Una familia, dueña de un patio de autos, fue víctima de amenazas de muerte y extorsión.

Punto Noticias.- Diego Ricardo B. C. y Diego Alejandro G. V. fueron sentenciados a cuatro años de privación de libertad como autores del delito de asociación ilícita para cometer extorsión.

Bajo amenazas de atentar contra la vida de sus integrantes, una familia que es propietaria de un patio de autos, fue perjudicada económicamente por los ahora condenados.

Con la sentencia emitida por un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, las víctimas deberán recibir USD 90.000 por parte de los sentenciados como reparación económica y la multa fijada para los infractores es de once salarios básicos unificados.

Para su fallo, el Tribunal acogió las pruebas presentadas por la fiscal del caso, Claudia Romero, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

En noviembre de 2016, Diego Ricardo B. C., por contacto de una tercera persona, acudió hasta el patio de autos a proponerle a su dueño la capitalización del negocio. Después de una larga conversación, acordaron dicha inyección de liquidez por USD 100.000.

La fiscal Romero explicó que Diego Ricardo B. C., en concierto de voluntades con otras personas, hizo creer a la víctima que está en posibilidad de prestarle el dinero y que necesitaría letras de cambio como garantía de pago.

Posteriormente, Diego Ricardo B. C. apareció en el negocio de la víctima para exigirle USD 250.000, porque supuestamente al tratar de ingresar el dinero desde Colombia, “gente mala” y dedicada a negocios ilícitos le prestó USD 500.000 y fue detenido por la Policía ecuatoriana que le incautó todo el efectivo.

Como el dinero era para él, le dijo a la víctima que debía devolverle lo que le pedía, de lo contrario mataría a sus hijos.

La fiscal contó que la víctima le respondió que no era su responsabilidad la forma en que intentó trasladar ese dinero y que fue a partir de ese momento que empezaron las intimidaciones con el envío de fotografías de sus hijos, ubicaciones, mensajes de muerte en contra de ellos y amenazas de secuestro.

Ante el temor que vivía, la familia firmó cuatro letras de cambio por USD 90.000 cada una y entregaron cuatro vehículos como garantía de pago.

Diego Ricardo B. C. recibió los autos a su nombre y Diego Alejandro G. V. se encargó del cobro de una de las letras de cambio en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Mejía, a través de un procedimiento por un título ejecutivo. Como resolución de este juicio ejecutivo, una jueza dispuso que la víctima pague la letra de cambio, más intereses y honorarios del abogado.

Con este antecedente fue como empezó el proceso penal y a través de su abogado, Diego Alejandro G. V. se contactó con las víctimas para exigirles que se retracten de la acusación particular y que retiren la denuncia en contra de ellos, a cambio de no ejecutar las otras letras de cambio. Incluso, les propuso firmar un acuerdo donde conste que ya se hicieron efectivo dichos documentos.

Estos relatos de las víctimas sirvieron para que la Fiscalía sustente su acusación, los cuales concordaron con los resultados expuestos por los agentes investigadores sobre las pericias realizadas.

Sobre las otras tres letras de cambio que están en poder de los sentenciados, el Tribunal Penal dispuso que sean devueltas a las víctimas.

Fuente: Fiscalía, redes sociales