El desalojo de mineros ilegales en el sector de Pucul, dentro del cantón azuayo Ponce Enríquez, es calificado por las autoridades como la intervención más grande en los últimos tiempos en contra de esta actividad.

La fuerza pública se mantendrá en el lugar para evitar que regresen, pero también se pondrá atención en otros sectores de la provincia.

En un primer balance se neutralizó el trabajo en 75 bocaminas y se incautaron 1.000 quintales con material mineralizado, un taco de dinamita, tanques de gas, combustible, maquinarias, bombas de agua y generadores eléctricos que aún no han sido cuantificados.

Algunos elementos fueron retirados y otros se destruyeron en el lugar. Se estima que el trabajo lo realizaban algo más de 400 mineros ilegales desde hace aproximadamente un año, pero en la intervención no se detuvo a ninguno ni se iniciaron acciones legales porque cuando ingresaron los 350 policías la gente huyó del lugar y no hubo evidencias de un delito flagrante.

Según el coordinador zonal del Ministerio del Interior, Santiago Correa, el combate a la minería ilegal “es una guerra desigual y difícil”, pero que su responsabilidad como Estado es responder a cada situación y estarán en los lugares donde se necesite el desalojo.

Según el gobernador encargado de Azuay, Xavier Martínez, no existe evidencia de que algunos de los informales migraron desde Buenos Aires (Imbabura), tras el cierre de este sector. Lo que determinaron es que la gran mayoría era gente del lugar y venezolanos. (I)