En las comunidades indígenas se están tomando decisiones radicales para evitar la propagación del COVID-19, como evitar compartir, que es un rasgo de su cultura.

En los límites entre Morona Santiago y Pastaza está la comunidad de San Jorge, en donde se han puesto incluso cercos para impedir que personas ajenas o vendedores de gas doméstico, agua u otros ingresen y puedan contaminar su territorio con el coronavirus.

Los más de 40 habitantes de San Jorge están en sus casas y como parte de un protocolo que se aprobó en una asamblea se resolvió que “nadie puede salir de su comunidad”, enfatizó Severino Sharupi, su dirigente.

Excepto la persona que sea designada para salir a comprar alimentos y medicinas, quien debe cumplir un protocolo, como llevar alcohol, gel y mascarilla, y vestir un buzo que le tape la cabeza. Al regreso “debe ir al río o a la llave de agua a bañarse, y cambiarse de ropa”.

“Hay temas que tienen que ver con nuestra cultura como compartir la chicha o la guayusa en un mismo recipiente, ahora será personal”, contó.

En comunidades de la Sierra las principales actividades que se han suspendido son las ferias y las mingas comunitarias.

Antonia Quinapanta, presidenta de la junta parroquial de Salasaca (Tungurahua), donde hay unos 7000 habitantes, resaltó la acogida que ha tenido el pedido de quedarse en casa. Ella les recuerda por altoparlantes que deben lavarse las manos y evitar el contacto.

Eso sí, “las mingas están suspendidas para no salir. En la mañana y tarde salimos por momentos para sacar a los animales y darles agüita”, dijo.

Ella contó que hace dos semanas retornaron tres miembros de la comunidad de un viaje al exterior. Se avisó a las autoridades, los sometieron a pruebas médicas que resultaron negativas, pero están en cuarentena. “El Consejo de Gobierno les notificó que no deben salir, si no se les aplicará la justicia indígena. Se les hizo la valoración médica y llevan dos semanas aquí sin reportar síntomas”, aclaró Quinapanta.

En Azuay, el prefecto Yaku Pérez Guartambel junto a Agrokawsay, compañía de economía mixta del Consejo Provincial, promovieron una iniciativa para la venta de una canasta popular que se entregará a domicilio y se puede pedir a través de una aplicación celular, o al número 099-281-4631.

El costo es de $15. Hasta el jueves pasado tenían previsto entregar más de 350.

El objetivo es llegar a familias de bajos recursos y aquellas que tienen trabajo informal, “que venden caramelos o cosas en las calles, con la emergencia no pueden salir y por tanto no tienen dinero para comprar comida”, dijo Pérez. “Para ellos se implementarán las canastas solidarias con recursos de la Prefectura, y también esperamos que haya apoyo del sector privado”. Estimó que podrían llegar a 30 000 canastas, dependiendo de cómo se desenvuelva la emergencia sanitaria. (I)