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La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria alertó que ocho de cada 10 socios de esas entidades financieras no tienen instrucción superior y son vulnerables a ser utilizados para lavar dinero.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), encargada del control de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, alertó sobre la vulnerabilidad de esas entidades financieras respecto a actividades de lavado de dinero.

Un informe de la SEPS sobre el riesgo de lavado de activos y otros delitos en el Sistema Financiero Popular y Solidario señaló que una de las principales vulnerabilidades es el nivel de educación de los socios y clientes.

El documento revela que ocho de cada 10 socios no tienen instrucción superior, lo que les hace vulnerables a ser utilizados para actividades de lavado de activos.

La falta de conocimientos financieros puede hacer que los socios sean más susceptibles a esquemas de engaño y estafas, que pueden ser utilizados para lavar dinero, siendo influenciables por terceros, quienes podrían utilizarlos para realizar transacciones de lavado de activos”, señala el documento.

Hasta diciembre de 2024, la SEPS tenía registradas 398 cooperativas de ahorro y crédito en todo el país, las cuales contaban con 6,15 millones de socios y 1,23 millones de clientes, con depósitos por USD 22.997 millones.

Los socios y clientes de estas entidades financieras registran un incremento anual del 3,6% y 10,1%, respectivamente.

El lavado de dinero en el Ecuador podría estar entre USD 2.000 y USD 3.500 millones al año, de acuerdo con estimaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de otras organizaciones internacionales.

SEPS controlará fundaciones y oenegés

El proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, enviado el pasado 29 de julio por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, propone que las fundaciones, ONG y organizaciones sociales pasen a ser controladas por la SEPS.

Uno de los objetivos de esta supervisión es justamente la prevención del lavado de activos, por lo que las organizaciones no gubernamentales deberán presentar anualmente un informe público de gestión y uso de recursos.

Sin embargo, no está claro cómo las SEPS ampliará su cobertura de control cuando el propio organismo reconoce las vulnerabilidades que existen en las cooperativas de ahorro y crédito.

En el justificativo del proyecto de ley se señala que en el país existen 71.789 organizaciones sociales, de las cuales 61.025 se consideran vigentes y están ubicadas en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí.