identificado que la institución cayó en un acto de acción u omisión y que no se ha vulnerado ningún derecho. Además certificaron que en todo momento se mantuvo la custodia de los documentos durante las diferentes etapas.

Lo que sí rechazó enérgicamente uno de los abogados fueron las declaraciones en una radio del defensor de los jóvenes donde aseguró que hubo exámenes que se perdieron varios días antes sin una prueba, de esto no hubo respuesta en la audiencia desarrollada en la sala 109.

Un momento de la audiencia la Jueza permitió que intervenga Omar León, padre de una de las jóvenes demandadas, quien cuestionó a los abogados de la Universidad por plantear al estrado que fueron 8.000 exámenes tomados pero solo tres personas judicializaron el caso. Pidió que no se los minimice porque son más los supuestos perjudicados pero no tienen el valor de denunciarlo.

También intervino el rector, Pablo Vanegas, quien manifestó que comprende la desesperación de los padres pero también se debe dejar claro que ellos también son víctimas y que están dispuestos a que el caso llegue a la verdad recordando que ellos fueron los que colocaron la denuncia en la Fiscalía provincial para llegar a las últimas instancias legales.

Según el fiscal de Azuay, Leonardo Amoroso, en la denuncia planteada por la Universidad se incluyen inicialmente 10 nombres de presuntos beneficiarios pero estos podrían ser más o menos según lo que determine la investigación previa que por ahora tiene carácter legal de reservada. (I)