Diana Salazar fiscal general del Estado
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¿Quién es Diana Salazar, fiscal general del Estado?
Salazar está a la cabeza del operativo denominado Metástasis, con el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada, incrustada en diferentes poderes del Estado.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, apareció en un video la mañana del 14 de diciembre de 2023 para explicar el operativo del caso Metástasis. Dijo que fueron 75 allanamientos en los que se detuvo a 29 personas en 7 provincias, por presunto delito de delincuencia organizada. Un operativo que conectaría a estructuras del narcotráfico con representantes de la función Judicial, y que Salazar definió como el más grande “contra la corrupción y el narcotráfico”.
El megaoperativo despertó elogios y críticas contra Diana Salazar. Quienes aplauden la valentía por intervenir en las redes del narcotráfico del país. Y quienes reclaman que investiga a su conveniencia porque, dicen, hay casos como Sinohydro —en el que estaría involucrado el ex presidente Lenín Moreno— y Encuentro —en el que se investiga corrupción dentro del gobierno de Guillermo Lasso— no han tenido la misma repercusión.
El paso de Diana Salazar por la Fiscalía
Diana Salazar Méndez es la Fiscal General de la Nación desde abril de 2019 y debería serlo hasta abril de 2025. Esto podría cambiar si es que la Asamblea Nacional no la censura antes. El 27 de noviembre de 2023, Viviana Veloz, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), presentó el pedido de juicio político contra Salazar por “sus innumerables incumplimientos a la Constitución y a la ley”.
El 7 de diciembre de 2023, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el pedido de juicio político. Ahora el pedido reposa en la Comisión de Fiscalización y Control Político, que debe o no dar paso para que el juicio político se debata en el pleno de la Asamblea Nacional.
Salazar ingresó a la Fiscalía en 2001. Tenía 20 años y hacía cuatro que había llegado a Quito de su natal Ibarra, en la provincia de Imbabura. Fue asistente de un agente fiscal en la Fiscalía de Pichincha y durante ese tiempo también estudió derecho en la Universidad Central del Ecuador. En 2006 consiguió el título de abogada de los Tribunales de la República.
Desde ese año, la carrera de Diana Salazar fue para arriba. Entre 2006 y 2011 fue Secretaria de la Fiscalía de Pichincha.
En 2011 fue nombrada agente fiscal. Cinco años después, en 2016, dirigió la Unidad de Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía, lo que la puso a la cabeza de algunas investigaciones importantes en el país.
Entre ellas estuvo FIFA Gate Ecuador, que investigó la corrupción dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol como parte de una investigación transnacional de la FIFA, y la parte ecuatoriana del Caso Odebrecht. Esta última destapó la trama de corrupción trasnacional de la constructora brasileña Odebrecht que entregó coimas en toda la región y en la que estuvieron involucrados altos funcionarios del país, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glas.
Con la primera investigación consiguió, en 2016, que el ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga Acosta, fuera sentenciado a 10 años de prisión —que en segunda instancia fue reducido a 6. La sentencia incluía también el pago de 12 millones de dólares, aproximadamente, por el delito de lavado de activos.
El proceso del caso Odebrecht terminó con la sentencia a seis años de prisión para el ex vicepresidente Jorge Glas, por asociación ilícita, en diciembre de 2017.
Glas, que estaba cumpliendo también una condena de ocho años por el delito de cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016, salió de prisión en diciembre de 2022, luego de que jueces de la Corte Nacional de Justicia declararan la nulidad del caso Singue.
A partir de su participación en la investigación fiscal del caso Odebrecht, la carrera de Diana Salazar continuó subiendo. Fue el entonces presidente del Ecuador, Lenín Moreno, en febrero de 2018, quien la nombró directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Mantuvo ese cargo hasta el 8 de abril de 2019, cuando fue posesionada como Fiscal General del Estado, por la Asamblea Nacional, luego de ganar el concurso de mérito y oposición, organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio.
