El colegio de Abogados de Pichincha presentó hoy su respaldo a los abogados que intervienen en defensa de los estudiantes del colegio Mejía, detenidos el pasado 18 de septiembre, y rechazó el diferimiento de la audiencia de juzgamiento de los procesados por petición del fiscal 5 de Flagrancia, Javier Bosquez.

El vicepresidente del gremio, Ramiro García, pidió respeto para los procesados y los abogados que intervienen en el caso, porque se ha visto, añadió, que el gobierno ha acudido a figuras de amedrentamiento.

«Hemos sido objeto no solo de la crítica sino del insulto por parte del poder gubernamental, que prevalido en la posibilidad de utilizar medios públicos, pagados con nuestros recursos, se los usa para injuriar a quienes osamos pensar diferente», subrayó.

El sábado pasado, el presidente Rafael Correa pidió demandar a los abogados que llevan el caso, porque dijo que «mienten y manipulan». Y minimizó los hematomas que presentan algunos de los estudiantes detenidos en el Centro de Detención Provisional (CDP).

Este lunes, familiares de los detenidos se reunieron con los abogados para definir detalles de lo que será la audiencia de juzgamiento prevista para el jueves 2 de octubre próximo a partir de las 07:30 en la Unidad de Flagrancia de Pichincha.

Jóvenes golpeados

Gonzalo Realpe, abogado de los jóvenes detenidos, comentó que el pedido  de cuatro días más para la audiencia de juzgamiento del fiscal Bosquez responde a un cálculo porque al Estado se le ha hecho imposible ocultar que los jóvenes fueron golpeados y «ellos aún presentan hematomas, roturas en la cabeza e inclusive una extracción de uno de los dientes; y, lo que quiere el fiscal es ganar cuatro días para que a los jóvenes se les desaparezcan los hematomas».

Comentó que la defensa cuenta con el informe médico de la Cruz Roja, que supuestamente es confidencial, aunque la Ministra de Justicia Ledy Zúñiga ya lo hizo público en la última sabatina donde leyó detalles del informe sobre cuatro jóvenes, es decir, los que menos afectaciones presentan de los  53 detenidos.

Según Zúñiga, el informe de la Cruz Roja determina que ninguno de los estudiantes necesita mayor tratamiento.