Calles abiertas con huecos profundos donde no se ha logrado colocar los tubos del alcantarillado sanitario forman parte del escenario que hoy muestra La Concordia, ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.

“Es un muerto bien pesado”, dice el actual alcalde, David Álava, al referirse a esta obra, cuyo plazo señalado en el contrato vence en una semana, pero su avance llega al 40 %. “Este año no se va a terminar eso, yo pienso que el próximo año (como estaría reprogramado), pero trabajando. Si están a media llave, les coge el 2021 y no van a terminar. La comunidad está bastante preocupada porque las calles están que dan pena, pero no es cuestión de nosotros sino de la compañía”, afirma la autoridad.

El anterior alcalde, Walter Andrade (Alianza PAIS), adjudicó por $29,1 millones la construcción del alcantarillado sanitario de la ciudad al consorcio Kavi, conformado por la Empresa Pública de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam) y las compañías Condraiarsa, IsmaelWorld y Suárez Salas Constructores. Las dos últimas integran el holding del empresario de Santo Domingo de los Tsáchilas Francisco Suárez Salas, cuya constructora consta entre las contratistas que pagaron facturas para la campaña de Alianza PAIS en el caso Sobornos 2012-2016.

En las oficinas de Kavi, una secretaria dijo que el responsable de la obra no estaba y que ahí “no hay ni teléfono”.

La obra para el alcantarillado se adjudicó el 3 de octubre de 2017 y el contrato lo firmaron una semana después Walter Andrade y el procurador común del consorcio, Kenny Suárez Morales, hijo de Francisco Suárez. Según el proceso, el plazo fijado de 720 días regía desde la entrega del anticipo al consorcio, lo que se dio el 24 de octubre de 2017, según consta en el recibo del depósito de $11,6 millones del cabildo en la cuenta del Banco Internacional a nombre del Consorcio Kavi.

El exalcalde no respondió los mensajes dejados en su celular, correo o con familiares.

Mientras tanto, los retrasos por la obra provocan angustia en La Concordia. Los pobladores se desesperan porque recién en agosto se comenzó a colocar la tubería. “Los vecinos tuvimos que hacer un plantón para exigir al Municipio que la empresa haga los trabajos rápido”, dice Jipson Roca, dueño de un negocio en las calles Juan Montalvo y Primero de Mayo, donde una excavadora abrió una vía y en más de una semana no avanzaban los trabajos.

En otros barrios más alejados hay quejas porque se abrieron calles y no se ha asfaltado desde hace varios meses, ni se han colocado los tubos del alcantarillado. En el barrio El Huezaso, los vecinos reclaman porque no saben si ahí se creará una planta de tratamiento de agua. “Solo nos han dicho que en esta zona colocarán una planta y no entendemos cómo dice eso el contrato cuando esto es zona poblada”, dijo Marilina Mera.

Los trabajadores del consorcio también se quejan porque aseguran que la contratista no les paga puntualmente los sueldos. El alcalde Álava confirmó los reclamos laborales, pero aseguró que el mayor problema radica en que se dieron los anticipos sin las debidas garantías, porque el contrato se realizó mediante el sistema de régimen especial. “No podemos exigir nada, porque en el consorcio hay una empresa pública (de la Uleam)”, dijo Álava.

Un informe de la Procuraduría General del Estado concluye que el exalcalde no argumentó su decisión de contratar la obra mediante régimen especial, sistema en el que la única contratada debía ser la Uleam y no un consorcio. “Y más aún, no se nombra como procurador común del consorcio al representante legal de la empresa pública sino al de una de las empresas (privadas) del consorcio”, señala la Procuraduría y cuestiona la falta de garantías. “La Procuraduría podría demandar la nulidad del citado contrato”, advierte el informe.

Diana Morán, veedora comunitaria de la obra, comentó: “Tenemos un problema enorme con una empresa a la que no hay cómo exigirle que haga bien la obra”.

Contrato

Rubros

Alcantarillado

El contrato por $29,1 millones incluye: alcantarillado sanitario ($8,3 millones) y pluvial ($6,3 millones), y plantas de tratamiento de aguas ($4,5 millones).

Asfaltado y letrinas

La obra contempla el asfaltado de calles por $9,5 millones, el sistema eléctrico por $244 000 y $26 000 por 56 reuniones de socialización comunitaria ($464 cada una). También se incluyó la colocación de 20 letrinas portátiles por $115 341 (a un costo de $5767 cada una).

Consorcio elegido para la fiscalización, ligado a contratista

El mismo mecanismo, cuestionado por la Procuraduría, que se usó para contratar la construcción del alcantarillado en La Concordia se aplicó para elegir al consorcio Techducto como contratista fiscalizadora de la obra en octubre del 2017: se invitó a una empresa pública que justificó la elección del sistema de régimen especial (sin concurso); sin embargo, esta empresa presentó su oferta en sociedad con otra privada.

Para la fiscalización del alcantarillado, por $1,1 millones, el entonces alcalde Walter Andrade invitó a la Empresa Pública de Bienes y Servicios de la Universidad Central del Ecuador (UCE Proyectos EP), la que presentó su oferta con la compañía privada Beerseba S. A., formando el consorcio Techducto. Su procurador común, Tito Andrade, ligado a la privada Beerseba S. A., no atendió una entrevista con este Diario.

El gerente de la UCE, Francisco Ribadeneira, explicó que esta entidad tiene el 51 % del consorcio y Beerseba el 49 %.

Beerseba, integrante del consorcio fiscalizador, ha estado ligada al contratista Francisco Suárez, quien construye la obra sujeta a fiscalización.

En los registros de Beerseba consta que Suárez Salas fue su accionista hasta el 2013, año en que le traspasó su capital a Johanna Quishpe, socia actual de Beerseba y quien antes también había sido socia de la empresa Suárez Salas Constructores.

“Yo desconozco los socios de la empresa, nosotros lo que hicimos es basarnos en la seriedad contractual que debe haber siempre entre las partes”, dijo el gerente de la empresa pública de la UCE. Agregó: “Nosotros no hemos generado, si es que existiera algún conflicto de intereses”.

Ribadeneira indicó que “el consorcio actúa independiente de las personas que lo conforman”, y explicó que se ha cumplido con el trabajo de fiscalización de la obra del alcantarillado. “Este proyecto ha tenido algunos problemas por la falta de pago de planillas, lo cual obligó al constructor a suspender las actividades”, dijo.

La UCE y Beerseba han sido socias en otras obras del Estado. Juntas, en el consorcio Meditec, fiscalizaron la construcción del hospital de Chone, en Manabí, por $1,7 millones. (I)