Su historia académica y su experiencia como Fiscal General
Lady Diana Salazar Méndez nació el 5 de junio de 1981, en Ibarra, provincia de Imbabura. Además de estudiar leyes en la Universidad Central del Ecuador, es especialista en derecho procesal por la Universidad Tecnológica Indoamérica. Tiene, también, una maestría en derechos humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, y otra en derecho penal económico por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Esta última no se encuentra registrada en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
En noviembre de 2019 fue designada árbitra de la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, en Países Bajos.
Ese mismo año Diana Salazar participó en el concurso para escoger Fiscal General del Estado, que organizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, presidido por Julio César Trujillo, durante el gobierno de Lenín Moreno.
Diana Salazar fue la ganadora con un puntaje de 88,17 sobre 100.
Esto, como resultado de la suma de tres puntos:
- Carpeta: 49/40
- Audiencia oral: 28,17/30
- Prueba escrita: 10/20
Este último resultado le ha generado un sobrenombre por parte de quienes rechazan su trabajo llamándola “La Fiscal 10/20”. Entre ellas está el ex presidente Rafael Correa. Poco antes de que se dieran los allanamientos en el caso Metástasis, Correa se refirió a Salazar como la 10/20 y dijo que habría designado a 57 fiscales para el operativo.
Los casos más relevantes en la gestión de Diana Salazar
Más allá de los casos Odebrecht, FIFA Gate y Metástasis, hay otros procesos sonados en los que ha intervenido Diana Salazar. Entre ellos están:
Los casos más relevantes en la gestión de Diana Salazar
Más allá de los casos Odebrecht, FIFA Gate y Metástasis, hay otros procesos sonados en los que ha intervenido Diana Salazar. Entre ellos están:
Caso Sinohydro
Inicialmente llamado Ina Papers, el caso Sinohydro salpica al ex presidente Lenín Moreno. La investigación se abrió en 2019 a partir de una publicación periodística de los portales La Fuente y Periodismo de Investigación —del político y ex periodista asesinado Fernando Villavicencio— y de la denuncia de Ronny Aleaga, ex asambleísta ligado al correísmo.
En la investigación se vinculaba a la familia del entonces presidente Lenín Moreno con la empresa offshore Ina Investment Corporation, fundada en 2012 por Edwin Moreno, su hermano.
Esta firma fue constituida en Belice, un famoso paraíso fiscal, ubicado en Centroamérica. Luego circuló un portal anónimo llamado inapapers.org que sostenía que “Ina” era, en realidad, un acrónimo de las tres últimas letras que componen los nombres de las hijas de Lenín Moreno: KarINA, CristINA e IrINA.
El caso involucraba la compra de muebles para Moreno, cuando cumplía la misión de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, entre 2014 a 2016, en Ginebra, Suiza. Además de la compra de un departamento en España, para una de sus hijas.
En 2021, Diana Salazar reorganizó la investigación porque aseguró haber recibido información relevante para el caso, desde Panamá. Eso significó que en 2023 el caso cambiara de nombre ya que se descubrió una “estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, con un alcance interestatal y transnacional”.
El caso pasó a llamarse Sinohydro, por el nombre de la empresa china presuntamente involucrada en pagos irregulares para que se dé la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
En julio de 2023, la Fiscalía —que había vinculado inicialmente a 40 personas— descartó a 15 de ellas, dejando solo a 25. Lenín Moreno sigue siendo parte del proceso, que todavía se mantiene.
Caso Sobornos 2012 -2016
Este es el caso que tiene sentenciado al ex presidente Rafael Correa a ocho años de prisión por el delito de cohecho. El caso salió a la luz en abril de 2019, después de que el portal digital Mil Hojas publicara una investigación llamada ‘Receta de Arroz Verde 502’.
La publicación decía que varios ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa estaban involucrados en negociar, gestionar y recaudar dinero de aportes voluntarios al movimiento Alianza País, que entonces apadrinaba al correísmo.
La investigación del portal revelaba un correo electrónico recibido por Pamela Martínez — asesora del expresidente Rafael Correa— con un documento titulado ‘Receta de Arroz Verde 502’.
