Esta tarde la jueza de la Sala Penal del Azuay, Narcisa Ramos, fue electa como la nueva presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. En la votación participaron 18 jueces, 12 la apoyaron, cinco dieron su voto a otro postulante y hubo un voto en blanco.

Ramos es la segunda mujer en ocupar este cargo desde la creación de la Corte en 1822. La primera en asumirlo fue Jenny Ochoa en el 2016.

Ramos cuenta con un amplio historial de trabajo dentro de la Función judicial. Empezó como portera amanuense del juzgado Primero de lo Penal, luego fue ayudante judicial de la Corte, secretaria relatora, jueza primero de lo penal y civil en el cantón azuayo Oña, fiscal, desde el 2008 jueza provincial de la Sala penal y a partir de diciembre quedó como Presidenta encargada.

En los dos años que durará su periodo aseguró que su bandera será “la independencia judicial” evitando que se den presiones internas o externas invitando a sus colegas para que actúen de manera imparcial.

Asimismo pedirá al Consejo de la Judicatura la restitución de cuatro jueces que desde agosto pasado se han jubilado y han sido ascendidos a Jueces de la Corte Nacional de Justicia en Quito.

Antecedente

En enero del 2016 la jueza Rosa Zhindon fue electa como la primera presidenta de la Corte Provincial de Justicia tras obtener el apoyo de 21 de 27 votos posibles. Era un hecho histórico en la provincia que fue desechado al día siguiente debido a un informe jurídico del Consejo de la Judicatura donde se recomendó realizar una primera elección, a pesar de que ya fue posesionada.

Tras esta polémica se desarrolló una elección quedando la Dra. Jenny Ochoa.

En noviembre del 2019 la jueza Jenny Ochoa recibió del Concejo Cantonal de Cuenca la presea María Ramona Cordero y León que se entrega a la mujer que se destaca en su apoyo a la equidad de género. Sobre esta decisión la Comunidad LGBTI emitió un comunicado rechazando la designación porque el 10 de septiembre de 2018 Ochoa negó el derecho a contraer un matrimonio igualitario a una persona transfemenina. Esto lo hizo en calidad de jueza de segunda instancia y según los integrantes de este colectivo fue un trato discriminatorio. (I)