Para la paz del país, su equilibrio y la generación de confianza en la justicia, los ciudadanos deben tener absoluto respeto por su máximo Tribunal de Justicia. Es esa la instancia que garantiza que ningún grupo, sector del país y gobernante esté por encima de la justicia y de la debida interpretación de la Constitución y las leyes.

La politización de nuestro sistema judicial y del principal tribunal de la nación ha generado una matriz de opinión en cuanto a la falta de imparcialidad del organismo y sobre la conducta de los magistrados aferrados a apoyar al gobierno y al chavismo.

Así se convierten en herramienta para la prolongación del poder y para someter las querellas de los opositores, empresarios y miles de ciudadanos comunes en letra muerta. Esta percepción es real y es el resultado de años de actuación militante a favor de las causas de un solo sector político del país.

Son los propios magistrados los responsables de esta situación pues ellos interpretan y dictan sentencias sobre los asuntos de su competencia. El país vio con estupor las actuaciones de los magistrados Aponte y Alvaray, quienes por complacer los designios del poder abusaron de su alta investidura. La señora Morales a su paso por la presidencia del TSJ no ocultó su simpatía y apego a la política del gobierno.

En las próximas semanas se elegirán nuevos magistrados al Tribunal Supremo. El país no debe aceptar la designación de personas que erosionen la obligación de ese tribunal superior de ceñirse exclusivamente por el imperio de la ley. Los requisitos son diáfanos para tan alta responsabilidad.

La Constitución establece en el artículo 263 que los aspirantes deben ser ciudadanos de reconocida honorabilidad y ser juristas de conocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de posgrado en materia jurídica.

Además, exige haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor titular; o ser o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente a la sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones. ¿Cuántos de los candidatos cumplen estos requisitos?

No deja de preocupar que en días pasados el señor Maduro despidiera a su ministra de Comunicaciones e informara, de paso, que ella tendría nuevas responsabilidades de Estado. ¿Serán estas responsabilidades las que aspira a alcanzar como candidata al TSJ?

Ni los requisitos exigidos ni su actuación en la vida pública parecieran ajustarse a los principios fundamentales para una equilibrada actuación como lo son la racionalidad, equidad, ética, responsabilidad, honestidad, imparcialidad, etcétera. Quizás la candidata cumpla con uno de los atributos, la lealtad, pero para su causa política, no para la nación.