Según la investigación periodística, el remitente del correo electrónico era Geraldo Luiz Pereira de Souza, encargado de la administración y finanzas de Odebrecht en Ecuador.
Mil Hojas decía que el mail era evidencia de que varias empresas multinacionales —como Odebrecht— entregaban aportes al movimiento Alianza País.
Los aportes se habrían entregado desde noviembre de 2013 hasta febrero de 2014 cuando Correa lideraba esa organización política. Según Mil Hojas, las donaciones alcanzaron los 11,6 millones de dólares. Además de Odebrecht, otras empresas que habrían realizado aportes son: SK Engineering & Construction, Sinohydro Corporation, Grupo Azul, Telconet y China International Water & Electric Corp-CWE.
El 11 de noviembre de 2019, la fiscal general Diana Salazar presentó las evidencias contra los implicados. La Fiscal dijo que Pamela Martínez, asesora de Rafael Correa, recaudó más de 1 millón de dólares en efectivo para recibir fondos de Odebrecht y otras empresas que pagaban sobornos a cambio de contratos con el Estado.
Una de las pruebas utilizadas por la Fiscalía fue un supuesto cuaderno de Pamela a Martínez en el que anotaba presuntos montos de dinero entregados por empresas privadas.
Salazar dijo que los funcionarios públicos implicados aprovecharon sus roles para otorgar contratos del Estado y así obtener recursos “de manera irregular” de empresarios.
Meses después, en abril de 2020, un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador sentenció al ex presidente Correa y otros 15 funcionarios a ocho años de prisión por el delito de cohecho. Este delito ocurre cuando un funcionario público acepta o solicita algo a cambio de “hacer, omitir, o condicionar” actos dentro de sus funciones.
En julio de 2020, la Corte Nacional de Justicia negó un recurso de apelación que fue interpuesto por los sentenciados. Esa sentencia tampoco quedó en firme porque los procesados presentaron un recurso de casación.
Ese mismo año, en septiembre, un tribunal de la Corte ratificó la sentencia al negar el recurso de casación. Con esa ratificación, la sentencia quedó ejecutoriada. Sin embargo, Rafael Correa sigue en libertad porque está prófugo de la justicia.
Caso Encuentro
El caso Encuentro es la unión de dos investigaciones de la Fiscalía en las que estaría involucrado Danilo Carrera, cuñado del ex presidente Guillermo Lasso. El primero es conocido como León de Troya, en el que se investiga “un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública, que incluiría varias instituciones del Estado”, según la Fiscalía. Y el segundo se llama caso Encuentro, en el que la Fiscalía investiga una presunta trama de corrupción en empresas públicas.
El 31 de octubre de 2023, la Fiscalía anunció que el caso León de Troya se acumularía en la investigación del caso Encuentro —nombre que hace referencia al eslogan del gobierno de Lasso, cuando era presidente.
Según la Fiscalía, esa decisión se tomó “luego de encontrar hechos relevantes en el proceso de investigación y tras un proceso de análisis profundo”.
El caso Encuentro seguía una presunta trama de corrupción en empresas públicas. La investigación surgió a partir de revelaciones en enero de 2023 del portal de redes sociales La Posta, en una serie llamada “El Gran Padrino”, en referencia a Danilo Carrera, quien es el cuñado del ex presidente Guillermo Lasso.
La mañana del 9 de enero de 2023, La Posta hizo pública en su canal de Youtube la supuesta trama de corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso. El portal decía que pese a no tener ningún cargo en el gobierno, Lasso le habría entregado el manejo de las empresas públicas a Carrera y sería él quien decidiría qué empresas privadas podían trabajar con el Estado y cuáles no, a cambio de coimas.
En la entrega se filtraron unos audios que revelarían una supuesta red de corrupción en las empresas del Estado, como la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), entre otras.
La red involucraría a Hernán Luque, ex presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) — por delegación de Lasso — y a Leonardo Cortázar, el delator y supuesto operador de la red de corrupción en CNEL, en la que se gestionaban cargos de forma irregular.
