El proceso fue solicitado por las legisladoras Marcel Aguiñaga y Marcela Holguín, de la Revolución ciudadana.

Punto Noticias. La Comisión de Fiscalización calificó el juicio político planteado contra el ministro de Trabajo Andrés Isch, por parte de las asambleístas Marcel Aguiñaga y Marcela Holguín, con 10 votos a favor.

Las legisladoras de la Revolución Ciudadana acusan al secretario de Estado de incumplimiento de funciones, en su pedido de juicio político presentado el pasado 17 de diciembre de 2020, que fue admitido a trámite por la mesa de Fiscalización este lunes 22 de febrero de 2021.

Con esta decisión, arranca el proceso en el que los partes deberán presentar las pruebas de cargo, que demuestren que el funcionario cometió las faltas a él imputadas, y las pruebas de descargo, por parte del sometido al enjuiciamiento político.

El ministro de Trabajo está acusado, por parte de Aguiñaga y Holguín, de no cumplir sus funciones en materia de derechos laborales de los trabajadores y arrogación de funciones al interpretar la Ley Humanitaria.

Según el expediente presentado por las parlamentarias, el funcionario se negó a designar a un inspector de trabajo para que verifique si los trabajadores de las empresas Flopec EP y Explocem, que perdieron sus puestos de trabajo, a través de desvinculaciones desde enero a junio de 2020, recibieron todos los beneficios laborales.

Sostienen que en el despido de los trabajadores de Explocem, el gerente de la empresa usó la pandemia COVID-19 como pretexto y aplicó de forma falaz el artículo 169 numeral 6 del Código del Trabajo, aduciendo que se trata de fuerza mayor o caso fortuito, que permitía los despidos de trabajadores, que incluso llevaban más de 25 años de servicio, sin un centavo de indemnización.

La tercera acusación tiene relación con una supuesta atribución de funciones que no le corresponde, sobre el acuerdo expedido en julio de 2020, donde según las legisladoras la reducción emergente de la jornada establecida en la Ley de Apoyo Humanitario, por caso fortuito o fuerza mayor, estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica.

La cuarta acusación se refiere a la supuesta desprotección de las personas en condición de vulnerabilidad, en los acuerdos ministeriales 172 y 173 de septiembre de 2020, relacionados con la reducción emergente de la jornada de trabajo establecida en la Ley de Apoyo Humanitario, donde se protege a las personas vulnerables.

Otra acusación es el incumplimiento de funciones al no proporcionar acceso a la información pública al observatorio ciudadano de discapacidad, salud pública, trabajo y derechos humanos.

Le acusan también de falta de registro de la prohibición de ejercer cargo público de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, censurada y destituida del cargo el 24 de noviembre de 2020, para lo cual presentan un certificado, con fecha 2 de diciembre de 2020, emitido por el ministerio respectivo.

La séptima acusación tiene que ver con un supuesto incumplimiento de la disposición transitoria vigésima quinta de la Constitución, sobre la fijación del Salario Básico Unificado para el año 2021. Al no existir un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y empleadores, le correspondía al ministro fijar un incremento salarial, lo cual no sucedió; por lo tanto, según las acusadoras, el funcionario incumplió sus funciones porque fijó un incremento equivalen al 0,0%.