“El Gordo” era el código que usaba un funcionario ecuatoriano que supuestamente recibió sobornos de un intermediario petrolero para asegurarse contratos con Petroecuador. Así consta en una acusación de los fiscales de Estados Unidos, que se hizo pública el martes.

Javier Aguilar, mexicano de 46 años que vivía en EE. UU. y trabajaba para una intermediaria petrolera, fue acusado por los fiscales de pagar sobornos a un “funcionario ecuatoriano” para asegurarse “en particular un contrato de $300 millones para la compra de fuel oil adjudicados por una petrolera estatal”, en un supuesto esquema que habría funcionado entre 2015 y 2020.

Aunque los fiscales no señalaron a qué empresa pertenecía Aguilar, la agencia Bloomberg publicó la noticia indicando que era Vitol S.A., empresa que está registrada en la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador.

En el boletín de prensa del Departamento de Justicia, se indicó que Aguilar y sus cómplices habrían pagado alrededor de $870 mil en sobornos.

En el documento del proceso, al que tuvo acceso este Diario, se detallan los hechos, que ya son de conocimiento del Gran Jurado designado para este caso. Ahí se detalla que en septiembre de 2016, Aguilar ordenó al “Consultor 2” enviar cartas de una empresa estatal de Omán al “Gordo”, considerado “Funcionario Ecuatoriano 1”.

Alrededor del 7 de marzo de 2018, añadió el relato, un intermediario le reenvió a la cuenta mail de Aguilar que no era la de su trabajo, un correo electrónico con 39 “facturas falsas de una compañía consultora a una empresa de pantalla”. Los recibos van desde enero de 2017 a enero de 2018. El intermediario le indicó a Aguilar que “los Equatorenos” enviaban esos documentos, en referencia a dos “consultores” y le pidió que procediera.

En abril de 2018, una empresa relacionada a la intermediaria petrolera envió $750 mil desde un banco de Londres a un banco de Curazao, a nombre de la empresa de pantalla. Y entre mayo y junio de 2018, esta compañía reenvió $201 mil euros ($231 mil) y un pago de $19 mil a cuentas de la “Compañía Consultora” en Islas Caimán y Curazao. En los estados bancarios de la empresa de pantalla constan como referencia la misma numeración de facturas que fueron reenviadas a Aguilar.

Finalmente, según la acusación fiscal, en julio de 2018, el “Consultor 1” y el “Consultor 2” enviaron $225 mil desde una cuenta en Islas Caimán a una cuenta en un banco de Portugal del “Funcionario Ecuatoriano 1”. El dinero pasó por bancos de Estados Unidos.

Los cargos contra Aguilar son por violar la Ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y mover dinero en el sistema financiero estadounidense a sabiendas que era producto de una actividad ilegal. También citan violaciones al código penal ecuatoriano: sobornar a un funcionario público.

El Departamento de Justicia hizo público el martes pasado otro boletín que se relaciona con la empresa Sargeant Marine Inc., proveedora de asfalto. Y aunque en su boletín mencionan a Petroecuador, en el documento judicial no está citada la estatal petrolera ecuatoriana. EL UNIVERSO pidió una aclaración al Departamento de Justicia, pero hasta la tarde de este miércoles no se recibía respuesta. (I)