Diana Salazar es la actual fiscal general del Estado. Fue posesionada por la Asamblea Nacional el 8 de abril de 2019. Su periodo de gestión finalizará en abril de 2025.

¿Cómo va el proceso para designar al nuevo fiscal del Estado?

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) es el encargado de designar esta autoridad, para que la Asamblea la posesione y entre en funciones, durante el periodo 2025 – 2031.

Hay tres fases para este proceso, explica el consejero Esteban Guarderas: la elaboración del reglamento para la designación, conformar la Veeduría y la Comisión Ciudadana de Selección (CCS), y la ejecución del concurso.

“Nos encontramos en pleno proceso de conformar la Veeduría y la CCS. Estamos a la mitad de la segunda fase”, menciona. Están en revisión los documentos de las personas inscritas para la Veeduría. Luego, el Pleno del Cpccs debe conocer el informe respectivo. Por lo que todavía no hay un calendario.

Guarderas evita adelantar fechas, pero señala que para integrar la CCS se debe esperar que las Funciones del Estado y la ciudadanía envíen a sus delegados y suplentes. “Estamos bien encaminados para que el concurso termine en abril, antes del fin de las funciones de la actual Fiscal. Nuestro objetivo es que no haya una prórroga de funciones”, ratifica.

Faltan alrededor de cuatro meses para que Salazar finalice su periodo; sin embargo, las decisiones que se tomen en otras instancias podrían incidir en el proceso de designación.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sustancia un juicio político en contra de Guarderas, cuyo informe final estaría listo para el 22 de diciembre. Después prosigue otro juicio en contra de la consejera Johanna Verdezoto.

Además, está pendiente que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva en última instancia la sanción en contra de los consejeros principales Augusto Verduga y Yadira Saltos, así como de los suplentes Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor. La resolución de primera instancia sancionó con destitución y pérdida de derechos políticos a los cuatro consejeros de la denominada Liga Azul, vinculada al correísmo.

Si estos procesos devienen en la salida de Guarderas, Verdezoto, Verduga y Saltos del Cpccs, “puede haber un cambio fuerte de autoridades y eso sí puede condicionar un poco el concurso”, apunta Guarderas. También, anota, está la posibilidad de que el concurso se detenga o dilate por una o más acciones de protección que interpongan los postulantes.

La prórroga automática de Salazar

El constitucionalista André Benavides invoca el artículo 283 del COFJ al señalar que si el concurso no finaliza a tiempo, se generará la prórroga automática de Salazar. “Pero tampoco es algo mandatorio” y Salazar podría decir que ejercerá funciones solo hasta el 8 de abril, explica el experto.

En ese caso, para Benavides, debería asumir el cargo el actual fiscal general subrogante, Wilson Toainga. “Pero como aquí puede pasar de todo, no le sorprenda que nombren a un fiscal encargado desde el Cpccs”. O podrían designar a quien quedó en segundo lugar en el concurso de 2019, sospecha el jurista. Merck Milko Benavides fue el segundo mejor puntuado en esa época.

Por otro lado, el constitucionalista Alexander Barahona dice que Toainga no sería opción para reemplazar a Salazar, porque tiene el mismo periodo de funciones que la Fiscal General, los seis años. Toainga fue designado como fiscal subrogante por el Cpccs transitorio el 2 de abril de 2019, un día después de la selección de Salazar. Así, solo queda que Salazar se prorrogue inmediatamente hasta que exista el titular legalmente designado por el Cpccs, mientras que Toainga puede ser fiscal encargado ante la ausencia temporal o definitiva de Salazar, refiere Barahona.

André Benavides considera que los procesos deberían continuar aún si las personas salen de sus cargos, con respecto al Cpccs. Barahona coincide, pero agrega que no solo se retrasaría el concurso de la Fiscalía, sino de los demás a cargo del Cpccs, como el del Consejo Nacional Electoral. Le suma que “se corre el riesgo de que una nueva conformación (en el Cpccs) quiera revisar actos anteriores” del concurso en marcha.

Para Mariana Yépez, exfiscal general del Estado, el concurso se podría terminar en tres meses, pero ve el riesgo de que haya impugnaciones de los candidatos en casos de descalificaciones que demoren el nombramiento. También coincide en que el escenario sería la prórroga de Salazar, pero “queda a voluntad de ella, no es una arbitrariedad”. Salazar se encuentra en los últimos meses de embarazo.

“La doctora (Salazar) está en funciones. El resto es elucubrar”, responde Toainga sobre el futuro de la titularidad de la Fiscalía.

“No me parece correcto que esperemos los resultados de las elecciones porque eso da lugar a varias suspicacias. Si gana uno de los candidatos, podría tener lugar un fiscal complaciente con ese candidato”, opina Yépez sobre Daniel Noboa y Luisa González, los presidenciables que tienen mayor porcentaje en la intención de votos, según encuestas. El sufragio de primera vuelta es el 9 de febrero de 2025 y el de la segunda vuelta el 13 de abril.

Ante el Gobierno que se elija, la Fiscalía deberá “actuar como límite contra el poder porque la Función Judicial se creó para cuando el poder político, la Asamblea o el Ejecutivo, cometan excesos”, sugiere Barahona.