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Ecuador limita la transparencia patrimonial: nuevas restricciones afectan el acceso a datos de declaración patrimonial jurada.

La transparencia patrimonial sobre quienes manejan recursos públicos presenta cambios significativos. El portal de la Contraloría General del Estado (CGE) reanudó sus servicios tras varios días de “mantenimiento” por supuestos ataques informáticos. Sin embargo, lo hizo bajo un nuevo esquema normativo que limita el acceso a datos que anteriormente fueron abiertos y detallados.
Contraloría solicita validación de identidad para realizar búsquedas.

Nuevas restricciones en el acceso a datos

A través del Acuerdo No. 011-CG-2026, el Contralor General reformó el reglamento para la presentación y registro de las declaraciones patrimoniales juradas. La medida principal establece que cualquier consulta en el sitio web institucional ahora requerirá un proceso de validación de identidad del consultante. Esto obligará al ciudadano a proporcionar su número de cédula, fecha de expedición y correo electrónico.

El fin del desglose de bienes

La reforma al artículo 14 de la normativa no solo añade un paso burocrático, sino que también reduce la calidad de la información disponible. Según el nuevo reglamento, la visualización se limitará únicamente a:

• Valores totales de activos y pasivos.
• Patrimonio neto (activos menos pasivos).
• Identificación del declarante y si es una Persona Expuesta Políticamente (PEP).

Con este cambio, se elimina la posibilidad de conocer el desglose de propiedades. Anteriormente, el sistema permitía verificar la ubicación de inmuebles, el año de adquisición y el tipo de bien (casas, terrenos o vehículos). Ahora, los documentos presentan una marca de agua con el nombre de quien consulta, dificultando la lectura y, sobre todo, impidiendo la descarga de los archivos.

Justificación oficial: seguridad y rendimiento

La Contraloría fundamentó esta reforma alegando que detectó un “alto número de conexiones externas” que provocaron una degradación en el rendimiento del servicio. Según el ente de control, el registro de los consultantes busca evitar usos indebidos de la información y proteger la “seguridad e intimidad personal o familiar” de los funcionarios.

Opacidad en tiempos críticos

Estos cambios ocurren en un momento político sensible, cuando la ciudadanía y organizaciones sociales monitorean la evolución patrimonial de ministros y aspirantes a altos cargos, como el Fiscal General de la Nación. Un caso que evidencia esta falta de detalle es la reciente declaración del ministro de Salud, Jaime Bernabé. Aunque el sistema refleja un patrimonio total de 1,7 millones de dólares, el nuevo formato impide conocer cuántas propiedades posee o dónde están ubicadas, limitándose a mostrar una cifra global en bienes inmuebles por 1,3 millones de dólares.

Disposiciones transitorias y entrada en vigencia

El acuerdo establece un plazo máximo de ocho días para que la Secretaría General y la Dirección de Tecnología publiquen el nuevo “Catálogo de Formatos” en la intranet institucional. Sin embargo, la institución no ha brindado detalles técnicos sobre los supuestos incidentes de ciberseguridad que motivaron la suspensión temporal del servicio la semana pasada.