En 2022, Cortázar también apareció en una foto en una piscina con Javier Jordán, un hombre con un largo historial delictivo que está prófugo de la justicia ecuatoriana, y con el asambleísta correísta Ronny Aleaga. En los audios se menciona a Danilo Carrera como cabeza de la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas.
El caso León de Troya empezó en mayo de 2021, días antes de que Lasso se posesionara como Presidente de la República. Ahí, la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico de Sustancias Sujetas a Fiscalización de la Policía Nacional comenzó a rastrear a una presunta organización delictiva que enviaba droga al extranjero. Operaba en Manabí y Guayas. Se abrió una investigación para esclarecer el caso.
Dentro de esa investigación, la Unidad Nacional de Investigación Contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno de la Policía hizo un informe el 15 de enero de 2022, que fue entregado a la Fiscalía.
Cuatro días después, el 19 de enero de 2022, el fiscal Rubén Darío Balda Zambrano de la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional No. 1, solicitó el archivo de la investigación previa. Lo pidió porque, según el fiscal, “no se ha logrado obtener elementos de convicción que aporten al proceso investigativo”.
El 21 de marzo de 2022, el juez Cristhian Luvin Quito “resolvió disponer el archivo” y la reserva de la investigación
Sin embargo, en febrero de 2023, se filtró un documento policial en el que se detalla el seguimiento de varias personas, que serían parte de la presunta estructura del narcotráfico, supuestamente, aliada a la mafia albanesa. Esa filtración hizo que la investigación se abriera nuevamente.
El informe mostraba el seguimiento hecho a Danilo Carrera y a Rubén Cherres, un hombre guayaquileño que presuntamente era amigo de Carrera y que habría estado vinculado en la red de corrupción de las empresas del Estado. Según los reportes policiales, Cherres tenía más de 10 empresas con Dritan Gjika, un albanés que estaría relacionado con empresas albanesas ligadas al narcotráfico.
Casi cuatro meses después de que comenzaron las acusaciones en su contra, el 31 de marzo de 2023, Cherres fue encontrado muerto en Punta Blanca, un balneario al norte de la provincia de Santa Elena. Además de Cherres, otras tres personas fueron asesinadas en ese mismo ataque.
Según la Fiscalía, en la investigación del caso León de Troya encontraron indicios de la existencia de un esquema de corrupción sistemática en la administración pública, que incluiría a entidades como BanEcuador, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y CNEL.
Por eso decidieron unirlo al caso Encuentro e investigarlo como uno solo.
La audiencia de formulación de cargos se realizó el 24 de noviembre de 2023. El juez del caso acogió parcialmente el pedido de la Fiscalía —de prisión preventiva para los ocho implicados— y dictó prisión preventiva, sustituida por arresto domiciliario, para Carrera. Y también ordenó prisión preventiva para otros cuatro involucrados, incluyendo a Hernán Luque, ex presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).
Premiada y criticada
En febrero de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos le entregó el International Anticorruption Champions Award. Este galardón fue otorgado a Salazar por su valiente actuación “al abordar estos casos [de corrupción que han] contribuido enormemente a la transparencia y al Estado de Derecho en Ecuador”, según el comunicado del Departamento de Estado.
Para los críticos y detractores de Diana Salazar, resulta problemático que en investigaciones ligadas a Lenín Moreno y a Guillermo Lasso, la Fiscalía se tome tiempo y no sea tan mediática como en el operativo Metástasis, deja en claro los intereses políticos de la fiscal.
Muchas de estas críticas vienen desde sectores cercanos al corresísmo. Los seguidores de Correa, hoy agrupados en la bancada UNES en la Asamblea Nacional, necesitan 70 votos para conseguir la destitución de Salazar.
Por ahora, todo depende del informe de la Comisión de Fiscalización —que preside Pamela Aguirre, de Revolución Ciudadana— y de cuánto se demoren en hacerlo porque antes deben resolver otros pedidos de juicio político que quedaron detenidos luego del decreto de muerte cruzada, firmado por Guillermo Lasso, en mayo pasado. Entre esos juicios políticos está uno en contra del ex ministro de Transporte, Darío Herrera, y otro en contra del ex Secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez.
