La aplicación del juicio abreviado llevó a que 54 de los 60 procesados por participar en las protestas del pasado 18 de septiembre admitieran su participación en el delito de daños de bienes ajenos en las inmediaciones del colegio Mejía.

El procedimiento consta en el nuevo Código Integral Penal (COIP) y durante la audiencia de juicio, la jueza de Garantías Penales Daniela Mayorga, permitió que el fiscal acusador Javier Bósquez, los estudiantes, la defensa y los familiares negocien y lleguen a un acuerdo rápido para la liberación.

De los 60 procesados, 16 fueron declarados por la jueza como autores directos del delito de destrucción del bien ajeno (contemplado en el artículo 204 del COIP), cumplirán una pena de dos meses de prisión en la cárcel Nº 4 o en el Centro de Detención Provisional (CDP) y pagarán una multa de $ 60 para cubrir los daños ocasionados.

De este grupo, a uno se le suspendió la pena por enfermedad y recuperó la libertad.

Otros 38 fueron señalados por el fiscal como cómplices. Sugirió una pena de dos meses de prisión, que se emita una sentencia de culpabilidad, hacer trabajos comunitarios, no reincidir por dos años y pagar una multa de $ 60.

Por su condición de estudiantes y tras un diálogo, la jueza suspendió la pena y recuperaron la libertad ayer, pero las otras condiciones que sugirió el fiscal se mantienen.

El fiscal Bósquez, en cambio, se abstuvo de acusar a seis.

Al emitir la sentencia, Mayorga aclaró que los procesados se acogieron de manera libre y voluntaria al procedimiento abreviado “que no es otra cosa sino una pena negociada en base a la oferta mínima que el fiscal realiza al procesado”.

En la audiencia, que se efectuó ayer para el grupo de once estudiantes que inicialmente no se acogió a ese procedimiento, la jueza dijo que no se los estaba castigando por ejercer su derecho de opinar, pero lo que no está autorizado en el derecho penal es la manifestación violenta que cause los resultados de este caso.

“No se les está juzgando por ser estudiantes o por haber salido a las manifestaciones, ustedes están siendo juzgados por el delito de daño al bien ajeno y la Fiscalía ha justificado la materialidad”, afirmó Mayorga.

El abogado de los estudiantes, Julio César Sarango, dijo que los jóvenes se desesperaron ante la posibilidad de pasar más tiempo en prisión; por ello se acogieron al procedimiento y admitieron su participación en los daños, pero no su responsabilidad, pues no se probó que ellos destruyeron semáforos.

Según Sarango, a los 54 procesados se los “inmoviliza por dos años y tienen que permanecer callados”.

6 estudiantes fueron absueltos por la Jueza Mayorga.