Una instrucción fiscal de 90 días en los que la asambleísta Karina Arteaga, acusada del delito de concusión, deberá mantener arresto domiciliario con vigilancia policial permanente y uso de dispositivo electrónico, es lo que ordenó contra la legisladora, el mediodía de este viernes, el juez David Jacho, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Wilson Toainga, fiscal general subrogante, para sustentar la formulación de cargos presentó 46 elementos de convicción para acusar a la exasambleísta del Movimiento Alianza PAIS (AP), Karina Arteaga, habría exigido aportaciones indebidas a sus entonces colaboradores en el legislativo a través de terceros. Según Fiscalía, existen indicios de que Arteaga, en 2018, dijo a su personal que podían conseguir un empleo pero con un aporte de $ 40 de su remuneración mensual para AP.

Aparentemente existirían depósitos hechos en la cuenta del esposo de Karina Arteaga por aproximadamente $ 31 000. Parte de los elementos de convicción presentados son una denuncia y la versión de Andrea Utreras, informes de la UAFE, pericias de cotejamiento de voz, análisis telefónicos, informes sobre conversaciones de Whatsapp, certificaciones bancarias, entre otras.

Que es inocente la asambleísta Karina Arteaga, dijo su abogado Leonardo Rosillo, quien además cree que la Fiscalía no ha podido probar los presupuestos para la exigencia de la prisión preventiva. Para Rosillo no se ordenó prisión preventiva para su cliente porque «se ha determinado que existe una paupérrima investigación orientada a otras personas, que en el presente caso ni siquiera han sido investigadas».

Rosillo cree que ninguno de los 46 elementos de convicción planteados por el fiscal Toainga no establecen el nexo causal entre la participación de la asambleísta Arteaga, quien no asistió a la formulación de cargos, y las supuestas víctimas.

Roger Castro Coronel, abogado de una de las agraviadas, Verónica Pinargote, asegura que van a continuar en el caso hasta las últimas consecuencias y en su momento presentaron acusación particular.

«La asambleísta Karina Arteaga ha defraudado a los votantes de Manabí porque ha cometido un delito de concusión que afecta a la administración pública y en eso no claudicaremos hasta que ella vaya a parar a la cárcel», apuntó Castro Coronel, al tiempo que mencionó que el delito se habría cometido en el periodo 2017-2018 y su cliente entregó $ 2861 por un espacio de tres meses como asesora 1 de Arteaga. (I)