Préstamos inmediatos, inversiones con altos intereses y otros servicios ofertan entidades no reconocidas legalmente.

En las redes sociales y en páginas web circulan frecuentemente anuncios de entidades financieras que actúan al margen de la ley, en Ecuador.

Préstamos de dinero, inversiones a plazo, apertura de cuentas con requisitos mínimos y hasta pago de servicios ofertan libremente esas instituciones no reconocidas por las autoridades.

Aparentan ser entidades legales y algunas de ellas hasta cuentan con oficinas en conocidos centros comerciales de Quito y de otras ciudades.

Intereses y plazos atractivos, solicitudes en línea y aprobaciones inmediatas son parte de los atractivos para enganchar a sus clientes.

Una de las publicidades hace énfasis en que si usted consta en en la central de riesgos, no es un impedimento para acceder a los beneficios crediticios.

Mientras un banco o cooperativa paga un interés anual del 6% por depósitos a plazo fijo, las financieras ilegales ofrecen el doble, es decir el 12% o más.

Pero tenga cuidado, porque su dinero puede estar en riesgo.

Al no ser instituciones autorizadas, no constan en las Superintendencias de Bancos, de Compañías, y de Economía Popular y Solidaria, ni en el Servicio de Rentas Internas.

En una reciente alerta, la Superintendencia de Bancos reveló un listado de 42 entidades prestamistas que operan ilegalmente en el país.

¿Qué dice la Superintendencia de Bancos?

La Superintendencia de Bancos no puede actuar frente a estas entidades, por no ser legales. Su competencia de control abarca únicamente a bancos privados y públicos legalmente constituidos y registrados.

Por esa razón, se limita a monitorear y emitir alertas, que son trasladadas a la Fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), según el superintendente de Bancos, Roberto Romero.

Romero señala que detrás de las operaciones de entidades financieras no autorizadas se esconden otras actividades ilegales como el lavado de activos, el narcotráfico y la minaría ilegal.

Prohibición legal

El artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero prohíbe a las personas naturales o jurídicas que no forman parte del sistema financiero nacional captar recursos de terceros o realizar, en forma habitual, las actividades financieras reservadas para las entidades que integran dicho sistema.

También les prohíbe hacer publicidad o uso de avisos, carteles, recibos, membretes, títulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio es de naturaleza financiera.

Sin embargo, nada de esto se cumple porque la publicidad y las operaciones de entidades financieras ilegales se realizan sin ninguna prohibición.

Criterio de un experto

El experto en Derecho Financiero, Fabricio Segovia, explica que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones de pena privativa de libertad de cinco a siete años por captación ilegal de dinero.

A criterio de Segovia, los controles de las autoridades son débiles, lo que facilita la proliferación de estas operaciones, detrás de las cuales se pueden esconder otras como los créditos de usura y la captación mediante pirámides.

Sostiene que sancionar a financieras ilegales no tiene complejidad, al tratarse de delitos flagrantes detectados por la Superintendencia de Bancos.

Con la información del organismo de control, la Fiscalía y la Policía pueden ejecutar acciones inmediatas como la clausura de locales y la retención de documentos, mientras se inicia una investigación previa, sostiene Segovia.

Fiscalía no se pronuncia

Radio Pichincha envió un pedido de información a la dirección de Comunicación de la Fiscalía General del Estado para conocer las acciones legales que desarrolla esa entidad en contra de las financieras que actúan al margen de la ley.

Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje no hubo una respuesta, por lo que se desconoce el número de entidades procesadas por la Fiscalía.

Mientras tanto, las financieras no autorizadas continúan operando libremente, lo único que le queda a los ciudadanos es informarse y estar alerta para no ser víctima de esas actividades ilícitas.