Contraloría de Ecuador borrará archivos secretos en solo 30 días. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.

Asamblea aprobó reforma que faculta a la Contraloría a destruir archivos secretos en un mes tras auditorías.

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 9 de junio de 2026 una normativa que faculta a la Contraloría General del Estado a destruir de forma definitiva información clasificada del Estado.

Esta disposición se incluyó mediante el artículo 20 dentro de la Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales. La ley obtuvo 87 votos a favor de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) e independientes, frente a la oposición de las bancadas de Revolución Ciudadana (RC) y Pachakutik.

Eliminación definitiva de expedientes en un mes

El cuestionado artículo 20 establece que, una vez concluidos y ejecutoriados los informes y auditorías institucionales, la autoridad de la Contraloría dispondrá la eliminación, destrucción o borrado seguro de los documentos físicos y digitales.

Estos archivos, que contengan información confidencial, reservada, secreta o secretísima, deberán ser eliminados en un plazo máximo de 30 días calendario.

La norma exceptúa a la información vinculada directamente con procesos judiciales pendientes, investigaciones penales vigentes o responsabilidades no prescritas.

La actual legislación ecuatoriana establece que la información clasificada pierde su condición de reserva en un lapso de cinco a 15 años tras su emisión.

Sin embargo, con esta nueva facultad, la documentación desaparecería de forma definitiva en un mes, limitando su revisión futura. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, en 2024 la Función Ejecutiva catalogó como reservados 1 417 documentos, concentrados mayoritariamente en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y el Ministerio de Defensa Nacional.

Ante la inminente aprobación en el pleno, Transparencia Internacional Ecuador y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo solicitaron al Gobierno que vete la disposición, advirtiendo que vulnera el derecho ciudadano de acceso a la información pública y la rendición de cuentas en el país.